La estrategia contra las adicciones, esfuerzos insostenibles
martes, febrero 20, 2024
Ciudad Juárez sigue careciendo de centros de tratamiento de adicciones públicos. Los centros de atención primaria de gobierno son insuficientes, no se adecúan a las necesidades de la problemática y no han demostrado evidencia de resultados positivos. Los centros privados asumen responsabilidades que le corresponden al Estado, sin recursos del Estado
Por Diana Chavarri
Nuestra frontera convulsiona ante problemáticas sumamente complejas de abordar: adicciones, tráfico de drogas y armas, trata de personas, violencias y delitos de todo tipo.
Aunque existen documentos que las explican con rigor metodológico, resulta abrumador tratar de entender las dimensiones de esas problemáticas y sus causas, detonantes y catalizadores. Complejo resulta también comprender, para la ciudadanía, la responsabilidad que le corresponde a cada institución que compone al aparato de gobierno.
Durante años ha existido un debate en torno a las adicciones. Hay quienes dicen que es un problema de seguridad y que corresponde al aparato de seguridad y justicia prevenir, contener (y encarcelar). Otros opinan que es un problema de salud, y que la prevención y atención deben recaer en las instituciones de ese sector. En mi opinión, es un problema de salud pública con implicaciones directas (y serias) en seguridad; y voy más allá: las implicaciones incluso alcanzan al sistema educativo y las dinámicas comunitarias, familiares e individuales, y por tanto, su abordaje debe ser integral.
Hubo un período en el que Ciudad Juárez vivió algo extraordinario que, para mí, cuando fungía como directora ejecutiva de Ficosec zona norte, fue una inyección de energía e impulso: los tres niveles de gobierno, los tres poderes, la sociedad civil y la academia nos despojamos de nuestros egos e invertimos tiempo y talento en incansables sesiones de análisis y planeación que resultaron en lo que llamamos la “estrategia piloto de prevención, control y atención de adicciones”. Muchas de las voces fueron escuchadas. El impacto colectivo de esa dinámica de trabajo fue para mi digno de ser documentado y difundido.
Para entonces, el empresariado ya invertía importantes recursos, a través de su vehículo financiero Ficosec, en el fortalecimiento de las capacidades e infraestructura de los centros privados de atención a las adicciones, en preparar y certificar consejeros terapéuticos, en viajes de aprendizaje especializados a tribunales de drogas en Estados Unidos, en la generación de conocimiento a través de la encuesta estatal de adicciones y la publicación del libro “La Comunidad Terapéutica: una metodología para el cambio en el tratamiento a las adicciones”, escrito por el maestro Simón Tavera. También tenía asignado personal valioso para la vinculación interinstitucional en este tema y para la facilitación de acuerdos y protocolos entre las instituciones de seguridad, justicia, salud y educación en la jurisdicción local. El potencial de Ficosec estaba viéndose materializado en esa estrategia.
El plan piloto en mención fue presentado por una comisión plural representativa de los actores locales a los líderes de los tres poderes y niveles de gobierno. Tuvimos impacto, o al menos eso creímos. Hubo el compromiso de usar el modelo propuesto como un piloto nacional y de invertir importantes recursos para ser efectivos.
Pasados los meses, la iniciativa se desvirtuó, el espacio se politizó, los recursos no se asignaron o fueron insuficientes, la operacionalización de la estrategia falló, el liderazgo se diluyó, la voluntad se enfrió y el tema migratorio ocupó la agenda. Quedaron acciones aisladas, lejos de lo que ese grupo de entusiasmados visionarios, en nuestra utopía, construimos con tanto ahínco.
Ciudad Juárez sigue careciendo de centros de tratamiento de adicciones públicos. Los centros de atención primaria de gobierno son insuficientes, no se adecúan a las necesidades de la problemática y no han demostrado evidencia de resultados positivos. Los centros privados asumen responsabilidades que le corresponden al Estado, sin recursos del Estado; más que fomento, existe fiscalización y desconfianza. Las escuelas siguen sin abordar con solidez programas permanentes de prevención y atención informados en evidencia. El acceso a oportunidades y servicios comunitarios son insuficientes y siguen desconectados de quienes usan sustancias psicoactivas en tratamiento. Las intervenciones no se han evaluado, ni renovado.
Las instituciones de seguridad y justicia están sobresaturadas. La tan deseada justicia terapéutica no se materializa en las audiencias concentradas del tribunal de narcomenudeo que nace como un mecanismo visionario a la luz de la estrategia y que ha sido bueno para despresurizar miles de carpetas mensuales que Fiscalía judicializa, pero, en mi opinión, está lejos aún de ser efectivo en acercar las condiciones adecuadas para la deshabituación a las drogas y la incorporación positiva al sistema social y productivo. Ese tribunal necesita urgentemente que el sector salud asuma una responsabilidad tan grande como el tamaño del problema.
Parecería que hay una aversión en nuestros sistemas (salud, educativo, social, de justicia) a ejercer su mandato en torno a las adicciones. Las capacidades de la sociedad civil que ha decidido participar en el tema son ínfimamente limitadas. ¿Y el negocio? El negocio es global, altamente lucrativo, perfectamente organizado y tiene un amplio ejército de operadores.
Si bien no fue sostenible por una variedad de factores, la experiencia que describo nos demostró el potencial que tiene el poder del impacto colectivo, la capacidad de entender, imaginar y diseñar un mejor contexto para la promoción de los derechos de las personas que abusan de sustancias psicoactivas y que es posible innovar y avanzar aún y cuando falte mucho por hacer. Y eso, a mí, me hace seguir creyendo en las posibilidades humanas.
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Diana E. Chávarri Cazaurang. Profesional que se ha desempeñado durante trece años como fundadora, consejera, directora y voluntaria de diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas especializadas en seguridad, justicia, empleabilidad de jóvenes en situación de riesgo, salud, desarrollo local, filantropía estratégica y fortalecimiento del tercer sector.
