El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas abrió una investigación sobre el caso del campo 35 y en las mesas del Plan Justicia en la Sierra Tarahumara han denunciado más casos porque la explotación laboral en campos agrícolas es recurrente
Por Karla Quintana / Raíchali
Chihuahua.- Un grupo de 60 jornaleros rarámuri, entre ellos menores de edad, denunció ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), explotación laboral y falta de pago por el empleador Juan M., quien los llevó a trabajar por dos meses en el Campo 35 de Ahome, Sinaloa.
Las personas jornaleras pidieron ayuda al Centro coordinador de Turuachi (municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua) del Instituto para los Pueblos Indígenas para regresar a sus comunidades, y a su vez, éste solicitó el apoyo de la delegación de la dependencia federal en Sinaloa.
Entre las personas explotadas hay niñas y niños de edades entre los 10 meses y los 17 años, quienes resultaron afectados por la situación.
Este caso es uno de muchos que se registran en el estado de Chihuahua, por abusos y exclavitud de jornaleros indígenas principalmente, dio a conocer la directora del Centro coordinador de Turuachi (municipio de Guadalupe y Calvo) del Instituto para los Pueblos Indígenas (INPI) del gobierno federal, Patricia Martínez Esparza, en entrevista con Raíchali.
La funcionaria dijo que los empleadores “enganchan” a las personas de las comunidades con la promesa de trabajo y de regresarlas con seguridad una vez que concluyan.
Y es que se han reportado casos similares en regiones como Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Cuauhtémoc, Delicias, entre otras, de acuerdo con Martínez Esparza.
Los denunciantes señalaron que el contratista identificado como Juan “M”, sólo quería darles 4 mil pesos a los jornaleros, debido a una supuesta deuda con “Rodo”, dueño de la “cuartería”, es decir, por su hospedaje y alimentación.
Las instalaciones fueron revisadas por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (Sebide) que observó que la cocina estaba inhabilitada y se veían obligados a comprar en la misma tienda que tenía el empleador, de acuerdo con medios de esa entidad federativa.
Al darse cuenta que los jornaleros habían denunciado, el productor agrícola decidió movilizarlos. Juan M. levantó a los jornaleros durante la madrugada para trasladarlos a ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, agregó Patricia Martínez.
Del grupo jornalero, 60 personas decidieron ser trasladados y el resto se quedó en el Campo 35, ya que el gobierno de Sinaloa les entregó apoyos.
Una vez que llegaron a Cuauhtémoc, permanecieron en el Centro de Desarrollo Comunitario, a donde llegó la Fiscalía Zona Occidente para conocer la situación y verificar si fueron víctima de algún delito.
Patricia Martínez informó que iniciaron una investigación sobre la denuncia presentada por los jornaleros y están tomando medidas para evitar que situaciones similares se repitan.
El INPI, aseguró, busca garantizar que aquellos jornaleros que deseen reunirse con sus familias en comunidades como Urique, San Juanito y Temósachic reciban el apoyo necesario para llegar a sus destinos de manera segura.
Además, en las mesas de diálogo que se presentan con el INPI a través del Plan Justicia de la Sierra Tarahumara, se ha abordado la situación de personas jornaleras agrícolas en situación y se ha evidenciado que la explotación laboral es más común de lo que se piensa.
En esas mesas, las comunidades han expresado su preocupación por los jóvenes que salen a trabajar fuera de su comunidad porque además, van perdiendo su cultura y costumbres.
El comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó al respecto, que las personas jornaleras llegaron a Cuauhtémoc abordo de dos camiones procedentes de Los Mochis, Sinaloa, y denunciaron que trabajaron con un productor agrícola en el Campo 35 en Ahome, Sinaloa.
“Indicaron que el patrón decidió cerrar y mandarlos de regreso a su lugar de origen en esta ciudad de Cuauhtémoc, por lo que se procedió a entrevistar a las personas y realizarles exámenes médicos para llevarlos luego a un desayunador”.
La Fiscalía solicitó apoyo de diferentes instancias de gobierno estatal y del Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
Los gobiernos priorizaron el apoyo a las niñas, niños y adolescentes, en alimentación, dotación de leche, pañales, toallas húmedas, entre otros artículos.
“Algunas de las personas manifestaron que buscarían viajar todavía hacia otras localidades para llegar con sus familiares en comunidades como Urique, San Juanito y Temósachic, por lo que también se buscará el apoyo para retornarlos a sus núcleos familiares”, informó la Fiscalía.
***
Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
