La Auditoria Superior de la Federación identificó irregularidades en gastos del Instituto Nacional de migración por 84.72 millones de pesos, los cuales corresponden a contratos para la instalación de albergues, mantenimiento de instalaciones y servicios de vigilancia
Por Tamara Mares / Animal Político
Con el pretexto de seguridad nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) adjudicó contratos por 84 millones 721 mil 793.89 de pesos a empresas para la instalación de albergues, mantenimiento de instalaciones y servicios de vigilancia, pese a que dichas corporaciones no contaban con el personal necesario o los insumos para prestar los servicios.
Según el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la autoridad migratoria contrató a las empresas Grupo Caufi, SA de CV para la instalación de albergues y puntos de revisión migratoria; Grupo de Seguridad Privada Camsa SA de CV para prestar servicios de vigilancia; Constructora Mayrán de San Pedro, SA de CV para la conservación y mantenimiento de estaciones migratorias; Casanova Vallejo SA de CV para el arrendamiento de vehículos; y servicios de limpieza por parte de Asbiin SA de CV.
En el caso de las primeras cuatro empresas, el INM realizó adjudicaciones directas bajo el argumento de preservar la seguridad del INM, hecho que en ninguno de los casos fue acreditado ante la ASF.
¿Qué empresas contrató el INM?
Una de las empresas contratadas es Grupo Caufi, que cuenta con un amplio portafolio de objetivos sociales que van desde la planeación y ejecución de eventos sociales, políticos y culturales; hasta la fabricación y almacenaje de “toda clase de mercancías que existan en los mercados tanto nacional como internacional y que estén permitidas por la ley”.
Estas son las irregularidades de las empresas
La ASF constató que Grupo Caufi sólo tenía dados de alta entre 5 y 11 empleados ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) por lo que no contaba con los empleados necesarios para prestar los servicios solicitados. De hecho, el INM nunca constató las condiciones en las que la empresa estaba.
Derivado de las irregularidades en la contratación, la ASF solicitó al Servicio de Administración Tributaria que se auditara a Grupo Caufi para verificar que sí cumpla con sus obligaciones fiscales; y determinó que aunque las observaciones estaban parcialmente solventadas, se había registrado un probable daño al erario por el monto de 42 millones 595 mil 465.64 pesos.
Con respecto a los servicios de Grupo de Seguridad Privada Camsa, contratados en 23 estados por un monto total de 151 millones 439 mil 400 pesos, en la adjudicación directa también se argumentó que “un procedimiento de Licitación Pública implicaría la exposición de información significativa relacionada con la seguridad nacional”.
Sin embargo, la entidad fiscalizadora pudo identificar que dicha empresa no contaba con el personal suficiente para la prestación del servicio, además que en 10 entidades no pudo acreditar mediante listas de asistencia la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia.
Incluso, personal de la ASF no pudo localizar a empleados de Grupo de Seguridad Privada Camsa en el domicilio fiscal de la empresa en las distintas visitas que realizó al sitio. “En todos los casos, se encontró cerrado el inmueble y no se observó actividad alguna en el mismo”, detalla el organismo en su informe.
Una vez concluida la auditoría, la empresa pudo aclarar y justificar el alcance de la contratación y sólo quedaron pendientes de solventar observaciones por 5 millones 050 mil 471.56 pesos por servicios de seguridad y vigilancia no acreditados.
Para la conservación y mantenimiento de estaciones migratorias, el INM contrató a la empresa Constructora Mayrán de San Pedro SA de CV, con la cual celebró siete contratos adjudicados directamente bajo el argumento de que una licitación podría exponer “información relacionada con la seguridad nacional, tal como las ubicaciones, especificaciones, sistemas, planos o puntos clave de seguridad de los inmuebles lo cual colocaría al INM en una situación de amenaza y riesgo”, lo cual no fue avalado por la ASF.
Después de concluir la auditoría, la ASF mantuvo las observaciones por 6 millones 652 mil 671.25 pesos, correspondientes a la no acreditación de la prestación de servicios de mantenimiento en instalaciones.
En cuanto al servicio de arrendamiento de transporte vehicular contratado con Casanova Vallejo, el INM solicitó 47 motocicletas y 235 vans para un total de 282 unidades. Sin embargo, no pudo acreditar la recepción de 120 de ellos, lo cual resultó en un probable daño al erario público por un total de 30 millones 389 mil 081.44 pesos.
Finalmente, la autoridad migratoria también contrató a Asbiin SA de CV para servicios de lavandería, limpieza e higiene en las instalaciones del INM, para lo cual realizó un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.
Derivado de ello, la empresa recibió contratos por un monto de 81 millones 239 mil 400 pesos, a pesar de que no contaba con el personal suficiente para prestar el servicio de limpieza solicitado.
Aunque el INM pudo solventar la mayoría de las observaciones, quedaron pendientes de aclarar 34 mil 104 pesos por la no acreditación de la prestación de los servicios en las oficinas de Puebla y Tabasco.
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