La batalla legal por ley antiinmigrante de Texas mantiene a la expectativa y en alerta a las comunidades fronteriza entre México y Estados Unidos después de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitiera este martes la entrada en vigor la Ley SB4 y este mismo día un tribunal federal la bloqueo
Por Verónica Martínez / La Verdad
Ciudad Juárez– La batalla que se sostiene en los tribunales por ley antiinmigrante de Texas tiene en zozobra a la región fronteriza luego de que este martes entrara en vigor por unas horas y luego se bloqueara la Ley SB4 que permite a la policía texana arrestar a personas sospechosas de cruzar sin documentos la frontera entre Texas y México.
La nueva Ley Senatorial 4 (SB4) de Texas tomó vigencia este martes por más de nueve horas debido a que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a su aplicación cerca del mediodía, sin pronunciarse sobre su constitucionalidad. Sin embargo, por la noche de ese mismo día un tribunal federal de apelaciones volvió a bloquearla.
La disputa legal que sostiene la administración Biden y el gobierno de Texas para determinar si la ley es o no inconstitucional continúa con argumentos orales este miércoles.
En tanto, en lados de la frontera entre México y Estados Unidos, organizaciones y activistas por los derechos humanos de personas en movilidad denuncian la gravedad de esta decisión de la Corte que permitió la entrada en vigor de esa ley bajo la cual se contempla el retorno de los migrantes sin documentos a México, y advierten sobre los efectos que tiene puede tener para la región.
La organización HOPE Border Institute en El Paso, Texas, declaró que esta ley permitirá que el estado de Texas cree un sistema paralelo de deportación que es ilegal y va a acelerar su propósito de criminalizar a personas inmigrantes y de color en el estado.
La ley SB 4, que fue aprobada por el Congreso de Texas y firmada por el gobernador Greg Abbott en septiembre del 2023, hace que cruzar la frontera de manera irregular sea un delito en el estado y justifica la detención de personas que parezcan sospechosas. La ley también le da la facultad a la policía y jueces estatales para ordenar el retorno de personas fuera del país.
“SB4 va a crear un ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades locales de Texas que va a erosionar con nuestros esfuerzos de bienvenida y va a legitimar el perfilado racial”, declaró la organización en un comunicado el Instituto Fronterizo Esperanza (HOPE).
“El gobierno federal debe desafiar la Operación Lone Star y demandar soluciones humanas”, indicó en un comunicado.
Para organizaciones de ayuda legal en El Paso, esta ley puede llevar al perfilado racial, la separación de familias y dañar a las comunidades latinas y negras en todo el estado. El Centro Las Américas ha reiterado que continuará trabajando por los derechos de las personas en movilidad.
“Esta decisión no cambia nuestro compromiso en esta pelea. Todos, sin importar raza o estatus migratorio, tienen la libertad de moverse y la libertad de prosperar”, dijo Jennifer Babaie, directora de incidencias y servicios legales del Centro Las Américas.
“Continuaremos usando todas las herramientas a nuestra disposición para asegurarnos que esta ley antiinmigrante e inconstitucional sea derribada y que los texanos estén protegidos de esta discriminación inherente”.
Advierten sobre efectos en la frontera mexicana
La frontera de Texas con México se extiende por más de dos mil kilómetros. Desde el Golfo de México hasta la ciudad de El Paso, toca a cuatro estados mexicanos y abarca cerca de la mitad de la extensión fronteriza entre México y Estados Unidos.
Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) muestran que más de dos millones 45 mil personas fueron detenidas en toda la frontera sur de Estados Unidos en el año fiscal 2023 que es de octubre del 2022 a septiembre del 2023. En los sectores ubicados en Texas, que son Big Bend, Del Rio, El Paso, Laredo y Río Grande, se registraron un millón 216 mil 501 detenciones por la Patrulla Fronteriza que representa el 59 por ciento de todas las detenciones.
Esas cifras permiten estimar que el impacto de la ley de Texas en la frontera de México puede ser devastador si esta disposición toma vigencia.
Francisco González, presidente de la red de albergues Somos Uno Por Juárez en la ciudad, considera que en el caso de que se lleguen a retornar a las personas migrantes a Juárez en cantidades significativas, como contempla la nueva ley texana, se volverían a saturar los espacios en los albergues.
“Si nos va a poner un poco en aprietos si vienen en cantidades fuertes, pero anteriormente si deportaban personas íbamos soportando toda la red de albergues”, dijo González.
Son un total de 13 albergues que forman la Red Somos Uno por Juárez, pero además de estos espacios gestionados por la comunidad evangelista hay más espacios coordinados por el gobierno municipal y gobierno federal y la iglesia católica que vivieron una saturación en otros momentos con programas como Quedate en México y la aplicación de Título 42.
México rechaza nueva ley texana
El gobierno federal de México reprobó la ley SB4 que entró en vigor momentáneamente este martes a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declarando que la ley antiinmigrante busca detener el flujo migratorio mediante la criminalización y fomenta la separación de familias, la discriminación y perfilamiento racial que atenta contra los derechos de las personas en movilidad.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, declararon.
“México cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial.”
La SRE dio a conocer que el estado mexicano reitera su compromiso de proteger los derechos de nacionales mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos y reconoce la importancia de una política migratoria con esfuerzos bilaterales para lograr una migración segura y ordenada.
Al mismo tiempo la SRE también declaró que México no aceptará “bajo ninguna circunstancia” las repatriaciones por parte del estado de Texas.
A través de una publicación en la plataforma X, Roberto Velasco Alvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, compartió que el dialogo sobre materia migratoria continuará entre Estados Unidos y México.
Cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración solicitadas a través del sistema de transparencia, muestran que desde el 12 de mayo, fecha en que expiro el Título 42, más de 17 mil personas extranjeras han sido expulsadas de Estados Unidos a territorio mexicano.
La información del INM muestra que la gran mayoría han sido retornadas por los estados de Chihuahua y Tamaulipas que son frontera con Texas.
Las últimas semanas aumentó el paso de personas por Ciudad Juárez que venían con la intención de cruzar la frontera de forma inmediata, por lo que los albergues para migrantes en la ciudad no han llegado a saturarse, comparte Francisco González, de la red de albergues Somos Uno Por Juárez.
“Se ha corrido la voz de que en estos días los iban a dejar a pasarse. Eso no es cierto, pero venían con esta mentalidad con la esperanza de que se detenga la ley SB4”, dijo González.
“Se corrió la voz de que el juez la había detenido, pero ahorita que empieza otra vez que entra en vigor probablemente el flujo se vuelva a detener, pero en las ciudades en las que están”.
El pastor y director de albergue comparte que la red se ha mantenido en un 30 por ciento de ocupación y han sido principalmente personas de Venezuela, Colombia, Perú y los estados de Guerrero y Michoacán quienes ocupan estos espacios humanitarios.
La administración Biden y organizaciones de derechos de los inmigrantes han demandado a Texas, alegando que la SB 4 es inconstitucional porque interfiere con las leyes federales de inmigración, una función que los tribunales federales han dicho que es competencia del gobierno federal.
Apenas en diciembre pasado, la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas demandaron a Texas en nombre del condado de El Paso y dos organizaciones de derechos de los inmigrantes: Las Americas Immigrant Advocacy Center, con sede en El Paso, y American Gateways, con sede en Austin, sobre esa nueva ley estatal.
