Cuando hay obstáculos para legislar, para desenvolver e implementar derechos como el aborto a través de las políticas de salud, cabría preguntarse, ¿por qué la necedad de seguir imponiendo la maternidad de manera forzada?
Por Mariela Castro Flores
@marielousalomé
La semana que recién concluye, se despenalizó en Puebla el aborto convirtiéndose en la entidad 14 en despenalizarlo vía legislativa, a la que se suma Chihuahua como la 15 que lo consiguió por mandato judicial tras largos dos años de litigios estratégicos a partir de amparos colectivos. Este hecho reivindicativo de derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar nos vuelve a poner sobre la mesa la necedad de ciertos grupos para no reconocer dignidad y libertad para la toma de decisión con narrativas que a pesar del avance de la historia y los tiempos que corren, no evolucionan.
Lo preocupante es que en su mayoría tienen representación legislativa y una voz pública que cada vez más con más furia replican prejuicios, promueven discursos de odio y motivan como argumentación desinformación apoyada en fundamentalismos religiosos con la que buscan generar conexión con personas afines a sus criterios, más allá de la consideración de que el reconocimiento de los derechos humanos y su garantía son obligación del Estado, para los que no tendrían que tener atravesadas creencias ni espiritualidades, porque al gobernar e implementar política pública se hace para todas las personas independientemente de su credo o profesión de fe, tomando en cuenta la diversidad cultural y religiosa.
Los discursos antiderechos en el debate legislativo en Puebla no distan de lo expresado por las autoridades en Chihuahua a la hora plantearse la implementación del aborto ahora que es legal. Siguen, por ejemplo, exigiendo cuentas sobre cuántas mujeres están en prisión por abortar o cuántas se mueren por abortos inseguros, cuando en la realidad eso ya no sucede gracias al titánico trabajo de las redes de acompañamiento de aborto autoprocurado que en contextos de clandestinidad han realizado la labor que le corresponde al estado garantizando abortos libres, seguros, libres de estigma y de violencia obstétrica bajo el criterio y lineamientos de la Organización Mundial de la Salud OMS y el FIGO, que es la Federación Internacional de Gineco-obstetricia, máxima entidad a nivel internacional de la especialidad.
Y no es que en México no esté sucediendo nada. Ante el avance de la despenalización del aborto a nivel nacional y que seguro seguirá su marcha, el gobierno federal desde hace años comenzó a tejer políticas en materia de salud para atender procedimientos de aborto de forma legal –bajo ciertas circunstancias de acuerdo a las entidades federativas–como la NOM-046 que es la norma oficial mexicana para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la cual establece que en caso de embarazo por violación las instituciones deben interrumpir cuando se solicita de manera voluntaria, esta es de aplicación para todo el país. Por otro lado, existe el Programa de Acción Especifico, Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024, que incluyó por primera vez estrategias y acciones puntuales para garantizar el aborto seguro, dotando con unidades para este fin a todos los estados de la república, incluido el nuestro.
El Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México establece criterios básicos de atención en las unidades de salud para brindar servicios oportunos y resolutivos para quien así lo requiera y finalmente, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud ha emitido una Opinión Técnica Consultiva sobre Aborto para todo debate legislativo en los congresos locales tomando en consideración los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Es de extrañar entonces, la ignorancia e inquina de legisladores que se niegan a trabajar para conseguir derechos, al contrario, al asumir posturas tan absurdas como legislar solo para remediar males y problemáticas sociales en vez de prevenirlas, podemos preguntarnos, ¿con cuánta discriminación, violencia, abusos, agravios, desigualdad, exclusión e incluso muertes justifican sus posturas? Según su lógica antiderechos ¿cuántas mujeres, adolescentes y niñas necesitan que mueran o quieren en la cárcel para acceder a legislar? ¿Realmente existe un número? Desde luego que no.
El real asunto es que no se trata de remediar problemas, es colocar la autonomía reproductiva al centro, es cumplimentar con acciones que se plasmen en la ley el artículo 4° constitucional, es dotar del principio más democrático que existe -la laicidad- toda toma de decisión legislativa y política a la hora de construir ciudadanía.
De eso va el derecho a decidir: no solo de abortar, sino de considerar que se puede abortar si se decide en las mejores condiciones con un trato digno y libre de violencia por parte de las instituciones, para este y todos los ámbitos de la vida. Que haya condiciones de una vida digna para quienes estamos y las y los que vendrán, que también es un asunto que nos involucra y tiene que ver más con la realidad, más allá de interferir en decisiones tan intimas como resulta el proyecto de la maternidad.
Cuando hay obstáculos para legislar, para desenvolver e implementar derechos como el aborto a través de las políticas de salud, cabría preguntarse, ¿por qué la necedad de seguir imponiendo la maternidad de manera forzada?
Independientemente de a quién le beneficia o por qué la imposición, dudo mucho que sea mandato divino o designio de dios.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
