El proyecto fotográfico “Mi familia no está completa” muestra el vacío que deja la desaparición de una persona. Estas madres de Chihuahua visibilizan ante las autoridades y la sociedad su causa, una búsqueda que nunca termina, y aseguran que no pararán hasta saber qué les sucedió a sus seres queridos, encontrarles y conseguir que se haga justicia
Texto y fotos: Raúl F. Pérez Lira para A dónde van los desaparecidos y Raíchali
En cada desayuno que comparten en casa, Yessenia Carrera y Ruby piensan en su hijo y hermano ausente, Carlos Antonio Perales. Lo recuerdan cuando preparan el chile colorado, su salsa favorita; comentan si le habría gustado cómo quedaron las tortillas de harina, y evocan los dulces que traía a granel para disfrutar mientras veían una película en la tarde, después del trabajo.
Desde hace nueve años, Yessenia y Ruby buscan a Tony; en el camino se han unido a otras madres, esposas, hermanas, y familias enteras de Chihuahua que luchan por hallar a un ser querido desaparecido. De estas madres buscadoras fue la idea de crear el proyecto fotográfico “Mi familia no está completa” para mostrar el vacío que dejan quienes están ausentes.
En las imágenes, las siluetas revelan cómo, aun desaparecidos, ellas y ellos siguen a su lado. En el recuerdo de Yessenia, Tony le manda fotografías en las que sonríe a la cámara y le cuenta cómo le va en su empleo; Mirna Dolores Pérez piensa en su hijo Eudor Osiris Jáuregui vestido con su camisa favorita, la que usaba el día en que desapareció, y Lourdes Hernández imagina que su hija Pamela Leticia Portillo pasa el Día de las Madres con sus hijas Vania y Dana.
“Te dicen ‘ya desapareció, cierra ese círculo´. Perdón, pero no está muerta. No puedo cerrar un círculo porque no está, no se despidió; entonces, ¿cómo puede decir la sociedad ‘ya dejen de buscar’? No vamos a dejar de buscar”, afirma Lourdes.
La noche del 25 de julio de 2010, en la ciudad de Chihuahua, Pamela se dirigía a un centro nocturno escoltada por su amigo Juan Alberto Bautista, teniente de infantería de la Quinta Zona Militar, cuando fueron detenidos por agentes del Centro de Inteligencia Policial (Cipol). La joven de 22 años logró avisar por teléfono a una de las amigas que la esperaba.
En las cámaras de seguridad se ven los autos de Pamela y de Juan Alberto estacionados en el cruce de la avenida Pacheco y la calle J. J. Calvo. Luego llegan camionetas similares a las que usa la Policía Ministerial, pero sin placas; también un vehículo militar tipo Hummer. Por tratarse de una desaparición forzada en la que está involucrado el Ejército, el Gobierno federal atrajo el caso; sin embargo, la investigación está estancada, señala Lourdes.
Las fotografías del proyecto recuerdan a las autoridades que a estas familias les falta alguien, y que ese vacío seguirá hasta saber qué les sucedió, encontrarles y conseguir que se haga justicia. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Chihuahua han desaparecido 3,690 personas, de las que el 85.8% son hombres. Más de la mitad de las desapariciones se concentran en tres municipios: Juárez, Cuauhtémoc y Chihuahua.
Durante años, el grupo formado por ocho madres y una esposa ha compartido marchas, talleres y búsquedas, acompañadas por personal del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y unidas por el objetivo de encontrar a sus seres queridos, así como por la frustración que sienten ante la ineficiencia de las fiscalías encargadas de las investigaciones.
Cuando no pueden “peinar” los cerros y los valles del desierto chihuahuense o las montañas de la Sierra Tarahumara, por la inseguridad o por falta de apoyo, intentan visibilizar sus casos para que nadie olvide lo que para ellas siempre está presente. En cada navidad suman su árbol, con los nombres de sus seres queridos desaparecidos, a los adornos del gobierno en las plazas públicas; el 14 de febrero cuelgan corazones con sus fotografías en los árboles del centro, y cuando marchan junto a decenas de familias el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se cubren con rebozos que bordaron con mensajes de esperanza.
Estas fotografías surgieron como parte de esas actividades. En las primeras imágenes, tomadas en un par de días, las siluetas tenían flores o una palabra bordada. El 6 de marzo de 2022, Día Nacional de la Familia, marcharon alrededor del Palacio de Gobierno con estas fotografías impresas en lonas. Ningún funcionario salió a recibirles, pero las fotos circularon en los medios de comunicación.
“Con esa marcha que hicimos con las siluetas vacías, ¿qué le estamos diciendo a la autoridad? No está, entiende, no está. ¿Y a la sociedad en general? Existen las desapariciones, nuestra familia está incompleta”, dice Lourdes.
Después de ese día decidieron que el vacío debía ser total, sin ningún adorno, y que la imagen con la silueta de las personas desaparecidas debía ir acompañada de una segunda fotografía que mostrara cómo siguen presentes en sus hogares: en un álbum, en un marco sobre una repisa o en los memoriales que instalan en los espacios públicos.
“Si ellos [las autoridades] no los buscan, nosotras no nos vamos a detener”, afirma Yessenia. “Aunque sea poniendo un corazón o una estrella vamos a hacer público que no están. No nos vamos a quedar cruzadas de brazos llorando porque, si no los buscamos nosotras, nadie los va a buscar”.
La frustración de no ser escuchadas
Un día de noviembre, en la casa de una de ellas, Idalia Gutiérrez, las madres se reúnen para platicar y comer juntas. En las búsquedas advierten diferencias en el trato, se preguntan por qué no despliegan un mayor número de militares cuando van a explorar un terreno. “Porque no son influyentes nuestros hijos. Si lo fueran, vendría el ejército y la marina, pero no lo son”, dice Yessenia, quien recuerda que cuando desapareció Pamela, la hija de Lourdes, en 2010, también se reportó el caso de una familiar de un capitán de la Quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, y desplegaron a los cadetes de los batallones, lo que permitió ubicarla en pocos días.
Lourdes cuenta que, cuando comenzó a hacer búsquedas, hace más de una década, no había georradares ni drones. Avanzaban en fila y, si hallaban un indicio, todos se paraban hasta que era analizado por los peritos. “Ahora, las autoridades no quieren que vayamos a los rastreos porque les molesta que a veces sepamos más que ellos. No es eso. Ellos saben más, pero lo hacen al ahí se va, van con el celular, viendo mensajes, escribiendo, y no voltean hacia abajo, no les importa”.
Hablar con los ministerios públicos (MP) de las fiscalías puede ser frustrante, coinciden. Las carpetas de investigación permanecen sin avances durante años; es común que el agente les pregunte: “¿Qué me trae? ¿Qué información nueva tiene?”, pero cuando ellas se acercan con datos valiosos, las autoridades les piden que dejen de investigar, que se queden en sus casas, y desestiman números de teléfono, nombres, direcciones, placas de automóviles e incluso ubicaciones de fosas clandestinas.
“Si la gente le cuenta a uno, no lo hace nomás porque sí, te dicen porque hay algo, pero la fiscalía responde ‘no, es que tienes que estar segura´, pero ¿cómo chingados voy a estar segura si no sé a dónde se llevaron a mi hijo? Si yo supiera, pues yo lo buscaba”, dice Yessenia.
Saben de poblaciones en la Sierra Tarahumara donde “por miedo o por negligencia”, aunque cuenten con datos sobre un posible hallazgo, las autoridades no organizan búsquedas.
“Las familias han llevado información a las autoridades tanto de lugares donde puede haber fosas clandestinas como de personas involucradas en las desapariciones, y hacen caso omiso”, señala Lourdes. “No sabemos por qué. Desde que empecé, las familias tienen información, van y la llevan a los MP. Todas. No conozco a nadie a quien le hayan hecho caso”.
A cada una le ha tocado también experimentar cómo información crucial que les comparten los MP termina por no ser incluida en las investigaciones. Mirna recuerda que el agente que llevaba su caso le habló para decirle que habían encontrado unas piezas de la camioneta en la que viajaba su hijo Eudor Osiris, desaparecido el 30 de noviembre de 2013 en la población de Vicente Guerrero. “Y cuando fui a Cuauhtémoc lo negó, dijo que no, que él no me lo había dicho”.
A Yessenia le contaron que una cámara había grabado un vehículo en una caseta de cobro en el que se veía a los captores con su hijo Tony, de 28 años, desaparecido con otras seis personas el 29 de agosto de 2015 en la comunidad Le Barón, municipio de Galeana. “No sabía yo que me tenían que dar copia del expediente. Se me llenó el corazón de dolor. Después, cuando llegué, dije ‘a ver’, pero claro que no venía asentado. No lo pusieron”.
Cuando les propuso hablar a un teléfono que, según le dijeron, pertenecía al jefe del grupo criminal de la región donde desapareció su hijo, le pidieron que no lo marcara, que era peligroso, pero en la fiscalía ni lo investigaron ni llamaron.
“¿Cómo que no [iba a marcar]? A lo mejor un día contesta y me doy una idea. Hasta que ya no timbró. Como seis meses ese teléfono estuvo activo. Marcaba y marcaba… yo con ganas de que me dijeran: ‘Bueno, ya no esté chingando, en tal lado lo tenemos’, pero no, y le decía a los de la fiscalía y nada. Hubo muchas cosas que pudieron hacer y no las hicieron, porque yo no sabía que era mi derecho [tener una copia del expediente], hasta que entró un nuevo comandante y me empezó a entregar todo lo que hacían. ¿Y qué habían hecho? Nada”.
Tras la desaparición de su hija, Lourdes recibió muchas amenazas, porque estaban militares y policías estatales involucrados. Cuando vio la grabación de cómo se llevaron a Pamela, pudo identificar dos camionetas: una Dakota y una Jeep Liberty con una calcomanía.
“Entonces”, narra, “me fui a donde estacionaban los MP en la fiscalía, y [las] encuentro. Busqué a una persona, le pagamos 15,000 pesos, me parece, para que me dijera quién las traía, porque estaban ahí en la fiscalía la Liberty y la Dakota. Entonces voy y entrego los nombres, no pasa ni una semana cuando me pasa eso de la encajuelada”.
Lourdes fue secuestrada por dos personas en 2010. Golpeó tan fuerte la cajuela en que la metieron que se abrió a medio camino, llamó la atención de quienes la rodeaban y los conductores se detuvieron para sacarla y arrojarla a la carretera, dislocándole un hombro. “Si nosotros llevamos la información, nos pasan cosas o nos amenazan. Y te dicen ‘pues es que ya no se meta, ya no digan nada´, es que ‘señora, nosotros la vamos a buscar’, y luego regresas y preguntan: ‘¿qué me trae de nuevo?’”.
‘Solamente una sabe lo que trae’
Mirna busca a su hijo Eudor Osiris, desaparecido a los 30 años. Cuenta que unos “malandros” lo detuvieron en un retén; volvía con su amigo Rigo Córdova Ponce de Nuevo México, donde tuvieron un altercado y los persiguió la policía. Cuando les marcaron el alto en el poblado de Santo Tomás, asegura, ya los esperaban, tenían el nombre de los dos.
“Me acuerdo que ese año nevó mucho y yo me mantenía llorando porque decía ‘¡ay, pobrecito mijo!’, dónde me lo dejarían tirado y cayéndole la nieve. Es muy feo. […] Hay gente que la juzga a una, o dice que su hijo andaba mal, por eso le pasó esto, dicen cosas hasta de una, que está toda loca, o si te ven riéndote dicen ‘no, pues ni su hijo le puede’, pero solamente una sabe lo que trae. Muchas veces estamos riéndonos, pero pensamos ‘mijo, ¿dónde estará?, ¿comería?’. Muchas cosas piensa una”, dice Mirna.
Las madres hablan con naturalidad de los “remanentes”, los restos óseos que se recuperan de las fosas clandestinas. Se han vuelto expertas en muestras de ADN, en la contaminación de los materiales. “Un remanente chiquito”, señala Lourdes, “tienen que ser bien cautelosos para no perderlo, pero un hueso grande pueden hacerle varias pruebas sin ningún problema. Luego depende de qué tan quemado esté”.
A Idalia Gutiérrez le entregaron más de una decena de remanentes de su hijo Amir Gutiérrez, desaparecido a los 30 años el 1 de julio de 2011. Salió a comer una carne asada y no regresó; mecánico de profesión, era padre de una niña y un niño pequeños. Encontraron sus restos en Rancho Dolores, municipio de Cuauhtémoc, entre otros cuerpos quemados. Primero hallaron la hebilla en la que su madre había escrito el nombre de Amir; luego, con ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense, pudieron identificar sus huesos.
“Eran tres remanentes [en 2016]. Te daban la opción: o le hace un funeral a esos tres remanentes o los deja en el C4 [de la Secretaría de Seguridad Pública estatal] hasta un nuevo rastreo. Yo pensé: si agarro los tres remanentes, los enterramos y al año que vuelvan encuentran más, ¿otra vez eso? Es pesado. Decidí dejarlos un año. Cuando volvieron, primero eran tres, [luego] fueron quince o dieciséis paquetes de remanentes. Dije ‘gracias, Dios mío, porque me iluminaste’. Ya cuando fueron demasiados hice el funeral, por cierto que la fiscalía de Cuauhtémoc pagó todo eso”.
La sala de la funeraria se llenó de coronas de flores, recuerda Idalia, que estuvo acompañada por sus familiares y amigos de Chihuahua y de Estados Unidos. “Nos fuimos al panteón. Ya estaban esperándonos, llegamos y luego luego. Pero no estaba tan alto el hoyo, porque pues para qué más abajo, era una cajita chiquita porque en una urna no cabían”.
Aunque le entregaron los huesos de Amir, a Idalia le cuesta creer que realmente sean los restos de su hijo. Imagina que trabaja en un taller mecánico y espera que un día toque en la puerta de la casa donde vive, lejos de la ciudad en la que residieron juntos.
En 2023, el Día Nacional de la Familia se celebró el 5 de marzo; las madres volvieron a marchar hasta el Palacio de Gobierno con las fotografías de sus hijas e hijos desaparecidos y con aquellas que eran solo una silueta vacía. De nuevo, ninguna autoridad salió a su encuentro. Este año decidieron hacer algo diferente: con sillas vacías bloquearon la calle frente al Palacio de Gobierno y pintaron huellas amarillas en la banqueta.
Pese a que han tenido reuniones con el fiscal general César Jáuregui, gracias a la gestión del CEDEHM, ninguno de sus casos ha tenido avances, y ellas mantienen las mismas críticas: no hay investigación, no hay búsquedas, no hay transparencia, no hay presupuesto.
“Lo principal [para nosotras] es la visibilización de los casos. Ya los desaparecieron una vez, los intentó desaparecer otra vez la fiscalía, y ahora nosotras no los queremos desaparecer de la sociedad”, subraya Lourdes.
Y Yessenia agrega: “Mientras nuestro corazón no deje de latir, no vamos a dejar de buscarles”.
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*Raúl Fernando Pérez Lira (Chihuahua, 1991) es fotógrafo y periodista. Con su trabajo busca explorar, documentar y exponer la realidad social, así como los esfuerzos de las personas por llevar una vida digna.
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