Funcionario estatal testifica sobre las denuncias de migrantes en juicio contra pastora de Aposento Alto
viernes, abril 12, 2024
En el primer día del juicio oral contra Velia H.G., el coordinador de Coespo y del Centro de Atención a Migrantes, Enrique Valenzuela, narró ante el Tribunal cómo fue que los migrantes destaparon el maltrato y la retención contra su voluntad que supuestamente vivieron en el albergue dirigido por la pastora. “En lugar de agradecer su trabajo con migrantes, está sujeta a esto”, alega su defensa
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez– Con el testimonio de un funcionario estatal que fue quien dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua sobre el presunto maltrato y retención contra la voluntad de personas migrantes en el albergue Aposento Alto, dio inicio este jueves el juicio oral contra la pastora Velia H.G.
La religiosa está acusada de haber cometido el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados, en perjuicio de seis migrantes nacionales y extranjeros. Desde el 27 de julio del 2022 se encuentra detenida.
El Ministerio Público (MP) perteneciente a la FGE pide que sea sentenciada a 180 años de cárcel y al pago de 91 mil 600 pesos.
Mientras que los abogados de la religiosa y presidenta de Aposento Alto dijeron que la prueba del MP está revestida de datos falaces y alejados de la realidad. También afirmaron que la mujer tenía un pastorado en beneficio de la comunidad y señalaron que en ese albergue se trataba con respeto y dignidad a los migrantes.
Este jueves 11 de abril, en la décima segunda sala de los juzgados locales, con los alegatos del MP, de los defensores y un abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) quien representa a las víctimas, inició el enjuiciamiento.
El primer testigo de cargo fue el coordinador del Consejo Estatal de Población (COESPO), Jesús Enrique Valenzuela Peralta.
El funcionario, de quien depende el Centro de Atención a Migrantes (CAIM) del gobierno estatal, narró las denuncias de abusos y el contexto migratorio que había entonces en en la ciudad.
Expuso que en el último trimestre del 2018 en Ciudad Juárez había una concentración masiva de personas migrantes y no tenían espacios para atenderlos.
La situación se complicó más para marzo del 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a retornar a migrantes por esta frontera y al mismo tiempo seguían llegando extranjeros con el anhelo de cruzar a Estados Unidos.
Entonces se generó “un ejercicio ejemplar”, recordó, pues las organizaciones de fe empezaron a abrir las puertas de sus establecimientos para recibir a los migrantes.
En 2019, en ese contexto, la hija de la pastora y representante legal de Aposento Alto, Grisel R.H., ofreció recibir a personas en situación de movilidad en las instalaciones del comedor de esa organización, ubicado en Lomas de Poleo, al norponiente de la ciudad.
Posteriormente, aliados estratégicos como la Organización Internacional para la Migración (OIM), de la ONU; así como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), UNICEF y COESPO comenzaron a apoyar a Aposento Alto con donativos en especie.
Sin embargo, en 2020 –declaró– se “prendieron focos rojos” porque se empezó a saber que los insumos que se entregaban en donación a Aposento Alto se vendían y se presionaba a los migrantes diciéndoles que si dejaban ese espacio los iban a quitar de una lista donde se anotaba a quienes iban a ingresar a Estados Unidos.
Presuntamente se conoció que los espacios en Aposento Alto se rentaban en tres mil pesos y se obligaba a las personas en situación de movilidad a realizar trabajos de construcción.
Valenzuela precisó que estas quejas no eran por escrito porque los afectados tenían temor y que él se enteró de oídas no por sus propios sentidos.
El titular de COESPO señaló que las organizaciones empezaron a retirar sus apoyos, aunque ya varias habían hecho inversiones en Aposento Alto, como la construcción de baños por parte de UNICEF.
“La red de organizaciones evangélicas “Uno por Juárez” determinó que Aposento Alto no formaría parte de la red de albergues… Hubo un momento en que COESPO dejó de canalizar personas y apoyos. Es lo que podíamos hacer, no somos un ente regulador, somos un ente que articula”, afirmó.
En abril de 2022 Valenzuela fue avisado que un grupo grande de migrantes estaba dejando las instalaciones del albergue de la pastora, lo que dijo es algo atípico.
La mitad de ese grupo de extranjeros fue llevada a las instalaciones de la iglesia Espíritu Santo y la otra parte a la instancia abierta en el Gimnasio Kiki Romero.
Posteriormente Valenzuela se presentó en el primero de estos sitios para hablar con los migrantes y ellos le afirmaron que eran objeto de maltrato y obligados a realizar trabajos sin remuneración.
Valenzuela Peralta dijo al juez que una mujer le contó que las obligaban a cocinar comida en mal estado, como arroz con gorgojo y pollo descompuesto; a los hombres los hacían trabajar a deshoras; y a los niños los ponían a llenar botes con material para pasarlos de un lugar a otro, como si fuera un juego.
El testigo también hizo referencia al hijo de la pastora, a quien identificó con el nombre de Néstor Gabriel, quien presuntamente había advertido a los migrantes que ellos estaban bien conectados con policías y el Ejército, que ni se les ocurriera quejarse.
Valenzuela recordó que, al conocer esos señalamientos, él les dijo a los afectados que denunciaran y posteriormente dio aviso a la Fiscalía estatal para que escucharan las denuncias.
En la parte última de su declaración, la fiscal a cargo le preguntó al testigo si en la sala estaba la pastora, él respondió que sí y apuntó con su mano derecha a la religiosa, quien estaba sentada detrás de sus tres abogados defensores.
Las orejas de la pastora se sonrojaron ante el señalamiento.
Pero en ningún momento ella bajó la vista, a lo largo de las casi tres horas que duró la declaración de Valenzuela, ella lo estuvo viendo de frente y realizó algunos comentarios a sus abogados.
Además de reconocer a la pastora, el funcionario identificó las instalaciones de Aposento Alto a través de varias fotografías que le mostró la fiscal.
En su turno, el abogado de la pastora, César Octavio Rivas Ávila, cuestionó al coordinador de COESPO si sabía o le dijeron exactamente quién había ordenado los presuntos trabajos forzados, pues al ser interrogado por la agente del Ministerio Público él identificó a tres personas como responsables del albergue. Valenzuela respondió que no.
El defensor también le preguntó a Valenzuela: “¿Usted vio que los obligaban a trabajo forzado’”. El funcionario dijo que no.
Otra pregunta de los representantes legales de la pastora para Valenzuela fue si sabía de cuántas víctimas se hablaba en la carpeta de investigación, él refirió que no sabía, que posiblemente más de 20.
Finalmente, se le cuestionó al coordinador de COESPO si él consideraba que la pastora es responsable. Él se limitó a responder que no sabía.
“Se lo dejo a la autoridad”, expresó.
“Lejos de agradecer por su trabajo, está sujeta a juicio”, alega defensa de la pastora
“El pago y recompensa provienen de Dios”, presuntamente esa era alguna de las ideas que expresaba la pastora Velia a los migrantes, dijo la fiscal Liliana Rodríguez Aldana al juez.
La representante social aseguró al Tribunal de Enjuiciamiento, presidido por el juez Jorge Gutiérrez Ortiz, que la religiosa causó un daño grave a los migrantes que fueron obligados a realizar trabajos forzados.
La fiscal se comprometió a probar el delito y la responsabilidad de la acusada, al enumerar a los testigos que presentará en este juicio el número 204/23.
La abogada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) y representante de las víctimas, Alejandra Venzor Carrillo, dijo que Velia tomó ventaja de su posición como líder espiritual para obligar a los migrantes a realizar acciones que a la hoy acusada le resultaron muy redituables.
La representante le pidió al Tribunal unitario que juzgue a la luz de los protocolos que ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para personas en situación de vulnerabilidad, así como los protocolos internacionales y la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua que marcan un enfoque diferenciado para ciertas víctimas.
En su turno, los abogados defensores dijeron que contrario a lo señalado por el Ministerio Público y la abogada de la CEAV, con testigos, documentos y peritos van a probar la inocencia de la pastora.
“Tenía un pastorado en beneficio de la comunidad, coadyuvó con las autoridades y lejos de agradecer el trabajo social está sujeta a esto”, señaló el litigante César Octavio Rivas Ávila.
El defensor también expuso que por el albergue Aposento Alto pasaron no dos ni tres migrantes, pasaron muchos migrantes y “sin embargo, seis (migrantes) nos tienen en este juicio”.
