Nos sale más caro en impuestos perdidos y en daños a la economía de lo que cuesta fortalecer la capacidad del Estado para hacer valer la ley. A esta tarea pueden contribuir tanto el Estado de México como la Ciudad de México, aportando recursos para las tareas de inspección, vigilancia y castigo, así como impulsando mejoras al transporte público, en el consumo y lidiando con las fuentes de emisiones que caen bajo su jurisdicción
Por Eugenio Fernández Vázquez
X: @eugeniofv
Aunque a los chilangos nos parezca que las contingencias son ya inevitables y casi rutinarias —apenas el viernes hubo una, y este martes se decretó otra—, y aunque desde muchas ciudades de provincia las vean como una realidad inexorable a la que tarde temprano deberán acostumbrarse, la realidad es que sí hay mucho que se puede hacer para impedirlas. El problema es que las autoridades han desertado de su obligación de velar por nuestra salud, mejorando las leyes y normas y haciéndolas valer. La ventaja es que el cambio de sexenio y la coyuntura política abren muchas oportunidades para corregir esta situación de una vez por todas.
Las últimas contingencias han sido por las altas concentraciones de ozono en el aire. Esto se debe sobre todo a la interacción entre los rayos ultravioleta —han sido días de muchísimo sol y pocas nubes— con los compuestos orgánicos volátiles, vapores que se desprenden de los aerosoles, los solventes, las gasolinas y el gas que consumimos en casa. Cuando los rayos del sol golpean estas emisiones rompen los compuestos y provocan la aparición del ozono.
Según el inventario de emisiones de la zona metropolitana del valle de México que se publicó el año pasado y que corresponde al año 2020 el 57 por ciento de las emisiones que desembocan en el ozono se registran en el Estado de México, menos de 40 por ciento nacen en la Ciudad de México y hay un 4 por ciento de emisiones que son cuestión federal. La quinta parte de las emisiones en el territorio de la Ciudad de México y los municipios vecinos son provocadas por fugas en instalaciones de gas LP, otro tanto es emitido por vehículos particulares y motocicletas y algo más del 5 por ciento es lanzado por transporte público de mala calidad.
Lo que hace tan difícil lidiar con estas emisiones es, en gran medida, que la supervisión de las gaseras y gasolineras es responsabilidad de la Agencia de Energía, Seguridad y Ambiente (ASEA), una institución a la que se ha dejado prácticamente sin presupuesto durante este sexenio y que tiene apenas uno o dos centenares de inspectores para lidiar con las decenas de miles de kilómetros de gasoductos, las miles de gaseras y gasolineras y todas las plataformas petroleras del país, entre otras cosas. Para hacer las cosas todavía peores, la Agencia se ha negado a compartir atribuciones con los gobiernos locales para que éstas pudieran apoyar en la tarea de inspeccionar a las gaseras locales.
Las cosas no tienen que ser así, y el cambio de sexenio puede ser una estupenda oportunidad para corregirlas. Por primera vez en la historia democrática de México los gobiernos federal, mexiquense y chilango son del mismo partido. Por primera vez tendremos a alguien con experiencia en la secretaría del Medio Ambiente en la presidencia de la República, y con un fuerte compromiso con la capital del país, que la vio crecer, que la impulsó políticamente y la llevó a Palacio Nacional.
La tarea que se presenta es clara y urgente. La ASEA debe hacer su trabajo y debe contar con los recursos para ello. Mantener los niveles tan escandalosos de impunidad en el país no es una opción. Nos sale más caro en impuestos perdidos y en daños a la economía de lo que cuesta fortalecer la capacidad del Estado para hacer valer la ley. A esta tarea pueden contribuir tanto el Estado de México como la Ciudad de México, aportando recursos para las tareas de inspección, vigilancia y castigo, así como impulsando mejoras al transporte público, en el consumo y lidiando con las fuentes de emisiones que caen bajo su jurisdicción.
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Eugenio Fernández Vázquez. Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
