El expediente de la candidatura de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún muestra que funcionarios de la CNDH gestionaron su nombramiento o lo apoyaron directamente. Desde que asumió la CNB, la integrante de Morena ha sido cuestionada por su falta de experiencia en los temas de desaparición y búsqueda; colectivos y familiares han interpuesto amparos contra su designación
Por Celia Guerrero para A dónde van los desaparecidos
Quienes apoyaron la candidatura de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) apenas la conocían. Cuentan que decidieron respaldarla porque alguien se los pidió, porque sabía de derechos humanos, o porque era reconocida en la izquierda.
En el entramado que le permitió asumir el cargo en octubre de 2023 destaca la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); en reuniones del organismo se planteó respaldarla como comisionada y varios de sus funcionarios figuran en los formatos de inscripción utilizados por la Secretaría de Gobernación (Segob) en la consulta pública para elegir al nuevo titular de la CNB, ya sea para proponer su nombramiento o como responsables de la entrega del documento.
Desde que fue nombrada por la Segob el pasado 24 de octubre, Reyes Sahagún (Ciudad de México, 1963) ha sido cuestionada por su falta de experiencia en temas de desaparición y búsqueda, y por su perfil político, ya que antes de ser comisionada dirigió el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), fue titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar (SB) —ambos cargos en este sexenio—, y ocupó puestos en Morena, el partido gobernante.
La revisión del expediente de la candidatura de la actual comisionada, obtenido por este medio vía transparencia, muestra que 23 de los 31 formatos en apoyo a su nombramiento fueron entregados a la Segob por funcionarios de la CNDH: 17 están firmados por Jazmín Cisneros López, directora general de Difusión de los Derechos Humanos, y seis por Omar Monroy, coordinador de asesores. Seis más fueron suscritos por las personas que la propusieron, y dos llevan el nombre de César Suárez Pérez.
Según datos del INAI, en octubre de 2023, cuando se realizó la consulta pública para la elección del titular de la CNB, Cisneros era subdirectora de Documentación Histórica en la CNDH, a la que ingresó en 2020. Formada como historiadora, antes fue archivista en el Centro Académico para la Memoria de Nuestra América, investigadora en el Instituto José María Luis Mora, y coordinadora de alcaldía en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Monroy, con una maestría en Administración Pública, trabajó en la CNDH como subdirector de Atención al Público en 2020, y tras un periodo como director de área en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ingresó nuevamente en 2022.
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien antes de asumir este cargo fue secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ha sido acusada por legisladores de la oposición de actuar como “brazo político” del partido gobernante desde que en 2022 propuso como consejeros del Instituto Nacional Electoral a integrantes de ese grupo político. Hija de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité ¡Eureka!, las críticas a su gestión y a su cercanía con el gobierno aumentaron cuando el pasado enero propuso la eliminación de la CNDH para convertirla en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
En respuesta a un cuestionario enviado por este medio, la CNDH, un organismo público autónomo del Estado, negó a través de su oficina de comunicación social haber intervenido en el proceso de selección de Reyes Sahagún, pero no explicó por qué sus funcionarios entregaron los formatos en apoyo a su candidatura.
“La CNDH no ‘promovió’ ni promueve, ni opera a favor de ningún funcionario, y mucho menos
recibe instrucciones de ellos. Confunden a esta CNDH, que actúa con verdadera autonomía desde la llegada de la presidenta Rosario Piedra Ibarra, con administraciones pasadas”, respondió Omar Arellano Hernández, director de Información Interinstitucional del organismo, a través de un mensaje de WhatsApp.
Suma de amparos
En el sexenio con mayor número de desapariciones, más de 50,000 de una cifra acumulada que ya supera las 115,000 personas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador designó al frente de la CNB a Reyes Sahagún, quien durante su gestión en la SB recibió señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por diversas fallas en el padrón de los servidores de la nación. Su nombramiento se produjo tras la renuncia de Karla Quintana por oponerse a reducir las cifras de personas desaparecidas en el nuevo censo anunciado por el presidente, que después fue bautizado como Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y estuvo a cargo de la actual comisionada.
La falta de transparencia en el proceso y la discrecionalidad en la designación de la titular de la CNB, la instancia gubernamental encargada de coordinar las acciones para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, fue denunciada por organismos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por considerar que el nombramiento fue una imposición, familiares de personas desaparecidas y colectivos interpusieron once amparos ante juzgados federales de Coahuila, Morelos y la Ciudad de México. Cuatro fueron desechados, mientras que siete han sido admitidos por jueces de distrito, aseguró el abogado Jorge Verástegui en un artículo publicado en este medio.
“Con esto [la participación de la CNDH], nos queda claro que movilizaron a una institución que en esta administración ha dejado una línea muy clara de que, más que ser un organismo autónomo, ha terminado siendo un órgano del Gobierno federal”, señaló en entrevista Verástegui, promotor de uno de los amparos. “Esta información robustece el argumento y la denuncia que hicieron las familias en el sentido de que el Gobierno federal estaba imponiendo a un perfil no calificado para el cargo”.
“Eso [el apoyo de la CNDH] lo han de haber planeado o fraguado, ya que nosotros estuvimos quejándonos porque Reyes Sahagún no tiene ninguna experiencia, ningún perfil adecuado para este cargo, nunca ha estado en búsqueda, nunca hubo trato con las víctimas”, dijo Virginia Garay Cazares, exintegrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y también promotora de un amparo. Por esto, no era posible, dice, que recibiera apoyo de quienes no la conocían.
Verástegui recordó que la CNDH, al resolver la queja que presentó contra la CNB por la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y la clasificación errónea en el registro de su hermano Antonio Verástegui González y su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en 2009 en Parras, Coahuila, argumentó que se trataba de “correcciones”.
“Lo que nos muestran estas acciones es cómo desde el Gobierno federal utilizan todos
los mecanismos para coartar y desmantelar este tipo de instituciones [la CNB] y que al final queden personas cercanas al poder. […] Llama mucho la atención el porqué el Gobierno federal maniobró tanto para garantizar tener a una persona cercana y acrítica a su gobierno”, agregó el abogado.
Garay Cazares afirmó que los posicionamientos de los colectivos sobre la falta de transparencia en su designación han sido interpretados como “golpes” por Reyes Sahagún y han generado un “ambiente de fricción”. “Cada reunión nos está diciendo: ‘Yo sé que no soy la comisionada que ustedes esperaban, pero denme la confianza’. Pero [lo dice en] todas las reuniones”.
La investigación de este medio revela que la candidatura de la comisionada también fue apoyada por funcionarios e investigadores vinculados a la CNDH, organizaciones de la sociedad civil sin relación con los derechos humanos y simpatizantes de la 4T.
“La menos jodida”
Solo cinco colectivos de víctimas propusieron a Reyes Sahagún durante la consulta pública realizada por la Segob. Su mayor apoyo provino de 17 personas expertas y ocho organizaciones de la sociedad civil (OSC), según los documentos obtenidos por transparencia.
Enrique Téllez Pacheco, de Sobrevivientes de la Guerra Sucia, un colectivo que agrupa a excombatientes de ese periodo y a familias de detenidos desaparecidos, dijo que no conocía personalmente a la hoy comisionada, pero tenía referencias de su trabajo como directora del INEA.
“En algunas reuniones, incluso con la CNDH, de ahí surgió la idea de apoyarla”, explicó. Después de conocer los perfiles de los otros doce postulantes, con el objetivo de que no quedara acéfala la CNB, decidió proponer su nombramiento. “Yo consideré, junto con otros, que esta era la… pues, la menos… Quiero decirte una cosa: es la menos jodida”.
María Antonia Morales Serafín, representante en Atoyac de Álvarez de la familia de Lucio Cabañas, líder guerrillero fallecido durante la “guerra sucia”, conoció a Reyes Sahagún en un evento de la CNDH —Micaela Cabañas Ayala, hija del fundador del Partido de los Pobres, es coordinadora de dicha comisión en Guerrero—, pero no pudo recordar cuál ni la fecha precisa. Haber interactuado con ella en esa ocasión, notar “que sabe de derechos humanos”, y no tener referencias del resto de los postulantes, motivó a su colectivo a apoyarla.
“Para nosotros, lo importante es que sepa del tema de derechos humanos. Se nos hizo bien que estudió en la UNAM, se nos hizo muy bien que sabe diferentes tipos de derechos humanos, que está especializada; no queremos una persona que no sepa del tema”, explicó Morales Serafín.
De las 17 personas expertas que apoyaron a Reyes Sahagún, tres figuran actualmente en el directorio de la CNDH: Verónica Eulalia Caporal Pérez, subdirectora de Proyectos y Resoluciones, e Ivette Ivonne Lacaba Domínguez, directora de Investigaciones Especiales, ambas en la Sexta Visitaduría, y Hector Parra García, investigador en Derechos Humanos del Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra (Cenadeh), la instancia académica y editorial del organismo.
Tras ser contactados para conocer las razones de su respaldo a la comisionada, no quisieron dar declaraciones porque, argumentaron, son servidores públicos. Lacaba dijo que Reyes Sahagún es una persona “reconocida dentro del sector de la izquierda” y que había hecho la propuesta como ciudadana, antes de asumir su cargo actual. Sin embargo, según información del INAI, su ingreso al organismo fue en agosto de 2023; mientras que en el caso de Caporal su perfil de LinkedIn registra que comenzó a trabajar en la CNDH en septiembre de 2022.
Otra persona experta, Yazmín Luciana Salazar Plata, licenciada en Estudios Latinoamericanos, candidata a doctora en esa rama por la UNAM y profesora de francés en la Universidad Autónoma Metropolitana, indicó que fue a través de colegas docentes y de una investigadora del Cenadeh que tuvo conocimiento del perfil de la hoy comisionada. Una persona del Cenadeh, dijo, se encargó del trámite, pero el formato muestra que Cisneros entregó la documentación.
Donovan Adrian Hernández Castellanos, doctor en Filosofía y profesor en la UNAM, quien en 2021 publicó un libro con el sello de la CNDH, aseguró que circuló entre investigadores de diversas instituciones una carpeta con los perfiles de los candidatos a dirigir la CNB. Así se enteró del proceso y, al hacer una revisión, consideró que Reyes Sahagún era la más idónea y decidió proponerla para el cargo.
“Oye, ¿la podemos apoyar?”
La Segob recibió 140 propuestas para liderar la CNB, procedentes de 62 colectivos de víctimas, 63 personas expertas y 15 representantes de OSC; la dependencia no aclaró el número total de candidatos, solo informó que 13 acudieron a entregar su documentación. Entre los aspirantes había excomisionadas de búsqueda cuyo desempeño ha sido cuestionado por colectivos y familias, como María del Carmen Carabarin Trujillo, de Puebla, y Luz Margarita González López, de Quintana Roo; familiares de personas desaparecidas como José Andrés Méndez Ñeco y Geovanni Francesco Barrios Moreno, y comisionadas de búsqueda en funciones como Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, de Morelos, y María Sol Berenice Salgado Ambros, del Estado de México.
Según el currículum de diez páginas que entregó la actual comisionada a la Segob, su experiencia para el cargo consiste en el trabajo que realizó, de 2007 a 2009, como subcoordinadora del Programa de Promoción Ciudadana de los Derechos Humanos de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando era presidente Emilio Álvarez Icaza. Posteriormente, de 2009 a 2012, como diputada del Partido del Trabajo participó en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Además, en 2016 concluyó la maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Ceci Patricia Flores Armenta, junto con su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores, de Madres Buscadoras de Sonora, también apoyaron a Reyes Sahagún. La fundadora del grupo dijo que no la conocía, pero una persona de otro colectivo de víctimas —que no quiso identificar— le propuso su nombre. “Alguien me preguntó: ‘Oye, ¿la podemos apoyar?’. Y yo dije: ‘Ah, bueno, pues vamos a apoyarla’. Sin problema”.
Sobre la falta de experiencia de la comisionada en las labores de búsqueda y en la problemática de la desaparición de personas, la líder del colectivo creado en 2019, que reúne alrededor de 700 mujeres, consideró que lo más importante es que tenga “sensibilidad” en el tema. “Espero que ella tenga la suficiente para ayudar a toda la gente en general, a todas las víctimas, no solamente a unas cuantas, como pasó con la titular anterior [Karla Quintana]”.
Flores, quien busca a dos hijos desaparecidos: Alejandro Guadalupe Islas Flores, en 2015, y Marco Antonio Sauceda Rocha, en 2019, aseguró que, desde que Reyes Sahagún asumió el cargo, su colectivo ha recibido apoyo para realizar búsquedas, tanto de la CNB como de comisiones estatales. “Nos han dado buena respuesta. Antes no teníamos ninguna colaboración con la comisión de búsqueda, siempre nos tenían al margen de todo”.
Indira del Socorro Navarro Lugo fungió como representante de las Madres Buscadoras de Jalisco. Originaria de Sonora, su hermano fue víctima en 2015 de secuestro y liberado tras el pago de un rescate; en esa época, la defensora conoció a Flores y comenzó a participar en búsquedas. Luego de mudarse a Jalisco, desde 2022 encabezó la representación estatal del colectivo sonorense por petición de Flores.
Tres meses después de proponer a Reyes Sahagún, en enero de 2024, Navarro decidió formar, junto con la mayoría de los integrantes de su colectivo, un nuevo grupo —que cuenta con alrededor de 100 familias—, Guerreros Buscadores de Jalisco, y separarse del liderazgo de Flores.
“Ceci fue la que propuso todo, como líder nacional, y nosotros la respaldamos, la apoyábamos en ese momento y pues no podíamos decir que no. Ese fue uno de los motivos, no tengo nada que ocultar, por el que decidimos darle el apoyo a Reyes Sahagún”, explicó.
La buscadora dijo que, tras la petición de Flores, revisó algunas candidaturas y consideró que Reyes Sahagún era la mejor opción para dirigir la CNB. “Me pareció una mujer muy preparada. Sí, quizá muchos dicen que no tenía experiencia en la cuestión de los desaparecidos, pero había propuestas de otras personas que creo que no, no daban tanto el ancho”.
La VOZ de Narvarte también apoyó la elección de la comisionada. Aunque se identificó como un colectivo de víctimas, en su página de Facebook se define como una iniciativa de participación ciudadana que publica noticias y anuncios relacionados con esta colonia ubicada en la alcaldía Benito Juárez. Se intentó contactar a James Walter McIlrath, de nacionalidad estadounidense, que en la documentación presentada a la Segob funge como representante, pero no hubo respuesta.
En la página del grupo figura el contacto de Christian Gallegos Vega, presidente del Consejo de Gobierno Autónomo de La Piedad Ahuehuetlán —pueblo prehispánico que se ubicaba en lo que hoy es La Piedad— y de La VOZ de Narvarte, quien presentó documentación para apoyar a Reyes Sahagún en nombre de la OSC Iniciativa Ecológica PAS en Verde. Tampoco contestó a una solicitud de entrevista.
Perfiles diversos
Más de la mitad de quienes apoyaron la candidatura de Reyes Sahagún, 17 de un total de 31, se acreditaron como “personas expertas”. Sus perfiles profesionales son diversos: doctores en ciencias penales y en estudios latinoamericanos, psicoterapeutas, antropólogas, asesores políticos, activistas por los derechos de las mujeres, docentes e investigadores especialistas en derechos humanos, abogados aspirantes a diputaciones y exfuncionarios de comisiones locales de búsqueda y de atención a víctimas.
Otras ocho personas se identificaron como “representantes de OSC”, aunque dos pidieron —según muestran los formatos— ser consideradas personas expertas. Para acreditarse como representante de una OSC debían incluir el acta constitutiva de la organización, además de la documentación personal; mientras que como personas expertas el único requisito es presentar el currículum o una identificación oficial.
Solo una de las organizaciones civiles que apoyaron a Reyes Sahagún realiza actividades relacionadas con la búsqueda de personas: Desaparecidos Justicia A. C., representada por Brenda Ivonne Rangel Ortiz, abogada de Querétaro y hermana de Héctor Rangel Ortiz, desaparecido en 2009 en Coahuila.
De los seis representantes de OSC que respaldaron a la comisionada llama la atención Evangelina Moreno, diputada por Morena de Tijuana (2021-2024), quien no aportó documentación que acreditara su pertenencia a una organización civil, pero aun así fue registrada.
También apoyaron a la comisionada Fabián Zavala Soto, representante de Editorial Brújula Metropolitana, descrita en redes sociales como un “círculo de estudios para la formación ciudadana y defensa y promoción de los DH y la cultura”; Consuelo Elena Lara Paura, de Generando Cambios de Conciencia Gesomex, del Estado de México, asociación que afirma tener como “eje rector la cultura de la legalidad”; Bertha Galeana Cisneros, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), una agrupación de profesionistas del derecho con una mayoría de miembros que, según columnas políticas, “simpatiza” con la 4T, y el mencionado Gallegos Vega, de Iniciativa Ecológica PAS en Verde.
Entre las personas expertas que respaldaron a Reyes Sahagún también figuran tres integrantes de la Maestría en Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos de la Universidad Autónoma de Guerrero: las docentes Ana Gabriela Candela Garzón y Marisol Alcocer Perulero, y el coordinador Gabino Solano Ramírez, quien a principios de octubre de 2023 fue promovido a director general de Posgrado e Investigación de la misma universidad.
Los dos “representantes de OSC” que pidieron ser consideradas “personas expertas” son Carlos de Jesús Alejandro, representante indígena de México en el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) y ex diputado federal perredista por Chilapa de Álvarez, Guerrero (2012-2015), y Alfredo Vázquez Vázquez, diputado por Morena del distrito de Ocosingo, Chiapas, en dos legislaturas (2018-2021 y 2021-2024).
Proceso exprés
El plan de trabajo presentado por Reyes Sahagún a la Segob consta de seis cuartillas y se centra en tres aspectos. Para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) propone establecer procesos de intercambio de información con diferentes instancias que puedan resultar en indicios para la localización, y revisar y emitir lineamientos sobre el análisis y tratamiento de los datos. Respecto al Centro Nacional de Identificación Humana, señala la necesidad de una cooperación entre las instituciones nacionales e internacionales para poder disminuir el rezago en la identificación forense, pero en lugar de fortalecer al organismo, como planteó, durante su gestión orquestó una reducción de personal y se perdió su sede en Xochitepec, Morelos. Por último, destaca las acciones de búsqueda, para las que propone una mayor responsabilidad institucional en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas y colectivos organizados.
Tras anunciar la designación de Reyes Sahagún al frente de la CNB, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, publicó conforme a lo establecido por la Ley General en Materia de Desapariciones una “exposición fundada y motivada” del nombramiento, en la que destacó la acreditación académica de la nueva comisionada y su trayectoria en el servicio público “vinculada al fomento y protección de los derechos humanos”.
El documento, sin embargo, no detalló los criterios para la elección ni apaciguó las preocupaciones de familiares, activistas y organizaciones nacionales e internacionales por la opacidad del proceso.
“Nunca se detalló cuáles eran los elementos que se iban a tomar en cuenta para valorar a las personas aspirantes y eso, nos parecía, daba un margen de discrecionalidad muy fuerte”, señaló Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas (ODP), mecanismo integrado por Fundar y Artículo 19.
La Segob publicó la convocatoria el 5 de octubre de 2023, seis semanas después de la renuncia de Karla Quintana, ocurrida el 23 de agosto. La recepción de propuestas concluyó el 13 de octubre, y los candidatos tuvieron un día para presentar su documentación.
“Ya se veía que iba a ser un proceso exprés, sumamente rápido, sumamente discrecional y sin considerar los requisitos que establece la propia ley”, dijo Checa.
Por eso, desde el 5 de octubre, el ODP junto con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México —una organización que agrupa a más de 80 colectivos de familiares— publicó una serie de recomendaciones para que la elección de la persona titular de la CNB se basara en méritos y capacidad, y el proceso contara con tiempo suficiente y la máxima publicidad. Sugirieron, entre varias acciones, realizar entrevistas públicas a los aspirantes, como se hizo en 2019 —en la elección de Quintana—, cuando se pudieron enviar opiniones y observaciones de la ciudadanía, así como incorporar mecanismos que permitieran la participación de las familias de personas desaparecidas.
“Comparado con los dos procesos anteriores, el de Roberto Cabrera [nombrado en 2018] y el de Karla Quintana, este fue muy en lo oscurito”, consideró Delia Quiroa, del colectivo Diez de Marzo, quien busca a su hermano Roberto, desaparecido en 2014 en Tamaulipas.
Quiroa recuerda que en las dos ocasiones previas se publicó con tiempo la convocatoria y se dio aviso a los colectivos de las reglas para proponer candidatos, incluso se habilitó un correo electrónico para mandar las propuestas.
“En esta ocasión, con la señora Tere, no. Las propuestas se tenían que llevar físicamente a Gobernación; entonces, muchos se quedaron fuera de ser propuestos porque imagínate, de Tijuana venir hasta la Ciudad de México nada más a dejar la propuesta”, explicó. Aun así, varios colectivos se trasladaron para hacerlo; en su caso, dice, propusieron a Jesús Moreno Rogel, director de Atención Psicosocial de la Fiscalía General de la República.
Cuando se publicó la lista de las 13 personas aspirantes al puesto, coincidieron Checa y Quiroa, ya existían rumores que apuntaban a que sería seleccionado un perfil muy cercano al partido en el poder. Y eso fue lo que sucedió: Reyes Sahagún ocupó de 2012 a 2018 cargos en Morena.
“Quedó la señora, como decían los rumores. Cuando eso sucede, nos pusimos a investigar qué trayectoria tenía ella en búsquedas y los colectivos dijeron: ‘¿Quién la propuso? ¿Quién la propuso?’. Y ningún colectivo admitía que la había puesto”, recordó Quiroa.
La exconsejera Garay Cazares consideró que la Segob debió hacer público el proceso: transparentar la totalidad de las propuestas de los colectivos, personas expertas y OSC, especificar cómo se eligieron los mejores perfiles, y permitir a las familias participar en las entrevistas. “Fingieron. Nos hicieron creer que nos estaban tomando en cuenta y que podíamos votar y que podíamos opinar. Eso nos pasa mucho con autoridades, te escuchan, te dejan hablar, te dejan opinar, pero a la mera hora hacen lo que quieren […] y nos hacen sentir que esto efectivamente fue una imposición”.
“A mí me deja como que fue el pago de un favor político”, dijo Quiroa, “que le dieron este cargo a la señora porque no hallaron más”.
*Con información de Efraín Tzuc.
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