En el secreto de las oficinas públicas conversan muy bien y se entienden mejor los mandos militares, los de la Guardia Nacional, que son los mismos, los secretarios de seguridad, titulares de la fiscalía… Quiero decir con esto que se dedican a aparentar que trabajan, a simular, se exponen a la vista pública, molestan y no se dan cuenta
Por Jaime García Chávez
En la capital de Chihuahua es recurrente ver el Palacio de Gobierno, prácticamente todos los lunes, guarecido por un despliegue militar que ya empezó a molestar a los pacíficos capitalinos. Carros militares, franco tiradores, suburbans blindadas y el ingreso al palacio de cantera de presurosos militares, funcionarios civiles y desde luego la gobernadora que acostumbra dar breves conferencias de prensa al paso que abre una puerta que luego se cierra, como diciendo los arcanos del poder no son para la plebe.
Y cuando la coyuntura lo amerita, hacen lo mismo en Ciudad Juárez, donde se construye una torre centinela que está generando más confusión que la Babel bíblica y cerca de 30 ejecutados recientes lo confirman.
En el secreto de las oficinas públicas conversan muy bien y se entienden mejor los mandos militares, los de la Guardia Nacional que son los mismos, los secretarios de seguridad, titulares de la fiscalía entre otros comensales a desayunar como es recurrente que lo hagan. Son reuniones a las que todos llegan bien bañados y perfumados, como suele ser en aquellas personas que jamás se asoman a los frentes donde están los problemas que laceran a la sociedad. Quiero decir con esto que se dedican a aparentar que trabajan, a simular, se exponen a la vista pública, molestan y no se dan cuenta.
En esencia todos son partidarios, en este caso gobierno federal y estatal, que se dicen de diverso símbolo, pero los unifica un común denominador: son partidarios exclusivamente de la represión tratándose del problema de la seguridad pública. Los primeros dicen que están combatiendo las causas cuando en realidad lo único que hacen es expandir un militarismo que será trágico para la historia del país. Como se acostumbra decir: al tiempo.
Sirva de ejemplo el tema de la prisión preventiva oficiosa, que regresó por decreto presidencial de López Obrador y obsequiosidad del Poder Legislativo, que está pendiente de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que todos los gobernadores del país presionan para que no se les despoje de un arma represiva que hoy tienen en sus manos, que violenta los derechos humanos y compromisos internacionales que no se pueden desvanecer por el capricho de este autoritarismo de la clase política que solo busca con en el ejercicio de la violencia de Estado la solución al problema que nos ocupa.
Persistir en la prisión preventiva, absoluta o relativa, transgrede derechos humanos ya reconocidos en México al impulso de una sociedad que los logró porque no es ninguna dádiva del Estado.
Un simple repaso de este tema nos dice que la prisión preventiva oficiosa, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, la integridad personal, la independencia judicial, la propia libertad personal, la igualdad a que obliga la ley, el deber de la autoridad de fundar y motivar el decreto que priva de la libertad al ser humano, la posibilidad de que haya una revisión judicial y, lo que está fuera de toda duda, que dicha prisión contribuya en algo a obtener la seguridad pública, la paz a la que se aspira en este país envuelto en la niebla de la guerra, debida, entre otros factores, a la incuria e ineficacia de la clase política y militar que aparenta trabajar y que no muestra resultado tangible ya no para acabar con el problema, sino simplemente para pronosticar cuando pueda terminar esta tragedia nacional.
Este boato en el que militares y civiles se apapachan es una expresión más de la política lopezobradorista que prohibió los balazos, pero autoriza los abrazos, besos, coqueteos y saraos del boato que montan semana a semana estos integrantes de una clase política podrida y simuladora.
09 de mayo de 2024
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
