Desde enero, la Red Nacional de Refugios dio a conocer que los albergues operaban sin recursos. ¿Qué pasa con las trabajadoras que sin ninguna certidumbre sostuvieron estos espacios tan imprescindibles?
Por Celia Guerrero
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Esta semana, después de tres meses de retraso, los Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIM) en Baja California finalmente recibieron la transferencia de los recursos del programa federal que les permitirá operar durante 10 meses este año, es decir, pagar gastos por mantenimiento y equipamiento de los inmuebles, alimentación y medicinas a usuarias y honorarios profesionales de personas empleadas de marzo a diciembre de 2024.
Pero el caso del CAVIM en Baja California, que mantienen sus servicios en dos ciudades, Ensenada y Mexicali, no es el único en el país. Lo mismo sucedió a lo largo de toda la República en refugios y centros de atención especializados para mujeres víctimas de violencia de género.
Los recursos llegaron demasiado tarde. Los recibieron esta semana, la tercera de mayo, cuando los resultados de los proyectos aprobados debieron ser públicos 12 semanas atrás, desde el 15 de febrero, de acuerdo a los lineamientos de la propia Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la dependencia encargada del programa.
En el caso del CAVIM de Baja California, el dinero recibido será destinado primeramente para pagar los honorarios atrasados de las 46 personas que laboran en dos centros externos de atención y dos refugios, explicó Bertha Alicia Martínez, su directora.
“Ya llegaron, por fin, y con eso voy a pagar marzo, abril y mayo, que se deben. Porque no se puede mantener a la gente así, no es justo ni sostenible. Seguimos con actividades, hemos mantenido el funcionamiento, a nadie se le niega la entrada, a nadie, pero es insostenible hacerlo sin recursos”, explicó, entre la euforia y el enojo que le provoca tener una solución a un problema que no debería existir.
Y es que, más allá de lo que sin duda implica para la población usuaria de estos refugios la limitación de los recursos, me gustaría que dimensionáramos el impacto del retraso de la transferencia del presupuesto de este programa durante meses y cómo juega en contra de las trabajadoras de los albergues, en su mayoría mujeres.
Pensemos en las 46 trabajadoras y trabajadores del CAVIM de Baja California: psicólogas, guardias, cocineras, trabajadoras sociales, abogadas, quienes continúan hasta hoy realizando sus labores sin garantía de cuándo van a recibir el pago por ello. Además, consideremos que esto se multiplica en todo el país en cientos de refugios en los que las cantidades de empleadas y empleados varían.
“Enero y febrero, de por sí, son meses que no se pagan. Yo siempre les digo, ‘Ahorren, ahorren’, porque ya sabemos que esos meses no hay dinero”, cuenta Martínez, quien explica que algunas de las trabajadoras del CAVIM eligen tomar las dos semanas de descanso que tienen al año durante esos meses. Sin embargo, este año los retrasos en la transferencia de los recursos las obligaron a trabajar sin paga durante más semanas de las que de por sí prevén no tener ingresos.
A pesar de ello, el personal del refugio continúo trabajando, según cuenta la directora. No sin algunas adecuaciones en turnos, flexibilidad de horarios y asistencias porque hay quienes ni para la gasolina del traslado al refugio completaban. Esa es la precariedad a la que orillan a las trabajadoras que sostienen uno de los pocos sistemas efectivos de protección para miles de mujeres, sus hijos e hijas víctimas de violencia.
Desde enero, la Red Nacional de Refugios (RNR) dio a conocer que los albergues —que en 2023 atendieron a 20 mil 284 mujeres, niñas y niños en diversos estados del país— operaban sin recursos. Tres meses después, el 15 de abril de 2024, la red informó que ninguno de los lugares de acogida que la conforman había recibido el presupuesto. Lo expuesto por la RNR y su exigencia trascendió a medios: esperaban que los recursos se entregaran en abril. No fue así, sucedió hasta mayo. En las notas periodísticas se priorizó el señalamiento —cierto— de que el retraso de los recursos ha puesto en riesgo el servicio y la atención de mujeres, junto a sus hijas e hijos, que recurren a estos lugares para escapar de la violencia de género.
Sin embargo, de acuerdo con los resultados publicados por CONAVIM, fueron 127 refugios solicitantes, de los cuales seis no cumplieron con la documentación requerida. Es decir, 121 sí recibirán los recursos, aunque con meses de retraso y todo lo que ello implica. Por eso, enfoquemos nuestra preocupación en las trabajadoras que sin ninguna certidumbre sostuvieron estos espacios tan imprescindibles. Es paradójico —por decir lo menos— que normalicemos la violencia institucional y económica ejercida en su contra.
