na semana después de que Santa María Ostula celebrara la recuperación de sus tierras, integrantes del crimen organizado atacaron la comunidad a balazos. Un recordatorio de que la autonomía se defiende, y los territorios están en disputa
Por Alejandro Ruiz con información de Heriberto Paredes / Pie de Página
Fotos: Heriberto Paredes
Ciudad de México– Desde las tres de la tarde de este 3 de julio los balazos comenzaron a escucharse en la encargatura de La Cofradía, perteneciente a la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán.
A partir de ese momento, la Guardia Comunal de Ostula aplicó los protocolos de resguardo en la comunidad, donde habitan, mayoritariamente, mujeres, niños y personas de la tercera edad. Después, comenzaron a repeler el ataque.
Sin embargo, los embates de los grupos criminales aumentaron en intensidad, y comenzaron a disparar armas de grueso calibre contra escuelas y casas. También lanzaron explosivos usando drones. Uno de esos explosivos cayó sobre la cancha de la comunidad.
Este asedio no es nuevo en Ostula, pues meses atrás, el 1 de febrero, 50 personas atacaron la comunidad, incendiando mobiliario e hiriendo a un integrante de la Guardia Comunal.
Avisaron a las autoridades federales y estatales. Pidieron que llegara la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina o la policía, pero no llegaron. Esto, aunque en un municipio cercano, en Coalcomán, se encuentra el 65 Batallón de Infantería de la Sedena, así como diversas bases de la Marina y la Guardia Nacional.
Si embargo, durante toda la madrugada, ninguna de estas corporaciones llegó a la comunidad, quienes pasaron la noche entre balazos y detonaciones, pues los grupos criminales nunca se quedaron sin municiones para continuar los ataques.
Llegaron hasta la tarde del 4 de julio, concretamente personal del 65 Batallón de Infantería, bajo las órdenes del coronel Dámaso Solis, acompañados por dos camionetas de la Guardia Nacional. Se presentaron formalmente ante las autoridades de la comunidad de Ostula y explicaron el trabajo que realizarían para replegar a los miembros del CJNG que estuvieron atacando a la comunidad. Eran poco más de 100 elemento fuertemente armados, quienes trabajarán junto a la Guardia Comunal.
El asedio a Santa María Ostula
Los ataques contra Santa María Ostula no son nuevos, sin embargo, en las últimas semanas se han intensificado.
Los motivos de este asedio no sorprenden a nadie, pues Ostula, además de tener unas hermosas playas, también es rico en recursos minerales como el hierro, oro y titanio. Además, es un poblado que comunica distintos puntos de la sierra-costa michoacana, muy cercano a Colima y Jalisco.
Es decir, el asedio a Ostula es para despojar del territorio a los comuneros. El mismo que recuperaron el 29 de junio de 2009, cuando decidieron armar su Guardia Comunal y expulsar a los Templarios, el grupo criminal que controlaba la zona.
La historia es así:
A mediados del siglo XX, migrantes provenientes del sur de Jalisco, Colima y otras zonas de Michoacán comenzaron a invadir la zona de “La Placita”, perteneciente al territorio ancestral de la comunidad nahua de Santa María Ostula.
De acuerdo con los testimonios que integran la investigación Tierra de Xayacates, realizada por el periodista independiente Heriberto Paredes, la población mestiza que ocupaba el territorio de Santa María Ostula despreciaba mediante a las y los indígenas nahuas de la costa-sierra michoacana.
La comunidad originaria entonces comenzó a organizarse para la recuperación de tierras; y en la década de los cincuenta presentaron una demanda agraria en donde exigían el reconocimiento de las 25 mil 580 hectáreas que comprenden el territorio de Santa María Ostula desde hace siglos.
Los tribunales, sin embargo, no reconocieron el derecho a la comunidad a tomar posesión de su territorio; y comenzó una disputa legal que hasta el momento no ha cesado.
Desde ese momento, la comunidad ha vivido bajo asedio. Primero de Los Templarios, después de La Familia Michoacana, y más recientemente del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De 2009 a 2014 se contabilizaron 35 personas asesinadas –entre ellas dos menores de edad– y la desaparición de seis más. Todas ellas habitantes de la comunidad, la mayoría dirigentes, maestros o autoridades comunitarias.
Una zona en conflicto
Días antes de estos ataques, el 29 de junio, la comunidad de Santa María Ostula celebraba el aniversario de la recuperación de sus tierras.
Lo hicieron con un acto solemne, bailes y comida. Festejaban su autonomía.
Dos días después, el 1 de julio, una noticia comenzó a augurar una nueva oleada de violencia: el asesinato de la hija de Cemeí Verdía, exlider de la comunidad acusado de traición, pues se le identifica como dirigente de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región, e inclusive, como responsable directo de los últimos ataques, y de las desapariciones y asesinatos que han ocurrido en los últimos meses en la región.
Junto a Cemeí, los pobladores de Ostula acusan directamente a Agustín Villanueva Ramírez, Leonardo Bravo, alías Gorra Prieta, Vicente Villanueva Ramírez, Silvano Mercado Cervantes, alias Quirrin, Guillermo Francisco Cruz, alias Picolin, y Refugio Alcalá Alcalá, alias Cubano. Todos ellos, dicen, son integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, achacar todo a Cemeí y el Cártel Jalisco Nueva Generación sería no ver el mapa completo: la disputa por los minerales de la región.
Un factor clave en la ecuación es la minera Ternium y su filial «Las Encinas».
La minera, que tenía concesiones en Huitzontla (un poblado vecino a Ostula) ha estado en el foco durante los últimos meses.
Primero, por su presunta relación en la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, defensores del territorio en Aquila que se oponían a las actividades de la minera.
Así como a Eustacio Alcalá Díaz, quien fue uno de los firmantes en la demanda de amparo, interpuesta por Huizontla, en contra de la expansión de la minera Ternium. También se señala a esta empresa de contratar al grupo criminal para completar la eliminación de opositores a sus intereses, y en este sentido Ostula denuncia al CJNG como responsable en el asesinato de 6 comuneros entre enero de 2023 y mayo de 2024.
Pero también, por su relación en el asesinato de Higinio Cruz, un abogado defensor de una comunidad de Jalisco que también se oponía a una filial de la minera argentina que, según dijo el Consejo Coordinador Empresarial, prevé inversiones de más de 40 mil millones de dólares en México para 2025.
Hasta ahora, ninguno de éstos crímenes se ha esclarecido, y tampoco se han desmantelado los grupos del crimen organizado que, como acusan los comuneros de Ostula, trabajan al servicio de la minera para despojarlos de su territorio.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
