La decisión del supremo tribunal permite a los agentes de la Patrulla Fronteriza retirar el alambre de púas que colocó el Gobierno de Greg Abbott en el condado de Eagle Pass para frenar el ingreso de migrantes desde México.
Por William Melhado / Texas Tribune
Texas–La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el lunes a Texas que permita el acceso de agentes fronterizos federales a la frontera del estado con México, donde los funcionarios de Texas han desplegado kilómetros de alambre de púas.
La orden no explica las decisiones de los jueces. Por ahora, efectivamente confirma sentencias judiciales de larga data de que la Constitución otorga al gobierno federal la responsabilidad exclusiva de la seguridad fronteriza.
En octubre del año pasado, Texas demandó al gobierno federal después de que agentes de la Patrulla Fronteriza cortaran algunos de los alambres instalados a lo largo del Río Bravo, argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional destruyó la propiedad del estado e interfirió en los esfuerzos de seguridad fronteriza de Texas.
La orden 5-4 de la Corte Suprema anuló una orden judicial anterior del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos que impedía a los agentes de la Patrulla Fronteriza cortar el alambre de concertina.
En las últimas semanas, Shelby Park en Eagle Pass se ha convertido en el centro de un enfrentamiento entre Texas y el gobierno federal sobre la aplicación de la ley de inmigración. Recientemente, el gobernador Greg Abbott ha intensificado la vigilancia fronteriza alrededor del parque de 47 acres ( 19 hectáreas) rodeando el perímetro con alambre de púas y limitando el acceso al parque de la ciudad.
“La Administración Biden ha cortado repetidamente el alambre que Texas instaló para detener los cruces ilegales, abriendo las compuertas a los inmigrantes ilegales. La ausencia de alambre de púas y otras estrategias de disuasión alienta a los migrantes a realizar cruces inseguros e ilegales entre los puertos de entrada, al tiempo que hace que el trabajo de los soldados de la Guardia Nacional de Texas y del DPS (Departamento de Segurudad Pública de Texas) sea más peligroso y difícil”, dijo Andrew Mahaleris, portavoz de Abbott, en una declaración. “Este caso está en curso y el Gobernador Abbott seguirá luchando para defender la propiedad de Texas y su autoridad constitucional para asegurar la frontera”.
Desde 2021, la iniciativa Operación Estrella Solitaria de Abbott ha creado tensión entre el gobierno estatal y federal. En el marco de la operación, Abbott ha desplegado policías estatales a lo largo de mil 200 millas (casi 2 mil kilómetros) de la frontera entre Texas y México; ordenó a la policía estatal arrestar a los inmigrantes sospechosos de invasión de propiedad privada; gastó 11 millones de dólares para instalar 70 mil rollos de alambre de púas a lo largo del Río Grande; y gastó mil 500 millones de dólares en aproximadamente una docena de millas de muros fronterizos.
Mientras los migrantes intentaban atravesar el alambre, la Patrulla Fronteriza cortó partes de la barrera para ayudar a los heridos. El Fiscal General Ken Paxton presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, alegando que agentes federales habían destruido ilegalmente propiedad estatal.
Un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos con sede en Del Río se puso del lado del gobierno federal y dictaminó que los agentes de la Patrulla Fronteriza no violaron ninguna ley al cortar el cable. La oficina de Paxton apeló y un panel de jueces del Quinto Circuito detuvo el fallo hasta que el caso pasó por el proceso de apelación.
El 12 de enero, miembros de la Guardia Nacional bloquearon el acceso de los agentes fronterizos federales al Río Grande después de que tres migrantes se ahogaron mientras cruzaban el río y otros dos todavía luchaban en el agua, según un expediente judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El estado negó la versión de los hechos de la agencia federal, argumentando que los funcionarios mexicanos tenían la situación bajo control en presentaciones judiciales posteriores.
El lunes, la Corte Suprema anuló la orden del Quinto Circuito después de que la administración Biden enviara una carta de cese y desistimiento a Paxton por bloquear el acceso federal a la frontera. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett se unieron a los tres magistrados liberales del tribunal para emitir la orden.
“La orden temporal de la Corte Suprema permite a Biden continuar con su esfuerzo ilegal para ayudar a la invasión extranjera de Estados Unidos”, dijo Paxton en un comunicado. “La destrucción de las barreras fronterizas de Texas no ayudará a hacer cumplir la ley ni a mantener seguros a los ciudadanos estadounidenses. Esta lucha no ha terminado y espero defender la soberanía de nuestro estado”.
Grupos de derechos de los inmigrantes han criticado el uso que hacen los funcionarios de Texas del término “invasión” por incitar a la violencia contra los hispanos.
En una demanda separada, el presidente Joe Biden demandó a Texas por el despliegue de barreras flotantes en el Río Grande, también en Eagle Pass. En diciembre, el Quinto Circuito, en una decisión de 2-1, ordenó a Texas que eliminara la barrera. Texas ha pedido al tribunal de apelaciones que reconsidere el caso.
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Este contenido es publicado originalmente por The Texas Tribune, se retoma por La Verdad con base a sus políticas de republicación. Read this story in english.
