Indígenas en reclusión, vulnerables por su situación de pobreza, de la tercera edad, con enfermedades terminales: son algunas de las mujeres por las que activistas piden a diputados y diputadas que se reformen las leyes que permiten el perdón en Chihuahua.
Texto y fotografías de Óscar Rosales / Raíchali
“No sé de leyes, pero si de lógica y no debería ser legal que una madre o una abuela esté encerrada por haberse defendido”, asegura la rarámuri Beatriz Bustillos a través de su testimonio, el cual fue compartido por organizaciones civiles en el Congreso de Chihuahua, con la intención de señalar la necesidad de reformar el Código Penal del estado en materia de indulto.
Lo anterior sucedió en el foro “Mujeres en Reclusión: el indulto desde el enfoque de la justicia humanitaria”, realizado este miércoles por el Centro de Derechos Humamos de las Mujeres (CEDEHM) y el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, con apoyo del Servicio Civil para la Paz y Pan para el Mundo.
El caso de Beatriz, una mujer indígena de Guachochi encarcelada por intentar proteger a su nieto ante el ataque con cuchillo de un familiar bajo los efectos del alcohol, expone la urgencia de reformar la Ley de Indulto en Chihuahua, afirmaron las organizaciones civiles.
De acuerdo con la explicación en el foro, el indulto se refiere a aquel mecanismo legal en el cual el gobierno, de forma discrecional, otorga el perdón a personas condenadas por delitos, sin borrar la condena ni eliminar la obligación de recuperar el daño.
Bajo esa idea, las organizaciones señalaron que las mujeres son el grupo de la población que se ve más afectado por el actual sistema de justicia, en el que no se consideran las circunstancias particulares de sus casos, por lo que se les criminaliza injustamente y por las cuales se debería reformar la ley en materia de indulto en Chihuahua.
“La pobreza es un problema sistemático que golpea triplemente a las mujeres (…) tenemos dentro de la prisión a las mujeres económicamente más golpeadas y que fueron juzgadas sin una defensa adecuada”, explicó la abogada Amaranta Valgañon, de Equis Justicia para las Mujeres, organización feminista que trabaja a favor del acceso a la justicia.
Actualmente en Chihuahua, la única persona con capacidades legales de ofrecer el perdón por un crimen es quien este a cargo del Poder Ejecutivo (es decir, el gobernador o la gobernadora en turno), aunque con ciertas limitaciones que se buscan erradicar con la propuesta presentada en el foro.
Sin embargo, además de esas limitaciones, la falta de una “segunda lupa” para analizar los contextos de los casos golpea con mayor fuerza a las mujeres indígenas y con algún tipo de discapacidad, apuntó Valgañon.
De acuerdo con datos de Equis Justicia para las Mujeres, del 2016 a 2021, se registró un incremento del 300 por ciento de mujeres indígenas en las prisiones del país, pasando de 400 a 1700.
En Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya ha documentado casos de mujeres de pueblos originarios que sufren condenas injustas, o en las que se desconocen exactamente el por qué fueron detenidas, como es el caso de Julia, quien mató a un hombre que intentó violarla.
Aunque en México ya existe una Ley de Amnistía en la que se permite el perdón, esto solo aplica para delitos federales y la falta de regulación en los estados, limita el impacto del indulto, explicó la maestra Valgañon.
Un ejemplo de la aplicación de la Ley de Amnistía es la historia de Julia, una mujer zapoteca que transportó, sin saberlo, dos maletas con marihuana y pasó casi tres años en la cárcel. El hombre que le pagó por viajar con ambas maletas se aprovechó de su situación de pobreza y necesidad, apuntan personas defensoras.
¿Cuál es la propuesta de reforma?
Actualmente, el Artículo 91 y el Artículo 103 del Código Penal de Chihuahua no permite que el indulto se aplique para ciertos delitos graves, como el robo, la extorsión, violación y homicidio, así como para delitos imprescriptibles y aquellos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas.
La propuesta de reforma presentada por las organizaciones defensoras en el Congreso de Chihuahua busca cambiar ambos artículos por las limitaciones y la ausencia de una perspectiva de género y derechos humanos.
“Esta rigidez normativa desconsidera circunstancias personales y humanitarias que justificarían una revisión más flexible del caso”, afirmó el CEDEHM.
“Aunque claramente diseñada para proteger la integridad del sistema de justicia y evitar beneficios a quienes han cometido delitos graves o imprescriptibles, presenta limitaciones significativas desde una perspectiva de derechos humanos”, agregó.
La especialista Amaranta Valgañon enfatizó en que con el indulto con perspectiva de género no pretende liberar a cualquier mujer, sino a aquellas que sufrieron violencias sistemáticas o que no tuvieron un acceso adecuado a la justicia.
“No son mujeres capos”, comentó.
El proyecto de propuesta de reforma está enfocado principalmente a:
- Mujeres con una enfermedad crono degenerativa o padezca de alguna discapacidad física o mental.
- Mujeres privadas en estado de gravidez, madres lactantes, con hijos menores de edad o personas dependientes de ellas, o madres cuidadoras de hijos dentro del centro penitenciario.
- Mujeres adultas mayores de 65 años.
- Mujeres miembros de comunidades indígenas o pueblos originarios.
- Mujeres de origen extranjero que carezcan de recursos económicos o cuyas redes de apoyo se encuentren total o significativamente fuera del país.
- Mujeres víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos en su procesamiento penal.
“No queremos mujeres privadas de libertad que están en proceso de quimioterapia (…) o que están siendo castigadas por sus relaciones afectivas”, agregó Valgañon.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
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