La reforma que busca endurecer los requisitos necesarios para solicitar la revocación de mandato de la gubernatura está “limitando el derecho de la ciudadanía a exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes”, señalan organizaciones
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía rechazaron la aprobación del dictamen del Congreso del Estado de Chihuahua mediante el cual se busca endurecer los requisitos necesarios para solicitar la revocación de mandato de la gubernatura, así como el porcentaje de votos necesarios para que los resultados sean vinculantes.
Mediante un comunicado firmado por 28 organizaciones y 99 personas, manifestaron su preocupación debido a que la reforma –impulsada por los diputados panistas Alfredo Chávez y Saúl Mireles– representa “un grave retroceso” en el ejercicio del derecho humano a la participación ciudadana.
El dictamen aprobado el pasado 23 de agosto por el PAN y el PRI busca aumentar el porcentaje necesario para solicitar la revocación de mandato de la persona gobernadora de un 5 por ciento a un 10 por ciento de la lista nominal del estado, es decir, aproximadamente 300 mil firmas: el doble de lo exigido actualmente.
“Esta modificación, justificada con el fin de ‘armonizar’ el mecanismo con el nivel federal, resulta inconsistente, ya que la Constitución federal solo requiere el apoyo del 3% de la lista nominal, y también, en la misma Constitución en el artículo primero, se establece la responsabilidad del principio de progresividad el cual están incumpliendo con este proyecto de reforma”.
Las organizaciones aseguran que la introducción de nuevas restricciones geográficas, mediante la cuales se exigirá el respaldo del 10% de la lista nominal en al menos el 50% +1 de los municipios del estado –(35 municipios –, añade “una barrera adicional” para la activación del mecanismo de revocación de mandato y complica aún más la participación ciudadana.
Por otra parte, señalaron que las reformas incumplen con el Artículo 6 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, donde se indica que cualquier modificación a los instrumentos de participación política deberán de someterse a una consulta pública previa a su aprobación por el Poder Legislativo.
Las organizaciones lamentaron que se haya impedido la participación del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de Chihuahua (CCPC) en la sesión donde se aprobó el dictamen, acto que señalaron “demuestra una falta de compromiso con la transparencia y la inclusión de las voces ciudadanas en la toma de decisiones”.
“Estas modificaciones representan un claro retroceso en los mecanismos de participación ciudadana, limitando el derecho de la ciudadanía a exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes”.
Ante esto, exigen al Congreso del Estado de Chihuahua respeto a los derechos humanos y democráticos de la ciudadanía y, a su vez, que no apruebe reformas que restrinjan la participación ciudadana y los mecanismos de control democrático.
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