Detectan al Tribunal de Justicia de Chihuahua anomalías en el manejo de fondos federales
jueves, marzo 7, 2024
La Auditoría Superior de la Federación señaló presuntas irregularidades por 123 millones 453 mil 350 pesos al TSJ de Chihuahua en el gasto federalizado 2022, entre las que destaca la falta de evidencia en la compra vehículos, falta de documentación de contratistas y la omisión de licitaciones públicas para más de la mitad de la contratación de servicios
Por Blanca Carmona / La Verdad
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua incurrió en una serie de irregularidades en el uso de las participaciones federales 2022, que van desde privilegiar la adjudicación directa de contratos en lugar de las licitaciones públicas; inconsistencias en los procesos de adjudicaciones; y la falta de evidencia que constate la entrega de los bienes.
Por lo que presuntamente se causó un daño a la Hacienda Pública de la federación por al menos 123 millones 453 mil 350 pesos, así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Consultado sobre estos señalamientos, el vocero del TSJ de Chihuahua, Luis Rubén Maldonado, dijo que están dando seguimiento a las observaciones y se encuentran en la etapa de remitir la información a la ASF, para justificar las observaciones de incumplimientos.
El portavoz también informó que la magistrada presidenta del TSJ, Miriam Victoria Hernández Acosta, no estaba disponible para atender una entrevista sobre este tema.
En la revisión al uso de recursos público provenientes de la federación, la ASF determinó que la licitación pública fue la excepción para el Tribunal –institución que está a cargo de la impartición de justicia en el Estado de Chihuahua–, pues el 54.2 por ciento de los contratos fue otorgado por adjudicación directa.
“Por lo que no se aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, determinó la Auditoría.
Ante la situación recomendó que el TSJ implemente mecanismos para privilegiar las licitaciones públicas en las adjudicaciones y contrataciones.
De acuerdo al reporte de la ASF, en siete contrataciones signados por el Tribunal Superior se determinó que hay inconsistencias en los procesos de adjudicación y, además, faltan documentos en la integración de cada uno de los expedientes, lo que es un incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
Por esas inconsistencias, la Auditoría Superior emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el TSJ realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron el debido proceso de adjudicación ni la integración de los expedientes.
La auditoría también revela que no se presentó evidencia que constate la entrega de los bienes, la entrada al almacén de estos, los resguardos, reportes fotográficos y la documentación anexa que acredite una serie de contratos, estos corresponden a un servicio de capacitación implementado, por un monto de 36.7 millones de pesos
También corresponden a la entrega de unos vehículos, donde no hay evidencia de la entrada al almacén, los resguardos, reportes fotográficos y contra factura; se trata de los contratos DRMSG 61/2022, DRMSG 32/2022, DRMSG 60/2022 y DRMSG 26/2022, por un monto total de 58 millones de pesos.
Asimismo, del contrato DRMSG 40/2022, no se presentó evidencia que constate la entrega de los bienes, la entrada al almacén de estos, los resguardos, reportes fotográficos y los avisos de conformidad por parte del ejecutor, por un monto de 11.6 millones de pesos.
Del contrato DRMSG 35/2021, no se proporcionó evidencia que constate la prestación del servicio y los avisos de conformidad por parte del ejecutor, por un monto de 16.9 millones de pesos.
Lo anterior representa un incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se señaló.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 123 millones 453 mil 350.98 pesos más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de las Participaciones Federales a Entidades Federativas”, documento la ASF.
Con la revisión de dos expedientes de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, la ASF constató que en los contratos con número DRMSG 32/2022 y DRMSG 26/2022, celebrados por el Tribunal Superior de Justicia no se presentaron las actas constitutivas de las contratistas participantes.
En la revisión al Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, se detectó que, en los procedimientos de licitación pública, dos empresas participantes se encuentran vinculadas entre sí con las empresas ganadoras, están vinculadas por un mismo socio o un asociado en común; cabe indicar que dichas empresas fueron descalificadas, pero no por tener un socio en común.
