En un diagnóstico hecho por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se evidencian una serie de fallas estructurales en la impartición de justicia para mujeres indígenas y luego su internamiento en centros penitenciarios de la entidad.
Por Jaime Armendáriz / Raíchali
Julia es una mujer indígena que lleva 8 años en una prisión de Chihuahua por haber matado a un hombre que intentó violarla. Trabajaban en el mismo lugar y él la acosó en varias ocasiones.
Esa no fue la única vez que Julia vivió violencia. A sus 13 años otro hombre la violentó. Estaban casados y quedó embarazada, pero lo dejó por sufrir violencia sexual.
Así como ella, hay por lo menos otras 7 mujeres indígenas en el centro penitenciario número 1 del estado, ubicado en Aquiles Serdán, y una más en el Cereso número 2, localizado en ciudad Juárez, pero podría haber más.
En un diagnóstico sobre mujeres en centros penitenciarios, realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), este organismo especifica que las mujeres indígenas dijeron desconocer que se trata de un hecho ilícito aquello por lo que fueron detenidas.
Por ejemplo, en su mayoría, cometieron delito en defensa propia tras sufrir algún tipo de violencia de género (física, psicológica o sexual) durante diferentes etapas de su vida y por parte de distintas personas; o realizaron alguna acción que vivieron en su entorno familiar durante su niñez.
Esto quiere decir que no hubo una visión desde lo cultural al momento de aplicar justicia en la entidad a mujeres de comunidades, establece la CEDH. A ello se le suman las barreras lingüísticas para hacer efectivo un proceso adecuado para esas mujeres, especialmente por la falta de personas intérpretes y/o traductoras en los procesos penales.
Entre los testimonios recabados por la comisión derechohumanista par su diagnóstico, está el de Ana, mujer indígena sentenciada a 11 años de prisión como cómplice en el delito de abuso sexual contra su hija.
“La historia de violencia se repitió en su familia debido a que ella también fue abusada sexualmente durante su niñez, y hasta su detención, desconocía que se trataba de un delito. Luego de 3 años interna, declaró que desea redimir la situación con su hija, a quien desea hacerle saber que no está sola”, dice el documento, publicado en enero de este año.
En el diagnóstico la CEDH advierte la posibilidad del registro irregular de las mujeres indígenas que son internadas en prisión, ya que no en todos los casos se establece la pertenencia a pueblos originarios.
En México, de conformidad con las cifras de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta agosto de 2022, la población indígena y afrodescendiente en los centros de reinserción social del país, era de 7 mil 671 personas, de las cuales 255 eran mujeres y 7 mil 416 hombres.
Específicamente en Chihuahua, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, hay 8 mujeres detectadas como de pueblos originarios, recluídas por delitos como robo agravado, abuso sexual, homicidio en grado de tentativa y homicidio. Son de Chihuahua, Urique y Guerrero, y tienen parcial o totalmente la comunicación con sus familiares.
Estela, por ejemplo, es una mujer indígena, y en su testimonio dado para el diagnóstico dijo no comprender bien cómo fue procesada y no sabe cuándo podrá salir porque ya no la visita ninguna persona defensora.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no existe uniformidad en los criterios utilizados para su identificación. En algunos lugares, las mujeres indígenas privadas de la libertad deben declararlo, mientras que en otros, el personal penitenciario discierne en función de su idioma.
Al respecto, la CEDH urge a tener mecanismos claros para el registro de quienes ingresan a los penales, así como asegurar asistencia jurídica que incluya personal especializado en el trabajo con comunidades indígenas, para dar asesoría adecuada y culturalmente informada.
También considera la necesidad de crear un centro penitenciario en la región de la Sierra Tarahumara para propiciar el contacto de las mujeres de comunidades con sus familias o personas cercanas.
Estigma y prejuicios
Ese tipo de panoramas y vivencias violentas son una constante en contra de mujeres, no sólo indígenas, sino en general de las que se encuentran recluidas en centros penitenciarios. Son también estigmatizadas socialmente y viven una cascada de consecuencias negativas a partir de estar privadas de la libertad.
En las conclusiones hechas por la CEDH en su diagnóstico, el estigma y los prejuicios obstaculizan examinar la reclusión desde una perspectiva más amplia, que revela una serie de condiciones y situaciones que colocan a todas las personas en estado de vulnerabilidad.
Además que, en caso concreto de las mujeres, prevalecen en su contra una estructura machista, con la prevalencia de estereotipos sexistas y una segregación histórica, con una tolerancia desde lo social y lo institucional.
Por ejemplo, existen aquellas privadas de su libertad a consecuencia de su relación sentimental, ya sea que, bajo dependencia emocional, manipulación o amenazas, aceptan realizar un acto delictivo o incluso son engañadas para conseguir dicha participación.
En estos casos, se da con frecuencia que son arrestadas junto a su pareja, pero durante los procesos judiciales, existe la posibilidad de que el hombre culpe a la mujer y sólo ella reciba una sentencia de prisión, precisa la CEDH.
También hay mujeres con esposos o parejas privadas de la libertad, cuya relación de control y sometimiento son los factores para convencerlas de introducir sustancias prohibidas en los centros de reclusión donde ellos se encuentran, y al final, ocasionan sentencias para ellas.
Una situación similar ocurre en casos de trata y secuestro, que llegan a ser juzgadas como victimarias cuando puede que ellas sean en realidad víctimas; o aquellas que se defienden de violencia y deriva en la muerte de la otra persona, sin juzgarse con un enfoque para identificar las desigualdades o el contexto de violencia previa.
En Juárez, el espacio para mujeres ya rebasa su capacidad
El cereso número 2 de Ciudad Juárez tiene una capacidad para 275 mujeres, pero en julio del 2023, cuando acudió personal de la CEDH, había 293 mujeres. De esas, el 41 por ciento presenta al menos una condición de vulnerabilidad, y en total viven 10 niñas y niños con sus madres en ese centro penitenciario.
De esas internas, el 24 por ciento está encarcelada por delitos contra la salud, un 19 por ciento por portación de arma de fuego, y un 18 por ciento por homicidio, el resto tiene que ver con otros delitos.
Las actividades remuneradas que se gestionan a través de recursos públicos del Gobierno Estatal o proyectos externos incluyen: el comercio penitenciario, la cocina, las brigadas de limpieza y tres proyectos empresariales: “Jabil”, “Proyecto Mujer” y uno más de tipo textil.
Los salarios oscilan entre 76 y mil 500 pesos por semana, y en total se contabilizaron 106 mujeres empleadas en estas labores.
En tanto, otras de las mujeres se dedican a actividades de autoempleo, como la creación de manualidades, cuadros al óleo o tapetes decorativos, que comercializan durante las visitas familiares o a través de personas cercanas para ser vendidas en el exterior.
Sobre la infraestructura del centro, la mayoría residen en 2 módulos del cereso, con celdas que varían de tamaño, alojando desde 5 hasta 6 personas.
En el caso del centro de Aquiles Serdán, está por abajo de su capacidad, al tener capacidad para albergar a 229 mujeres y tener 181 internas. De ellas, el 24 por ciento se relaciona con delitos de homicidio, un 17 con robo, y un 13 por ciento con delitos contra la salud.
Las celdas en este Cereso permite alojar entre 4 hasta 6 p1ersonas. Además se tiene un espacio destinado a mujeres mayores de 60 años de edad o con alguna discapacidad, el cual dispone de más de 20 camas.
as actividades remuneradas incluyen comercio penitenciario, la cocina, las brigadas de limpieza y la biblioteca. Asimismo, se dispone de una colaboración externa para realizar trabajos de costura. Los salarios oscilan entre 75 y 430 pesos por semana, y en total se contabilizaron 51 mujeres empleadas en estas labores. Otras 113 mujeres en situación de reclusión se dedican a actividades de autoempleo.
En 80 % sufrió algún tipo de violencia en su vida
En los datos del diagnóstico hecho por la CEDH, actualizados a marzo del 2023, hay 474 mujeres privadas de la libertad entre los ceresos #1, ubicado en Aquiles Serdán, y el #2, en ciudad Juárez. En esos dos centros se enfocó el estudio. Ahí se revisaron las condiciones de por lo menos 213 internas, más la aplicación de 148 encuestas y 35 entrevistas.
Del total de las internas, la mayoría se encuentra entre los 18 y 39 años de edad, y el 40 por ciento está considerada bajo una condición de vulnerabilidad, ya sea por ser indígenas, por estar embarazadas, tener algún padecimiento mental y necesitar tratamiento.
O también por ener más de 60 años, contar con alguna discapacidad o ser personas LGBTTTIQ+ (lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales y queer, el signo + significa la suma de nuevas comunidades y disidencias).
De las mujeres entrevistadas o a las cuales se les aplicó un cuestionario, el 80 por ciento reconoció haber experimentado algún tipo de violencia durante su vida.
El caso de Julia, mencionado al inicio de esta nota, es uno de esos. En su testimonio, recabado por personal de la CEDH en el Cereso de Aquiles Serdán, la mujer indígena dijo que a los 13 años, tras quedar embarazada, perdió al bebé, “se me pasó el parto y me lo sacaron”.
Luego tuvo que dejar a su pareja por violento. Tenía que protegerse para no ser atacada sexualmente. “Me ponía un cinto bien apretado, así no podían bajarme el pantalón fácilmente”. Actualmente, lleva interna ocho años por asesinar a un hombre que intentó violarla en un trabajo que tuvo. Con el paso del tiempo su familia dejó de visitarla.
Otro de los testimonios es el de Brenda, sentenciada por el homicidio de quien era su esposo. Él intentó asesinarla, pero ella se defendió con un objeto que tenía a la mano, golpeó a su esposo y éste murió casi al instante. Fue detenida cuando pidió ayuda. Señala que ya había hecho denuncias de violencia ante las autoridades municipales, sin embargo no recibió el apoyo apropiado. Cuando fue detenida se declaró culpable.
En este sentido, la CEDH resalta que algunas mujeres, aunque presuntamente inocentes, aceptaron, por consejo o decisión propia, declararse culpables y seguir un procedimiento abreviado. Tenían una mayor probabilidad de obtener una resolución “favorable”, es decir, una sentencia mínima en comparación con la que podrían obtener en un juicio oral.
Reordenamiento, una de las principales preocupaciones
En las conclusiones hechas por la CEDH en su diagnóstico, se subraya la necesidad de revisar la distribución del personal operativo entre los 2 ceresos femeniles y ajustar la plantilla de acuerdo a la población penitenciaria, así como generar un sistema de capacitación que aborde la gestión, operación y seguridad de los centros desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad.
También considera que debe implementarse tecnología para medidas de seguridad y vigilancia, así como una reubicación del cereso número 2, de ciudad Juárez, por la sobrepoblación que hay.
“Esta medida se justifica y se considera urgente por varias razones. En primer lugar, para mitigar el problema actual de sobrepoblación en dichos centros, lo cual, a su vez, reduciría el riesgo de hacinamiento en el Cereso femenil y disminuiría el que se presenta en el varonil”.
Y otra causa, precisa la comisión, es ante la información pública sobre el proyecto de reubicación del Cereso varonil, lo que sugiere una coherencia y continuidad en las políticas de manejo del sistema penitenciario.
Por otro lado llama a modificar la infraestructura interior o considerar la ampliación de los ceresos femeniles, teniendo en cuenta los principios de perspectiva de género e interés superior de la niñez.
Lo anterior para tener alimentos en un ambiente que cumpla con las condiciones óptimas de espacio, higiene y tiempo, sin que exista premura; contar con áreas suficientes y adaptadas para el desenvolvimiento favorable de la visita familiar; y permitir más actividades en los talleres y actividades recreativas que incluyan a las mujeres sin importar su edad o si tienen alguna discapacidad o condición de salud física o mental.
De igual forma la CEDH planteó que se generen alianzas con instituciones académicas estatales o nacionales para ofrecer programas educativos en línea, incluyendo carreras técnicas, licenciaturas y maestrías para las mujeres privadas de la libertad.
Asimismo contar con un registro preciso de las enfermedades mentales al momento de su ingreso para facilitar el tratamiento o medicamento, e identificar las adicciones o situaciones de violencia previa que pueden incidir en su salud mental.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
