Por Alejandro Ruiz / La Verdad
Ciudad de México- Este 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará un paquete de reformas constitucionales para cimentar el proyecto de la Cuarta Transformación.
El presidente envía estas iniciativas en el último tramo de su periodo al frente del Ejecutivo Federal, y a unos meses de que se realice la elección del 2 de julio, la cual definirá a la nueva presidenta, o presidente, de México.
De acuerdo con las declaraciones de López Obrador, las reformas pretenden «dar marcha atrás a las reformas neoliberales» que se han aprobado en sexenios anteriores. Y, al menos, como lo ha anunciado, pretenden modificar 36 principios de la Constitución, entre los que destacan el sistema de justicia, de seguridad, de derechos sociales, pueblos indígenas e institutos autónomos.
¿Cuáles son las reformas que ese esperan, y la posibilidad de que se aprueben en este nuevo periodo legislativo? Aquí te contamos.
Reformas de pensiones y salario mínimo
Una de las reformas que el presidente enviará este 5 de febrero es elevar a rango constitucional que el salario nunca aumente por debajo de la tasa de inflación. Esta medida es para reforzar los ingresos de la clase trabajadora en México, quienes actualmente ganan 248.9 pesos diarios, por concepto de salario mínimo, y aunque este aumento significó un incremento de más del 100 por ciento respecto al último salario mínimo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, aún es insuficiente para los costos de la vida actual.
Aunado a esta iniciativa, el presidente enviará otra para modificar el Sistema de Pensiones. Esto, según anunció, es para contrarestar la reforma de 1997, cuando Ernesto Zedillo privatizó los fondos para el ahorro, disminuyó el pago de la pensión y aumentó las semanas de cotización para acceder a una jubilación.
En esta nueva iniciativa, según el presidente, la propuesta es que constitucionalmente cada trabajador se pensione con el 100 por ciento del último salario percibibido antes de su retiro.
Reforma de pueblos indígenas
Una de las reformas trascendentales que se espera sea presentada este 5 de febrero es la que replantea los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de México.
Esta reforma, planeada desde 2021, y redactada por integrantes de distintos pueblos y comunidades indígenas, estipula que el Estado mexicano debe reconocer a los pueblos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad de administrar recursos de manera directa, uno de los grandes pendientes en esta administración.
Reforma de programas sociales
Otra de las reformas que se esperan en esta nueva tanda es la que eleve a rango constitucional el otorgamiento y acceso de los programas sociales creados durante esta administración. En particular, se habla de los dos fundamentales de este sexenio: Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que además, forman parte de la estrategia nacional de prevención social del delito.
“Sembrando Vida es el primer impulso grande de agroecología en México”
Reformas al Poder Judicial, Guardia Nacional y el fentanilo
Como ya lo había intentado en el anterior periodo legislativo, el presidente López Obrador insistirá en este nuevo paquete de reformas replantear el funcionamiento del Poder Judicial, y también el mando de la Guardia Nacional.
En el primer caso, el presidente sigue con la propuesta inicial: que la elección de los ministros, jueces y magistrados sea a través del voto popular, y no por designación; además de reducir el presupuesto y fideicomisos que actualmente están vigentes en el Poder Judicial, y la creación de un tribunal especial para vigilar el proceder de sus integrantes.
Esto implicaría que los ministros que actualmente ocupan un cargo sean ratificados a través de la elección popular.
Aunado a esta reforma, el presidente volverá a enviar la reforma que el Congreso ya aprobó en septiembre de 2020: el pase total del mando de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional.
La iniciativa llega después de que en 2023 la Suprema Corte declarara inconstitucional la reforma aprobada en el Poder Legislativo bajo el argumento de que la transferencia del mando operativo y administrativo implicaba una violación al artículo 21 constitucional.
Además de estas reformas, el presidente anunció una nueva iniciativa durante los últimos días: prohibir el uso de drogas químicas en México, entre ellas el fentanilo y el uso de vapeadores. Esto, tal vez, como un punto de seguimiento de las reuniones y acuerdos que el gobierno mexicano ha sostenido con los Estados Unidos.
La cruzada contra los organismos autónomos y el plan C de la reforma electoral
En esta nueva ola de iniciativas de reforma, el presidente cumplirá una promesa que ha cobrado fuerza en los últimos días: la desaparición de algunos organismos autónomos como el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
En su propuesta, y después de varias críticas, el presidente dijo que omitirá la desaparición del INE y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, el presidente afirmó que sí enviará el famoso Plan C de la reforma electoral, la cual pretende modificar la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de la reducción de presupuesto a partidos políticos, la desaparición de algunos organismos operativos al interior del INE y la reducción al 30 por ciento de la participación ciudadana para hacer válida cualquier consulta popular en el futuro.
Aunado a estas propuestas, el presidente también enviará una iniciativa para prohibir a nivel nacional el maltrato animal, esto, en el contexto de las protestas contra las corridas de toros en la Ciudad de México.
¿Qué oportunidad hay de que estas iniciativas pasen?
Para que estas reformas pasen, en las cámaras de senadores y diputados, las iniciativas deben ser aprobadas con la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los votos en total.
Actualmente, la coalición oficialista (Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo) no cuentan con este número de curules, por lo que tendrán que negociar con las bancadas de oposición, divididas después de la salida de Movimiento Ciudadano del autodenominado «bloque de contención».
Para esto, la estrategia que ha anunciado Morena en las últimas semanas es el llamado a su militancia de votar todas las fórmulas legislativas en los estados para alcanzar la mayoría calificada. Esto, posibilitaría que, en caso de que las iniciativas sean rechazadas en esta legislatura, en septiembre, con un Congreso renovado, puedan salir estas reformas antes de que se acabe el sexenio de López Obrador.
Aunado a esto, durante la última semana, los dirigentes del PAN, PRI y PRD han adelantado que contemplan la aprobación de algunas reformas.
Por ejemplo, respecto a los programas sociales, la candidata de la alianza opositoria, Xóchitl Gálvez, ha manifetado que, de llegar al poder, no eliminaría estas prerrogativas estatales. Su discurso, fue secundado por la dirigencia de Acción Nacional, quienes adelantaron que apoyarán todas las iniciativas que beneficien a la población, pero que rechazarán todas las que tengan que ver con la reducción o desaparición de los organismos autónomos.
El PRI también ha hablado al respecto, y dijo que está a favor de la reforma al sistema de pensiones, y se ha pronunciado, junto a Movimiento Ciudadano, para la reducción de la jornada laboral a 40 horas, un punto que sigue atorado en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el PRD se pronunció a favor de la reforma que estabiliza el salario mínimo por encima de la inflación.
No obstante, aunque las iniciativas se aprueben en el Poder Legislativo, la tendencia de los últimos meses ha mostrado que el Poder Judicial puede interferir en la aprobación de éstas, pue apenas hace unos días desecharon la Reforma Eléctrica, aprobada en marzo de 2021.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
