“No es de ninguna manera que frente a la publicación del convenio PRI-PAN, que está en el fondo del litigio, haya quedado estupefacto, boquiabierto y mucho menos sorprendido”
Por Jaime García Chávez
Para terminar de sepultar la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, sobra territorio en el Bolsón de Mapimí y su vastedad en la árida Coahuila. Además cuenta con tres afamados enterradores: Marko Cortés, dirigente nacional del PAN; Alejandro Moreno, síndico de la quiebra del PRI, y desde luego, el gobernador Manolo Jiménez, acusado de mentiroso.
Para evitar la inhumación, Xóchitl tiene el camino de la renuncia; sería lo más decente, ya que las cabezas de su postulación para el más elevado cargo del país, están empeñados en su fracaso, que puede ser intencional, resignado, estratégico, porque ya tiene la crónica de su muerte anunciada, o definitivamente una falta de oficio y pericia política, que para el caso es lo mismo.
El hecho frío y contundentes es el escándalo del convenio de corrupción electoral escenificado en el último bastión del PRI en el país, y para la candidata el último clavo de su ataúd; quizás por eso aparece vestida de negro en sus anuncios promocionales.
No es de ninguna manera que frente a la publicación del convenio PRI-PAN, que está en el fondo del litigio, haya quedado estupefacto, boquiabierto y mucho menos sorprendido. El escándalo tiene el mérito de ponernos bajo una lupa los hábitos partidocráticos propios de la política electoral y, hay que decirlo, suena a vida cotidiana al interior de lo que debieran ser verdaderos entes de interés público.
Al aumentar la visión del hecho, vemos que en México hay una simulación de democracia en la que reinan y dominan los acuerdos cupulares que burlan y niegan la existencia de la ciudadanía. Lo que importa en esta mascarada es el reparto del botín y tener en el demos la clientela que vota, negada de antemano en sus fortalezas esenciales y mecanismos para deslegitimar la disposición constitucional que reza que todo poder dimana del pueblo y se instituye en su beneficio.
Parece ser que en Coahuila esas son patrañas de Juan Jacobo Rousseau, baratijas de la Ilustración y demagogia del liberalismo político que orienta al código fundamental de la república, promulgado por Venustiano Carranza, ni más ni menos que paisano del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.
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Marko Cortés se asume arrobado, y exhibe su documento fundatorio en su intento de reclamo litigioso, y a última hora, cuando ya probablemente no se puede hacer nada. En la práctica le está diciendo al PRI, en particular al gobernador coahuilense: págame, ya que estás en tu posición por un acuerdo preciso para entregar, sin excepción posible que valga, ahora y en plazo perentorio, cinco distritos locales para igual número de pretendientes de una diputación, tres secretarías de Estado, varios veintes por ciento del funcionariado menor, el subsistema educativo, oficinas del Registro Civil, oficinas de Recaudación, seis notarías y hasta una magistratura en el Tribunal Superior, pasando por cargos directivos en “autónomas” universidades. Quizá a Marko Cortés y a Manolo Jiménez les quedó algo de pudor y no dispusieron en su convenio cuotas para afanadores, conserjes y choferes.
Aquí está contenido un ejemplo de cómo se considera a la administración pública como territorio de despojos, similares a los de las posguerras.
¿Qué hay en el fondo de esto?, me pregunto. En primer lugar, un cinismo desbordado y sin límites para asaltar la administración pública, pero sobre todo una rotunda negación de las y los ciudadanos. Sobra decir que así no vamos a ninguna parte que no sea la más profunda putrefacción de lo que nos queda de república, de compromiso de Estado constitucional. Valen más dos cuartillas garrapateadas y rubricadas que lo más elevado que es el imperio de los derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución. En el fondo, el absoluto ninguneo de la ciudadanía.
Volviendo al inicio de este texto, con qué cara se puede presentar Xóchitl Gálvez en Torreón o Monclova, plazas reclamadas por el PAN en el bodrio de convenio, a pedir el voto para un cambio de ruta en México. Con qué cara, si los partidos que la postulan se han comportado como facinerosos, como salteadores de caminos, como bandidos sin embozo.
Y supongamos que Xóchitl Gálvez ya esté ante los laguneros, quiénes de entre estos va a creerle, si por otra parte ella misma es producto de un convenio desesperado cuando la alianza partidaria que abandera no tuvo más remedio que escogerla al grito de que es “fresca y espontánea”. Pero seguramente signataria de otro avieso contrato, similar al que ahora se reconviene en el territorio que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, quien convocó a toda una revolución al grito de “sufragio efectivo”.
Los firmantes del convenio tienen además el descaro de afirmar y suscribir que no está ni vinculado ni condicionado al voto, es decir, a la voluntad de los ciudadanos. Si el poder público es una especie de pacto entre gobernantes y gobernados, en Coahuila se tornó en arreglo entre dos bandas de delincuentes políticos, y Xóchitl Gálvez lo sabe. Dice estar “encabronada”, pero ya veremos qué hace, porque este hecho sepulta su candidatura; o como luego dicen, de esa cama coahuilense ya no se levanta.
Venustiano Carranza, al que en el pasado la izquierda comunista tildaba de “héroe burgués”, dijo que “para servir a la patria nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va”. En su tierra misma se vino a confirmar que para la construcción democrática nunca faltan los que sobran. Que por lo demás, para ellos, cuál patria, cuál nada; queremos puestos y dietas y que suene la caja registradora.
La moraleja es que siempre será más fácil vender gelatinas que rodearse de partidarios de una ciudadanía genuina.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
