La reciente ley anti migratoria que autorizó el Senado de Texas tiene consecuencias adicionales a la deportación exprés de personas. Implica, en los hechos, poner en riesgo la relación binacional con Estados Unidos
Por Alberto Nájar
X: @anajarnajar
La polémica por la Ley SB4 que aprobó el Senado de Texas se ha concentrado en la captura y deportación exprés de todas las personas migrantes irregulares por el simple hecho de tener un perfil “latino”.
Pero si bien es un asunto de cierta gravedad, en el fondo las implicaciones de una eventual puesta en marcha de esa ley va mucho más allá de la frontera común.
De acuerdo con los argumentos planteados por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, para sustentar el recurso de Amicus Curiae, la legislación revela un proceso de tensión política interna entre un Texas y la Casa Blanca como no se había visto desde la Guerra Civil en ese país.
Plantea, además, la posibilidad de afectar seriamente la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
Recuerda, además, la existencia de un amplio movimiento social racista, violento y antiderechos que se mantuvo en los sótanos durante décadas pero que ahora vuelve con más intensidad.
En el primer caso hay dos elementos que lo comprueban: el desafío abierto del Senado de Texas para aprobar una iniciativa con perfiles de ilegalidad.
La Constitución de Estados Unidos establece que la política migratoria y defensa del territorio es una facultad exclusiva del Gobierno Federal.
Los legisladores texanos y el gobernador Greg Abbott están conscientes de esa salvedad, y decidieron seguir adelante. Es un tema político con miras a la elección de noviembre próximo.
Pero es un problema menor comparado con otra decisión en la misma ruta, adoptada por la Corte Suprema que en un principio decidió apoyar la barbaridad texana.
No es cualquier cosa. En 2012 el Congreso de Arizona aprobó una legislación casi idéntica a la polémica SB4, y que en su momento fue coloquialmente conocida como “Show me your papers” (Muéstrame tus papeles).
Como la texana, aquella legislación autorizaba a los policías locales a detener a cualquier persona sospechosa -para ellos- de ser migrante.
Los policías podían exigir documentos para acreditar la estancia regular en el país. Quienes no podían hacerlo serían detenidos y expulsados de inmediato del país por orden de un juez local.
La Corte Suprema canceló la legislación porque invadía una facultad exclusiva de las autoridades federales.
Doce años después ese mismo organismo se retracta de sus propia decisión, al autorizar una enmienda prácticamente igual a la que había rechazado.
¿Por qué? Básicamente porque no es la misma Corte. Algunos de los jueces que la integraron en 2012 ya se jubilaron, y dejaron el puesto a otros designados por el entonces presidente Donald Trump.
En los hechos se ha convertido en el brazo judicial de la derecha estadounidense. Quedó claro el 24 de junio de 2022 cuando la Corte Suprema dictó sentencia en el caso Dobbs vs. Jackson Women´s Health Organization.
La sentencia confirma la prohibición del aborto en Mississippi a las quince semanas de embarazo, y con ello anuló el fallo en el histórico caso Roe vs. Wade que en 1973 estableció como constitucional el derecho a interrumpir un embarazo.
Con la anulación de facto de ese precepto, la Corte creada por Trump dejó en manos de cada estado autorizar o no el aborto, y con ello echó para atrás un derecho ganado por las mujeres desde hace 50 años.
Ahora, con el fallo sobre la SB4 los jueces apoyaron, en los hechos, a los grupos racistas y anti migrantes no sólo de Texas, sino de todo el país.
Y es que horas después de la determinación judicial el gobierno de Ohio, un estado muy lejos de la frontera con México, presentó un proceso de Amicus Curiae ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
Era previsible. Los grupos de derecha registran un avance considerable en Estados Unidos, y han tomado el control de no pocas legislaturas y gobiernos locales.
Se nota en la actual contienda electoral, donde la migración irregular es uno de los temas centrales no sólo por la posición de Donald Trump, sino por los resultados en la gestión del presidente Joe Biden.
La Ley SB4 representa una aspiración de grupos conservadores, y es claro que la utilizarán como bandera política.
Es un efecto dominó que la Cancillería mexicana pretende atajar con su apelación en las cortes, pero hay más.
Autorizar la legislación texana implicaría desconocer la autoridad de la Casa Blanca en un asunto establecido hace más de 200 años. La misma Corte lo dejó en claro en su fallo de 2012.
En la petición de Amicus Curiae la SRE recordó que, en ese momento, los jueces establecieron que los fundadores de Estados Unidos “nunca habrían hecho algo tan insensato como dejar en poder de los estados la aprobación de leyes cuya aplicación hace responsable al gobierno general”, como la política migratoria.
Además, representaría un conflicto adicional: oficialmente la relación de México con Estados Unidos es con la Casa Blanca. Si existe algún conflicto particular la primera ventanilla es el Departamento de Estado que legalmente está obligado a resolverlo.
Es decir, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no podría aceptar que una autoridad local asumiera funciones que no le corresponden, como expulsar a personas migrantes.
Pero si las leyes estadounidenses lo permiten representaría un conflicto que puede extenderse, porque implicaría la obligación de negociar los mismos temas con dos autoridades distintas.
Eso conlleva riesgos, sobre todo en materia de cooperación sobre asuntos comunes de seguridad. ¿Con quién, por ejemplo, se abordaría una estrategia para combatir a las bandas de tráfico de personas, con Greg Abbott o con Joe Biden?
La cooperación binacional, en los hechos, estaría en riesgo permanente. Y lo mismo puede ocurrir con otros temas como el comercio o turismo.
Por eso es importante ampliar la mirada sobre el riesgo de la SB4. Un tema que, finalmente, corresponde atender a Estados Unidos pero donde México no debe quedar ausente.
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Alberto Najar. Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.
