Se propone cristalizar una reforma que proteja a las y los conductores de autos de aplicación, vislumbrándolos como lo que son: asalariados que poseen a una aplicación digital como patrón, y no asociados de las mismas
Por Hernán Ochoa Tovar
Recientemente, la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, presentó, acompañada del Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, una reforma que resulta innovadora y un punto de inflexión en México y el mundo: la adquisición de derechos de seguridad social para aquellas personas que trabajan como conductoras de las plataformas de aplicación (Uber, Didi), lo cual implicaría una regulación –tanto de iure, como de facto– de las empresas digitales en mención. Debido a la relevancia que han cobrado, sobre todo en el espacio de la última década, cuando crecieron como bolas de nieve, resulta menester cuestionarnos ¿es conveniente su regulación, o todo se resuelve con el consabido laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) de las reglas mercantiles? A continuación discurriré acerca de ello.
A este respecto, resulta importante poner sobre la mesa que los transportes de plataforma crearon una revolución en el transporte mundial. Hasta principios del 2010, el mismo se encontraba regulado por el estado, y los gremios eran a veces infranqueables para aquella gente que no se encontrara inmersa dentro del mismo. Sin embargo, esto cambió.
Con la llegada de Uber, que vino a subsanar algunas falencias que tenían los taxis tradicionales, adquirieron una aceptación inusitada. A contrapelo del viejo carro de alquiler, los primeros ubers permitían pagar con tarjeta de crédito, en cualquier lugar de la ciudad, abordando modernos vehículos, que rivalizaban con la flota a veces no tan innovadora de los taxis citadinos.
Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer: si un principio parecían ser más baratos que sus contrapartes tradicionales –y en ello estribaba gran parte de su aceptación popular–, pronto las tarifas se incrementaron con base en la disponibilidad, la oferta y la demanda. Aunado a ello, se comenzó a comentar acerca de una aligeramiento de los controles por parte de los directivos, pues si en un principio eran estrictos para la contratación de los guiadores, con el tiempo hubo mayor laxitud, impactando ello en la comisión de delitos y en la desaparición de personas.
Uno de los puntos álgidos de estas plataformas, es que sus adherentes no cuentan con seguridad. Y ése es uno de los puntos críticos respecto a su mecanismo de funcionamiento, pues mientras los choferes tradicionales –adheridos a diversos sindicatos– sí la poseen, los de aplicación, al estar en calidad de socios (eufemismo utilizado por sus contratantes, aunque no tuvieran beneficios de ese calados), no recibían los beneficios de cualquier trabajador asalariado, así fuesen ínfimos.
Durante el pasado sexenio, hubo intentos por regular esta situación, pero ninguno llegó a fructificar seriamente. A día de hoy, en cambio, se propone cristalizar una enmienda que proteja a las y los conductores de autos de aplicación –quienes son víctimas de la volatilidad del mercado y están al garete y sin protección de ninguna índole–, vislumbrándolos como lo que son: asalariados quienes poseen a una aplicación digital como patrón; y no asociados de las mismas, quienes, por necesidad, asumían este subterfugio legal, aunque ellos y ellas no fueran los directamente beneficiados (sino sus patrones, quienes recibían el grueso de los réditos generados por estas apps, cabe resaltar).
Bajo esta tesitura, aplaudo este serio intento de la presidencia por regularizar la condición de estos trabajadores y trabajadoras. Si la regulación de la terciarización laboral (outsourcing) fue un mérito innegable del sexenio pasado, la propuesta en ciernes beneficiará con creces a la nueva clase laboral de la República Mexicana. Por el bien de todos, espero se cristalice. Creo que los beneficios de una ecuación deben ser para todos sus actores y no solamente para aquellos que se ostentan como dominantes.
No obstante, sí hay una cuestión que no debe dejarse de analizar. El año pasado, tanto el exjefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres; como el ex diputado local, Gabriel García Cantú, propusieron la regulación de estos entes. Espero que dichas propuestas no queden en la congeladora y sean retomadas por las autoridades contemporáneas. Espero que los congresos hagan lo propio y la máxima autoridad en la materia, la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) pueda tener dientes para regular a estos gelatinosos y volátiles entes. Aunque la competencia es plausible, los distintos órdenes de gobierno deben de realizar sus funciones cabalmente. Hago votos.
