En tres años, Chihuahua transitó al primer lugar en cuanto a personas que se dijeron víctimas de corrupción en varios rubros, entre ellos la extorsión por parte de servidores públicos que les condicionaron la realización de trámites burocráticos, según datos recientes del INEGI
Por Jaime García Chávez
En México, por leyes no paramos. La influyente Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de publicar un informe que subraya este hecho, y afirma que nuestro país tiene un encomiable andamiaje en materia de lucha anticorrupción, estructurado en leyes. Es probable que esto sea cierto, pero tampoco es nuevo que se dé a conocer esa disparidad que ha habido en la república en cuanto a leyes modélicas de gran aliento y realidades que gritan otra cosa.
Esa organización dice que la estrategia anticorrupción merece una calificación de 93, en una escala de 0 a 100, contrastando con 53 puntos de aplicación, casi la mitad, lo que habla muy claramente de que el derecho vigente no tiene existencia cívica ni estatal, o como se acostumbra decir, las leyes son letra muerta.
El estado de Chihuahua ofrece claro ejemplo de que esas apreciaciones son ciertas, y no es la OCDE la que viene a decirlo, sino el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en reciente informe relativo al 2023. Veamos una apretada síntesis:
Con la contundencia de las cifras, sobre todo si se trata de números computados del INEGI, una de las instituciones menos cuestionadas del país, resulta que el estado de Chihuahua es el más corrupto de la república mexicana.
En la memoria colectiva y en el análisis de algunos especialistas se recuerda que hace tres años la COPARMEX, uno de los aliados empresariales de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, la había puesto en un pedestal por su honestidad.
Pero en tres años, Chihuahua transitó al primer lugar en cuanto a personas que se dijeron víctimas de corrupción en varios rubros, entre ellos la extorsión por parte de servidores públicos que les condicionaron la realización de trámites burocráticos, según la Encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG) publicado hace unos días por el INEGI.
En números, más de 21 mil personas de cada 100 mil habitantes que acudieron a un servidor público para realizar un trámite, experimentó al menos un acto de corrupción. O sea, un 57 por ciento más arriba que la media nacional, que registró 13 mil 966 personas extorsionadas por cada 100 mil habitantes.
Hay otra categoría, la percepción sobre la frecuencia de la corrupción, donde Chihuahua, aunque ocupa el treceavo lugar con 84 puntos, supera con un punto porcentual la media nacional. Y en otro matizado renglón, denominado “tasa de incidencia de corrupción”, Chihuahua ocupa el cuarto lugar con 31 mil 904 personas por cada 100 mil habitantes, lo que se traduce en poco más del 15 por ciento por encima de la media nacional.
En la perspectiva local, la entidad registra otras cifras alarmantes, según la Encuesta, pues en torno a lo que catalogó como “problemas más importantes” percibidos por la población, la inseguridad y delincuencia ocupa el primer sitio, con el 71.9 por ciento, mientras que la corrupción se ubicó en el segundo lugar de las preocupaciones de la sociedad, con 58.2 por ciento.
Una conclusión de todo lo anterior se impone: en Chihuahua tenemos una buena Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una Ley de Auditoría Superior del Estado que dispone de mecanismos estupendos para la rendición de cuentas y el fincamiento de responsabilidades. Pero, como digo, la realidad es otra y el gobierno pan-priista de María Eugenia Campos continúa en la misma línea de la corrupción. Eso sí, con buenas leyes.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
