La justicia abierta feminista es una propuesta amplia, pero en realidad básica, que apuesta a reconceptualizar y romper paradigmas, uno en especial: el de una sola justicia que gesta y reproduce relaciones patriarcales
Por Celia Guerrero
X: @celiawarrior
Para nada es noticia que, por más polémica, foros, modificaciones y acciones en contra, una reforma constitucional al Poder Judicial Federal en México parece inevitable. La discusión política —que pretenden sea la única— está fija en su núcleo: el cambio significaría instaurar el método de elección popular de jueces, magistrados y ministros, dejando atrás el modelo de ascenso a través de cursos y exámenes. Sin embargo, dada la importancia colosal en términos sociales de una reestructuración, conviene analizar las propuestas con lupa y rescatar reflexiones planteadas hace tiempo y desde distintas trincheras para la mejora de un sistema judicial sin duda injusto.
Con tanto ruido al rededor del tema, también conviene la sensatez y reconocer que es una discusión compleja y especializada que necesita desmenuzarse de a poco y popularizarse. Yo he decidido concentrarme en una propuesta: la de las mujeres que han estudiado las problemáticas del sistema y convocan a repensar desde la raíz —incluso— el concepto mismo de la justicia, preguntándose, ¿cómo desmantelar las fábricas de injusticias? Su respuesta: a través de una reforma judicial feminista.
En medio de las discusiones sobre la serie de reformas constitucionales de Andrés Manuel López Obrador denominadas Plan C, la organización social EQUIS Justicia para las Mujeres inició una campaña por un #PlanA y publicó el documento titulado, precisamente, Reforma Judicial Feminista: Desmantelar las fábricas de injusticias, en el que la directora Fátima Gamboa Estrella invita a un análisis de lo propuesto desde una mirada crítica y feminista.
Además de identificar “una serie de puntos ciegos en el Poder Judicial”, Gamboa Estrella plantea que una transformación de las instituciones judiciales en México es necesaria, controles anticorrupción, reducción de salarios, etc. Pero las propuestas de López Obrador no consideran una prioridad el acceso a la justicia para la mayoría de la población ni las condiciones de desigualdad actuales. Por eso EQUIS propone un modelo de justicia abierta “con apellido” feminista, porque desde esta postura es desde donde han examinado los poderes judiciales durante más de 12 años.
“Los tribunales del país son una fábrica institucionalizada de injusticias”, afirma contundente. “Hemos advertido en nuestros informes que juezas y jueces en México reproducen, en ocasiones, los sistemas de discriminación, juzgan sin perspectivas interseccionales de derechos humanos y no cuentan con los conocimientos necesarios para sentenciar aplicando estas herramientas de derecho”, apunta Gamboa Estrella.
Pero la votación popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal no es una solución. De hecho, la consideran un riesgo para la impartición de justicia debido al “alto grado de desinformación” ciudadana sobre lo qué es y qué hace una persona juzgadora en México. El 76 por ciento de las personas no sabían qué era el Poder Judicial ni quién es la autoridad encargada de impartir justicia, de acuerdo a un sondeo que realizó EQUIS en 2015.
La exposición de Gamboa Estrella advierte también que las propuestas presidenciales omiten poner foco en las instituciones de justicia local, que concentran 7 de cada 10 asuntos que ingresan al sistema. Solo 3 serán resueltos en la justicia federal y 2 de cada mil llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explica.
Rescata que, después del derecho a una vida libre de violencia, el acceso a la justicia es el segundo derecho humano que las mujeres consideran poco o nada respetado, así respondió el 70 por ciento de las encuestadas en 2022 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Entonces, si nos concentramos solo en lo propuesto desde la cúpula, sin las consideraciones de cómo funciona en realidad el sistema judicial, estamos fallando en enfocar tanto el lugar donde se concentran los problemas, como el hecho de que cualquier reforma que plantee una transformación debería crear o mejorar las condiciones para garantizar el acceso a la justicia.
A esas condiciones EQUIS le llama justicia abierta feminista, una que requiere de por lo menos 10 acciones o puntos, de los cuales destacan: simplificar y agilizar procesos de justicia para todas las personas; que los poderes judiciales tengan apertura, transparencia y cercanía a la población, que garanticen mecanismos de participación ciudadana; territorializar la justicia, entre otras necesidades.
La justicia abierta feminista es una propuesta amplia, pero en realidad básica, que apuesta a reconceptualizar y romper paradigmas, uno en especial: el de una sola justicia que gesta y reproduce relaciones patriarcales. Un camino que, a diferencia de los planes de los poderosos, se perfila auténtico cuando tiene como base la idea radical de escuchar las voces “de quien vive las injusticias en cuerpo propio” para buscar transformar el sistema a todas luces injusto.
