Las vallas instaladas alrededor del Palacio de Gobierno de Chihuahua representan la negativa al dialogo… simbólicamente vinieron a ejemplificar el tamaño del miedo que le tienen a las mujeres sin miedo.
Por Mariela Castro Flores
X / IG: @marielousalome
El 8 de marzo nuevamente se dio en un contexto beligerante contra las mujeres, adolescentes y niñas de la entidad; no solo por la marcha y la movilización alusiva, sino por el ambiente que en su preámbulo se fue forjando para tejer fino la estigmatización de las manifestantes que en su legítimo interés por expresar agravios, omisiones por parte del estado y violencia institucional, recibieron en la presente jornada las consecuencias de una campaña de odio bien orquestada y ejecutada, con la finalidad de relevar de su responsabilidad a quienes tiene como obligación procurarles su integridad, seguridad y la vida.
Los agravios que se vinieron configurando en cascada iniciaron desde el anuncio de la precandidatura de Neyra Regalado Gutiérrez como suplente a síndica para el municipio de Chihuahua por el Partido Acción Nacional, exdirectora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, quien luego de su supuesta renuncia “por así convenir a sus intereses”, se separó del cargo con el peso de más de una veintena de acusaciones directas por violencia laboral y discriminación traducida en despidos injustificados en el breve periodo que ejerció su función; al ver su partido el rechazo y la carga negativa de su presencia en la contienda electoral, prefirió retirarla solicitándole su salida realizada el pasado 25 de febrero, aduciendo el mismo pretexto que el de su retiro de la función pública.
La carta dada a conocer a medios vino con una supuesta amenaza de tomar las instalaciones del PAN municipal con la autoría de “Movimiento Feminista”, firma desconocida como colectiva u organización para militantes del movimiento feminista local. Con los hashtags #NeyraRegaladoViolentadora #PanMachista se pretendió hacer creer que algún grupo feminista estaba organizando alguna acción contra la sede de dicho instituto político. El golpeteo fue evidente, se mataron dos pájaros de un tiro: se deshicieron de una candidata sumamente incomoda y se aprovechó para comenzar a denostar al movimiento feminista que ya se vislumbraba, comenzaría a organizarse para el #8M.
Por otro lado, feministas institucionales se tomaban fotos sanitizadas sobre acciones gubernamentales donde exponían abiertamente la simpatía y contubernio con las actuales autoridades, tan contrarias a los derechos de las mujeres. Tal es el caso de las declaraciones de las mismas ostentándose a lado del secretario de gobierno, Santiago de la Peña en visita de supervisión a los Centros de Justicia para las Mujeres y posteriormente con la gobernadora del estado dentro de Palacio de Gobierno; acto ampliamente publicitado y aprovechado para simular un diálogo con supuestas “lideres” feministas pretendiendo así, hacer pasar a las manifestantes como mujeres ajenas a los intereses de las activistas “buenas” a las que el máximo poder del estado si reconoce como interlocutoras y desdeña y estigmatiza a las que se salen de dicho canon.
Puesta la mesa con la clara división entre unas y otras, las buenas y las malas feministas, el gobierno estatal encabezado por la gobernadora continuó ahora, definiendo a las malas como una amenaza. El primer ejemplo se emblematiza con las artesanas indígenas colocadas en la plaza del Ángel año con año para estas mismas fechas y con las que la marcha entrada en su juego y función de escenario político de acción directa, siempre convivió armónicamente con su presencia y que para este momento, como lo reporta Raichalí, se les pidió se retiraran: “En años anteriores, las artesanas estuvieron presentes en la marcha del 8 de marzo y les fue bien en la venta de artesanías, no tuvieron incidentes, pero ahora desde gobierno les pidieron retirarse” con el pretexto de que era peligroso quedarse. Luego, vino la renta de 608 vallas de seguridad de acero para seguridad de los edificios por un monto de 39,268,191.94.
La paradoja es que el año pasado, los trabajos de restauración de los muros de los edificios dañados con la coordinación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua (INAH) y su equipo especializado en restauración, costó alrededor de los 25 millones; es decir, el monto aumentó considerablemente. Lo gravoso es, que si ese par de montos se hubieran dedicado a la prevención, atención y sanción de la violencia de género o al adecuado acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, quizá no se hubiesen tenido que restaurar ni proteger los muros, precisamente porque no hablarían de las múltiples violencias que las mujeres de esta ciudad y el estado padecen.
Por otro lado, el último clavo a la cruz se lo puso la gobernadora Maru Campos al publicar un video la mañana del 8 en sus medios de comunicación afines, en el que se decía profundamente violentada y lo doloroso que le resulta convivir con sus agresores ¿Se lo creemos? Sobre todo, siendo la mujer más poderosa y privilegiada del estado y quizá, del norte del país.
Las vallas simbólicamente vinieron a ejemplificar el tamaño del miedo que le tienen a las mujeres sin miedo.
La narrativa de la estigmatización a las que protestan funcionó, viéndose reflejada en una buena cantidad de aceptación para la ejecución de eventuales medidas de mano dura por parte de la ciudadanía; no solo por el uso vallas independientemente de sus costos, también a las probables detenciones arbitrarias y agresiones que en el abuso de poder pudieron presentarse por parte de elementos de las corporaciones policiacas presentes, rumor que comenzó a correr desde temprano el día 8 con la intención de mermar la convocatoria al evento.
No sucedió. Las que salen a marchar asumen los riesgos, así como toman el de salir a las calles a diario sabiendo que Chihuahua es un estado que odia a las mujeres y que de ser agredidas, lo que más probablemente tengas que cursar es negligencia y desprecio por parte del Estado y sus instituciones.
Las que protestan lo hacen a modo de resistencia a un sistema que les niega posibilidad de tener una vida digna y libre de violencias, sus reclamos son todos legítimos y simbólicamente, las vallas representan la negativa al dialogo, a participar de las decisiones gubernamentales, a ser escuchadas. Nuevamente, ¿qué se hubiera podido hacer con todo el dinero que se usa para reparar los daños provocados por la omisión de instituciones y autoridades negligentes? En todo caso, habrá que preguntarse, ¿por qué están las mujeres tan enojadas?
¿Será porque su gobierno sólo simula protegerlas? No lo sé, sólo puedo especular; sin embargo, lo que sí puedo asegurar es que de las miles que marchan casi todas son víctimas y requieren reconocimiento del Estado y que se les procure justicia.
Así y solo así, los muros dejaran de hablar lo que tanto duele y se obliga a callar.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
