El sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado, entre otras cosas, por el incremento desmedido en el presupuesto público de las Fuerzas Armadas. De 2018 a 2024, el dinero que se aprobó para la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó un 142 por ciento* mientras que el de la Secretaría de Salud se redujo un 40 por ciento*. ¿De qué manera se refleja esta desigualdad en las vidas de las personas, especialmente las mujeres?
Por Mariana Mora / @rataquerueda
Ilustraciones por Ivanna Orozco / @itzsquiggles (IG)
Zona Docs
Cuando Ireri Marám quiso meter a su hija a una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo que esperar. Era 2017, Ireri trabajaba en la coordinación general de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, su bebé tenía alrededor de seis meses y no había lugar disponible para ella. Para seguir trabajando, dejaba a su hija al cuidado de su mamá, que también trabajaba. Casi un año después, pudo inscribirla en la Guarderías IMSS Kitty Y-0018, una de las pocas Guarderías Integradoras que reciben a infancias con discapacidad.
La hija de Ireri tiene síndrome de Down y siete años de edad. “Es muy hiperactiva y juguetona”, cuenta su mamá. Su paso por la guardería pública contribuyó en el desarrollo de su autonomía. “Los ayudan mucho a adaptarse, para que puedan empezar a desarrollar habilidades como comer solos, caminar, ejercitarse, hacer pipí, lavarse los dientes. Les ponen las mismas metas que a los niños sin discapacidad”, describe.
Uno de los derechos laborales de Ireri como madre trabajadora es el acceso a una guardería para su hija y el IMSS es la instancia encargada de garantizarlo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, las infancias tienen derecho al cuidado y a gozar de los beneficios de la seguridad social; pero los primeros meses de su vida, la bebé de Ireri no tuvo estos derechos garantizados.
En 2017, cuando Ireri tuvo que esperar para acceder a una guardería porque no tenían capacidad, en México había mil 363 guarderías atendiendo a 190 mil 829 infancias, de acuerdo con datos del IMSS. En 2023 hubo mil 291 guarderías y 179 mil 506 infancias atendidas, es decir, 5% menos que seis años atrás.
La organización México Evalúa ha documentado una reducción del financiamiento de las Guarderías del IMSS desde 2013. “Lo que hemos visto es que al momento de disminuir [el presupuesto] se han afectado el número de guarderías disponibles, el número de niños atendidos y también el gasto per cápita por infante”, explica Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización dedicada a la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental.
En contraste, el presupuesto de las Fuerzas Armadas -Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR)- solo ha incrementado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el dinero dirigido a la SEDENA ha crecido un 322%* desde 2006 y el de la SEMAR un 232%*, en parte porque a partir de ese año estas dependencias comenzaron a realizar tareas de seguridad pública en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” del ex presidente Felipe Calderón.
Pero también han tenido un incremento exponencial durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por las tareas que fueron asignadas a estas instituciones en las obras multimillonarias del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, en este reportaje nos limitaremos a exponer el presupuesto que las Fuerzas Armadas concentran en materia de seguridad, los resultados que han tenido hasta ahora y cómo esto afecta a las mujeres.
En 2024, sólo para la “operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas”, estas dependencias cuentan con un presupuesto de más 30 mil millones de pesos, casi el doble del presupuesto que se estipuló para los Servicios de Guarderías del IMSS en todo el país.
En México hay 10.3 millones de infancias de 0 a 5 años con necesidades de cuidado, según los datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2022, pero con las guarderías del IMSS disponibles en el país solo el 1.74% de ellas tendría un cupo. Harían falta alrededor de 73 mil guarderías para garantizar el cuidado de estas infancias.
La ficha del programa para la “operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas” señala que su función es “contribuir al resguardo de la seguridad pública del país” y un indicador de éxito es la disminución de la incidencia delictiva; sin embargo, desde 2020 -que fue cuando se incluyó este programa por primera vez en el presupuesto- a la fecha, la incidencia delictiva de delitos contra la vida y la integridad corporal -que incluyen homicidios, lesiones y feminicidios- aumentó un 21.88% en el país pasando de un promedio mensual de 19 mil 775 casos en 2020 a uno de 24 mil 104 en 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aún sin resultados positivos, cada año Hacienda y, posteriormente, la Cámara de Diputados, aprueban un mayor presupuesto para las Fuerzas Armadas y menor para otras dependencias y sus programas. Muestra de ello es que, de 2018 a 2024, el dinero dirigido a la comunicación social y publicidad de SEDENA y SEMAR subió un 433% pasando de 169 millones 877 mil pesos a mil 198 millones 049 mil pesos* , mientras que el del Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras en el Cuidado de sus Hijos -antes Estancias Infantiles- se redujo un 28.85% pasando de 5 mil millones 702 mil pesos a 3 mil millones 076 mil pesos*.
“La designación del presupuesto es una decisión política que se toma en base a las prioridades del gobierno en turno”, explica Ana Calderón, líder de incidencia de Intersecta, una organización feminista que trabaja para eliminar la discriminación en México. “Entre más grandes se hagan esas brechas [entre el presupuesto de las instituciones militares y civiles], las instituciones civiles son las que más pierden y sobre todo las dedicadas a atender las necesidades de las mujeres y de otras poblaciones: son las que quedan al último de la fila”, afirma Calderón.
En 2022 Intersecta publicó un informe que analiza los recursos y personal que se asignan a las Fuerzas Armadas desde una perspectiva feminista titulado “Dinero para reducir la violencia hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado”? En esta investigación encontraron, por ejemplo, que el presupuesto que ejercen las Fuerzas Armadas es superior al del Poder Judicial y el Poder Legislativo juntos. También analizaron cuántas personas laboran en estas dependencias y encontraron que la SEDENA es la segunda institución de la administración pública federal con más plazas asignadas en 2023: un total de 294 mil 080. “La Sedena tiene incluso más plazas que la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que la hace la secretaría con más plazas”, señala el documento.
Además, hay una diferencia importante entre las Fuerzas Armadas y otras secretarías, explica el informe, “la mayor parte de lo que ejercen Educación, Bienestar y Salud se le redistribuye a la población a través de recursos o servicios directos. En el caso de las Fuerzas Armadas, casi todo el presupuesto se invierte en sí mismas”.
“¿Realmente queremos seguirle dando presupuesto a gente que está, literalmente, entrenada para matar?” pregunta Ireri cuando se entera de la diferencia que hay entre el dinero público dirigido a las guarderías y el de las Fuerzas Armadas. “Esperemos que se deje de ver a la fuerza militar como héroes, los verdaderos héroes están criando y ayudando a las infancias. Para mí, que han ayudado a mi hija con síndrome de Down a poder alcanzar a las demás infancias sin discapacidad, yo tengo una deuda eterna con esas maestras”.
La seguridad que no llega
“El pueblo de México necesita de sus fuerzas armadas para atender este problema grave de la inseguridad y la violencia”, dijo López Obrador en la ceremonia de salutación a las Fuerzas Armadas el 02 de diciembre de 2018, un día después de haber asumido la presidencia.
Casi seis años después sabemos que su sexenio ha tenido más personas desaparecidas que los dos anteriores, con un total de 56 mil 818 víctimas, alcanzando así una cifra nacional de 115 mil 968 hasta el 30 de julio de este año, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y un total de 297 mil 570 personas asesinadas, de acuerdo con el SESNSP. Al mismo tiempo, las personas más afectadas por la inseguridad y violencia que el presidente menciona también se encuentran relegadas en sus prioridades y esto se refleja en el presupuesto que se asigna a las dependencias que las atienden.
En 2024 se aprobaron más de 4 mil 800 millones de pesos para el Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública, lo cual es casi el doble de lo que se aprobó para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) juntas.
“Lo que nos dicen estos datos es que el Gobierno está apostando por la militarización muy fuertemente para atacar los problemas de seguridad y esto evidentemente tiene un enfoque punitivo y no tanto preventivo”, sostiene Jorge Cano, de México Evalúa.
Un ejemplo de esto es la diferencia entre el incremento que tuvo el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el sexenio de 18%* y el de la SEDENA, que fue de 142%*. Aunque durante la administración de López Obrador el contraste entre estas dos secretarías es mayor, ha sido la tendencia durante los dos últimos sexenios también.
“Se tiene el argumento de que para combatir el problema de seguridad necesitas invertir mucho más en el sector militar y entre mayor sea ese gasto, y la profesionalización militar de los elementos de seguridad, tendrás mejores resultados, pero hay muchísimos datos que nos muestran todo lo contrario”, declara Ana Calderón, de Intersecta.
Un ejemplo es el incremento de homicidios de mujeres a nivel municipal después de enfrentamientos en los que participaron las Fuerzas Armadas. Así lo documentó esta organización en un informe titulado “Las dos guerras” que analiza datos de enfrentamientos armados entre 2007 y 2018 en México.
Además, han estudiado la forma en que la militarización de la seguridad pública ha modificado las dinámicas de homicidios y feminicidios de mujeres: “en 2006, tres de cada diez eran asesinadas con armas de fuego, ahora son seis de cada diez; y hay estados, como Colima y Guanajuato, donde son casi ocho de cada diez”, evidencia el informe “Violencia de género con armas de fuego en México”.
Sin embargo, estos efectos no se limitan al asesinato. Las lesiones dirigidas a mujeres han aumentado un 8.29% en los últimos ocho años y las denuncias por violencia familiar se han duplicado a nivel nacional, pasando de 127 mil 424 en 2015 a 284 mil 203 en 2023, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese mismo rango de tiempo, las carpetas de investigación por violaciones han incrementado un 80% y las que el Secretariado registra como “otras violencias de género” han aumentado un 289%.
Pero aún si la violencia no es dirigida contra ellas, sus efectos las atraviesan, ya que suelen ser las mujeres quienes asumen la búsqueda de justicia, de un familiar desaparecido o del sostenimiento y cuidado del hogar. “Justo la violencia armada también duplica la violencia para las mujeres y duplica los trabajos que se necesitan para sostener la vida en municipios con situaciones de violencia grave”, explica Calderón. Es por esto que desfinanciar las comisiones que atienden a víctimas, repercute también en las mujeres alrededor de esas víctimas.
Pese a que la evidencia demuestra que la estrategia de seguridad militarizada no ha funcionado para reducir la violencia en el país, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado 23 de junio que apoyaría la iniciativa de reforma constitucional que envió su antecesor al Congreso en febrero para integrar la Guardia Nacional (GN) a la SEDENA.
Aunque esta reforma profundizaría la militarización de la seguridad pública al dotar de algunos rasgos militares a este cuerpo policiaco como el fuero militar, en la práctica el jefe de la Guardia es un general y sus integrantes son militares entrenados por la SEDENA.
Solo en 2022 y 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 15 recomendaciones a la Guardia Nacional por violaciones graves a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, uso ilegítimo de la fuerza, violencia sexual, privación de la vida y desaparición forzada cometidas por sus elementos.
Pese a ello, en 2024, el dinero que se asignó a la operación de la Guardia Nacional “para la prevención, investigación y persecución de delitos” fue siete veces más que lo asignado al Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas juntos.
“Nosotras, las mujeres, somos las más desprotegidas”
Lo primero que María Isabel sintió cuando le dieron la opción de ir a un refugio para mujeres víctimas de violencia, fue miedo. Le asustó dejar su casa, su pueblo, y trasladarse a la capital del estado. Después sintió esperanza, porque esa sería la forma de salir de la situación violenta en la que se encontraba. María Isabel no es su verdadero nombre, pero es el que usaremos para resguardar su identidad.
Llegó hace cuatro meses a un refugio en Pachuca, Hidalgo, que forma parte de la Red Nacional de Refugios (RNR). Fue derivada desde la instancia para mujeres de su municipio tras haber denunciado en más de una ocasión a su ex pareja por violencia familiar. Cuando por fin pudo salir de su casa, llevó a sus tres hijos con ella y hoy se encuentran a salvo en el refugio también.
“Nos ha ayudado mucho porque recibimos terapia mis hijos y yo. Nos han dado estrategias para que haya mejor comunicación con mis hijos y romper este ciclo de violencia”, cuenta María Isabel. Además del acompañamiento psicológico, en el refugio les dan cinco comidas al día, ropa, atención médica, acompañamiento jurídico, talleres de oficios para que puedan encontrar trabajo a su egreso y le ayudaron a inscribir a sus tres hijos a la escuela.
El refugio en el que se encuentra María Isabel es uno de los 121 que fueron beneficiados en 2024 por el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos de la CONAVIM. Este programa presupuestario es determinante para el sostenimiento de los refugios a nivel nacional. “Va dirigido para el 80% de la operación de los refugios”, sostiene Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios.
El apoyo sirve para solventar los honorarios del personal, alimentos, insumos de higiene personal y también de aseo de la casa. En los honorarios se incluye la atención psicológica, jurídica, psicopedagógica, capacitación para el empleo y el área médica. También de ahí se pagan los servicios básicos como luz, agua, teléfono, gas y gasolina para los traslados.
En 2023 la Red presentó un informe al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW, por sus siglas en inglés) que expone su análisis al programa de apoyo a los refugios. “Tras una importante caída del presupuesto en 2019, se dio una recuperación en 2020”, señala el documento, “sin embargo, en 2021 y 2022 se dieron reducciones una vez más contraviniendo el principio de progresividad en el gasto para los derechos humanos”.
El principio de progresividad se refiere a que el Estado debe conseguir que los derechos que se van garantizando a través del dinero público no se reduzcan, sino se amplíen, como lo propone la CNDH en el documento “Presupuesto Público y Derechos Humanos”.
Además de que el incremento al presupuesto del programa no es proporcional a la inflación -y eso encarece los costos de sostenimiento de los refugios-, el recurso está destinado solamente para diez de los doce meses del año y se suele entregar tarde, denuncia Wendy Figueroa. Esto afecta no solo a las usuarias de los refugios, ya que se reduce su capacidad de atención sin el recurso, sino también al personal, que son principalmente mujeres.
“Yo soy viuda, tengo a mi cargo a mi hija de 14 años y mi niño de seis y es muy estresante la incertidumbre de si va a haber recurso, si no va a haber o si van a cerrar el refugio” cuenta Elizabeth Ojeda, trabajadora social desde hace nueve años en el refugio donde se encuentra María Isabel. Desde 2020 no ha tenido un aumento salarial y es una constante trabajar sin salario por cinco o seis meses, hasta que llegue el recurso.
Además, su salario actual no alcanza los 9 mil pesos mensuales, mientras que para los militares, el promedio salarial en 2024 fue de 50 mil pesos al mes, de acuerdo con el Analítico de Plazas y Remuneraciones de la Secretaría de Hacienda.“Nosotras defendemos derechos y el derecho de nosotras como trabajadoras se queda al aire nada más”, sostiene Elizabeth.
En 2024, el presupuesto que se aprobó para transporte y viáticos de las Fuerzas Armadas es 3.6 veces mayor que el del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos. Pero además, durante el año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifica los presupuestos y terminan recibiendo menos dinero, aún cuando el Artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que “no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.
En 2023, el presupuesto aprobado para el programa de refugios fue de $463 millones 315 mil pesos pero terminó ejerciendo $433 millones 709 mil, es decir, 6.39% menos de lo que les habían asignado. Ese mismo año, la SEDENA gastó 28.72% más dinero del que le habían probado.
ZonaDocs contactó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cuestionar estas reducciones y las decisiones que toma en torno a la distribución del presupuesto, pero negaron la entrevista argumentando que solo pueden dar declaraciones después de la presentación del siguiente Paquete Económico, en noviembre.
Pese a las condiciones laborales en el refugio, Elizabeth Ojeda asegura que está enamorada de su lugar de trabajo. “Ser parte de un cambio para que ellas vivan una vida libre de violencia es bien satisfactorio”, dice con orgullo.
Por su parte, María Isabel está profundamente agradecida con el trabajo de Elizabeth y sus compañeras. Piensa que destinar tanto dinero más a los programas de las Fuerzas Armadas que al sostenimiento de los refugios es un error. “La sociedad ya vive en la violencia y nosotras, las mujeres, somos las más desprotegidas”, reflexiona María Isabel, “yo no sé qué sería de mi vida allá afuera”.
En deuda con las mujeres
“Es tiempo de mujeres”, afirmó Claudia Sheinbaum frente a cientos de miles de personas en el cierre de su campaña, “les digo a las jóvenes, a todas las mujeres de México, compañeras, amigas, hermanas, hijas, madres, abuelas: no están solas”.
Sin embargo, esta promesa no se ve traducida en un cambio de estrategia, al menos desde las finanzas públicas. En los pre-criterios para el Paquete Económico de 2025, la desigualdad entre los programas que benefician directamente a las mujeres y los que acentúan la militarización de la seguridad pública mantienen la tendencia de los últimos años. Aunque este documento aún no tiene las cifras que deberán ser aprobadas por la Cámara de Diputados, podemos ver los estimados que Hacienda plantea para el año que viene.
“Por un lado, vemos propuestas que le apuestan al género y en términos de desigualdades, pero no vemos muy claro cómo se van a sostener del presupuesto”, opina Ana Calderón sobre el proyecto político de Sheinbaum, “y por el otro lado, vemos toda la intención de sostener y fortalecer a la seguridad armada”.
Entre las propuestas que plantea en su documento “100 pasos para la Transformación” se encuentra la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, una de “las grandes deudas con las mujeres”, según coinciden las especialistas consultadas por ZonaDocs; sin embargo, hasta el momento no hay indicios de un plan de financiamiento para llevarlo a cabo.
En 2020, la Cámara de Diputados avaló una reforma constitucional para garantizar el “derecho al cuidado digno” a través de la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, pero desde entonces permanece a la espera de su aprobación por parte del Senado. Y es que, aunque han avanzado otras iniciativas en esta materia -como las reformas a la Ley General de Desarrollo Social que reconocen el derecho al cuidado-, hay poca voluntad política para dirigir recursos públicos a su financiamiento.
De acuerdo con un estudio que realizó ONU Mujeres México en colaboración con el INMUJERES en 2020, un sistema de cuidados infantiles universal, gratuito y de calidad tiene un costo anual promedio de 1.16% del PIB de 2019, lo cual ha sido usado como argumento para excusar su postergación. Sin embargo; este mismo estudio sostiene que el gasto también conllevaría un aumento del valor de la producción promedio anual de 1.77% y del empleo promedio anual de 3.9% con respecto a la población ocupada del 2019.
En México hay 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados y tres de cada diez de ellas no los reciben, de acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados de 2022 del INEGI. Además, son las mujeres quienes realizan la mayor parte de los cuidados y les dedican, en promedio, 37.9 horas semanales.
“Nos parece primordial que estos programas sean una prioridad nacional ya que se ha comprobado que tienen un gran impacto para el fortalecimiento y el empoderamiento de las mujeres”, sostiene Jorge Cano refiriéndose a los programas de guarderías y apoyos a madres trabajadoras.
Pero para poder hacer del Sistema Nacional de Cuidados una prioridad no basta con redirigir el presupuesto que se aprueba cada año, sino también ampliarlo. El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que “a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso”.
No solo cada vez se dirige más dinero público a las Fuerzas Armadas, sino que además México es uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos dinero recauda a través de los impuestos y se encuentra 4.6 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe, según las estadísticas tributarias de 2024.
“Entonces, una reforma fiscal es una de las cosas que más urgen tanto para fortalecer al Estado en la forma en la que recauda, mirando hacia las personas que más acumulan la riqueza”, explica Calderón al respecto. Se refiere al 10% más rico de la población en México, que es el que más deduce impuestos, de acuerdo con el informe de Renuncias Recaudatorias de 2024 de la SHCP.
En 2023, Intersecta publicó un informe titulado “Redistribución, justicia fiscal y género en México” en el que estiman que fortalecer la recaudación de dinero público a través de los impuestos y redirigirlo a programas y políticas que tengan una perspectiva de género podría contribuir a reducir las brechas de desigualdad.
Además, forma parte de la Alianza por la Justicia Fiscal, un grupo de organizaciones e instituciones que busca generar espacios de diálogo y acción “hacia una reforma fiscal que reduzca y repare las brechas de desigualdad y aumente el financiamiento disponible para fortalecer las instituciones públicas, garantizar derechos e impulsar el desarrollo sostenible”, de acuerdo con su sitio web.
Su propuesta sostiene que con los ingresos adicionales recaudados se podría construir un sistema de cuidados universal, gratuito y de calidad, aumentar la calidad y cobertura de los servicios públicos de salud y extender el horario escolar a una jornada completa, por mencionar algunos.
Hasta el momento no hay ninguna iniciativa de reforma fiscal por parte del Poder Legislativo, pero el impulso que surge de la sociedad civil podría materializarse en una propuesta que llegue al Congreso de la Unión.
Si Sheinbaum quiere saldar esa deuda que se ha ido acumulando con las mujeres, redirigir el dinero público para la militarización de la seguridad pública hacia los cuidados puede ser un primer paso. “Esa asignación de presupuesto muchas veces se ve como una cosa muy compleja porque involucra muchos actores”, opina Ana Calderón al respecto, “pero también militarizar la seguridad es muy complejo e involucra muchos actores, ¿no?”.
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*Todas las cifras del reportaje que no son del 2024 fueron deflactadas para poder compararse contemplando la inflación.
Acá puedes encontrar los datos presupuestarios analizados para este reportaje.
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“Este informe ha sido redactado y elaborado en el marco de un programa de formación periodística impartido por la Fundación Thomson Reuters. El contenido es responsabilidad exclusiva del autor y del editor”. Fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
