Representantes de colectivos reclaman a la comisionada la falta de diálogo con las familias y consideran un obstáculo que carezca de conocimientos para ejercer su función, mientras algunos destacan la eficiencia de su trabajo y su coordinación con las fiscalías
Por Pedro Zamora Briseño para A dónde van los desaparecidos
Ciudad de México- El desempeño de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún en su primer año al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es considerado por representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas desde pésimo hasta revictimizante, mientras algunas voces destacan lo eficiente de su gestión.
Virginia Garay Cázares recuerda el día en que, durante una reunión con colectivos en Tepic, Nayarit, fue interrumpida por la comisionada para advertirle que sus propuestas no serían tomadas en cuenta porque, como integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), no podía hablar en nombre de las víctimas.
“¡Pero también soy víctima, formo parte de un grupo de familiares de personas desaparecidas!”, replicó Garay, fundadora de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, de Nayarit, y madre de Bryan Eduardo Arias, desaparecido en 2018 en Tepic. Aunque recibió el aval de las buscadoras presentes, no logró que sus planteamientos fueran incluidos en la lista de acuerdos.
La activista, quien ha cuestionado la labor de Reyes Sahagún desde su llegada a la CNB, considera que la funcionaria ha tenido un “desempeño pésimo”, pues “solo quiere sentarse a informarnos lo que está haciendo, pero no se abre al diálogo ni toma en cuenta las opiniones de las familias; siempre nos minimiza”.
Para Grace Fernández Morán, representante de Buscando Desaparecidos México, con presencia en nueve estados, la actitud de la comisionada es “revictimizante”, debido a que “está violentando nuestro derecho a participar, a ser escuchados y a que seamos tomados en consideración en la construcción de las políticas públicas”.
Este medio entrevistó a nueve representantes de colectivos de búsqueda de diversas regiones del país para que evaluaran el trabajo de Reyes Sahagún, que el pasado 20 de octubre cumplió un año en el cargo. La mayoría coincidió en que carece del perfil y los conocimientos necesarios para ejercer su función, una crítica que ha permanecido desde que fue nombrada por Andrés Manuel López Obrador; aseguran también que, durante el tiempo que lleva como comisionada, no ha mostrado empatía hacia las víctimas.
La presidenta de la Red Desaparecidos en Colima, Carmen Sepúlveda Gómez, quien busca a su hijo Carlos Donaldo Campos, desaparecido en 2018 en Villa de Álvarez, afirma que “la mayoría” de los colectivos del país están insatisfechos con el trabajo de la funcionaria. “Nos hemos sentido abandonados, creemos que hay desinterés de su parte”. Por eso, y “porque no sabe de desaparecidos”, muchos confiaban en que, con el inicio del sexenio, fuera relevada de su cargo por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este planteamiento no es compartido por Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, quien considera que la comisionada “ha trabajado muy bien en coordinación con los colectivos, respaldando también a las comisiones locales para que continúen realizando su labor”.
Durante la consulta pública de la Secretaría de Gobernación para elegir al titular de la CNB, el colectivo de Flores fue uno de los cinco que respaldaron el nombramiento de Reyes Sahagún. Propusieron a la actual comisionada en un proceso que fue operado por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —como reveló este medio—, pues 23 de los 31 formatos en apoyo a su candidatura fueron firmados y entregados por funcionarios de este organismo público autónomo.
Madre de dos hijos desaparecidos: Alejandro Guadalupe Islas Flores en 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y Marco Antonio Sauceda Rocha en 2019 en Bahía de Kino, Sonora, Flores asegura que, durante la gestión de Reyes Sahagún, han recibido apoyos como retroexcavadoras, que anteriormente les habían negado.
“Cada quien habla como le va en la feria; yo he visto que la CNB está apoyando a muchos colectivos en diferentes partes del país con personal muy eficiente. A nosotros sí nos está dando rendimiento porque estamos empujando para que lo haga, pero dicen que en el pedir está el dar; si yo voy y me peleo con Tere, pues claro que me va a batear, va a decir ‘esta vieja nomás viene a gritar y a pelear, pero no le veo ningún trabajo’, pero yo estoy en la búsqueda constante”.
Enrique Téllez Pacheco, presidente del colectivo Sobrevivientes de la Guerra Sucia, apoyó también la candidatura de Reyes Sahagún. La CNB, asegura, “está funcionando como debe ser, pero los avances son muy pocos porque hay muchas trabas y obstáculos, como la poca o nula cooperación que tenemos de algunas autoridades; por ejemplo, el Ejército con el ocultamiento de información de los archivos [de la guerra sucia]”.
Quien en los setenta formó parte de la Asociación Cívica Revolucionaria, liderada por Genaro Vázquez Rojas, considera que cualquier funcionario con un cargo público puede ser criticado, pero en lo personal ha recibido una buena atención de Reyes Sahagún.
“No estoy haciendo una defensa a ultranza de nadie. Nosotros más que nada somos críticos, siempre tratamos de ver las cosas políticamente, no con el estómago ni con el hígado, que es lo que mucha gente hace”.
Imposición presidencial
Aunque la Ley General en Materia de Desapariciones establece que la persona titular de la CNB tiene que haber desempeñado en los dos años previos a su elección “actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas” relacionadas con la desaparición y la búsqueda de personas, esto no se cumplió en el caso de Reyes Sahagún, quien desde marzo de 2021 hasta asumir el cargo de comisionada dirigió el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Anteriormente, durante el tiempo que estuvo al frente de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar, de 2018 a 2021, la funcionaria fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación debido a fallas en la base de datos de los servidores de la nación y un monto por aclarar de más de 561 millones de pesos.
Una segunda infracción a la ley de desapariciones es que no se haya tomado en cuenta a las familias en el proceso de designación, como denunciaron varios colectivos.
El nombramiento de la comisionada fue una imposición de López Obrador, asegura Juan Carlos Trujillo Herrera, representante de la Red de Enlaces Nacionales (REN), integrada por 160 colectivos. “Hubo una simulación con la terna que dejó gravemente lastimado el proceso y la causa de las personas buscadoras”, señala.
Por considerar también que su designación fue una imposición, familiares de personas desaparecidas, como Garay y el abogado Jorge Verástegui, interpusieron amparos ante juzgados federales de Coahuila, Morelos y la Ciudad de México; siete han sido admitidos por jueces de distrito.
Trujillo, quien tiene a cuatro hermanos desaparecidos: Raúl y Jesús Salvador en 2008 en Guerrero, y Gustavo y Luis Armando en 2010 en Veracruz, califica como “triste y doloroso” que la comisionada “usurpe el espacio de esa manera agravante, solo por ser una persona afín al partido del [ex]presidente”.
Refiere que, tras el “mal sabor de boca” que dejaron los primeros encuentros regionales a los que convocó Reyes Sahagún, donde “muchas veces terminó agraviando aún más a las familias”, la REN decidió “no tener ningún mecanismo de interlocución con la funcionaria”.
En los últimos años se ha dado un proceso de “cooptación y secuestro” de las instituciones encargadas de enfrentar la crisis de desapariciones, lamenta Trujillo. Primero fue la Fiscalía General de la República (FGR) con el nombramiento de Alejandro Gertz, quien “para nada ha dado la cara a las familias”; después, Rosario Piedra Ibarra en la CNDH, designada por la “cercanía del [ex]presidente con su madre [Rosario Ibarra]” —y reelegida por el Senado para un segundo periodo—; finalmente, Martha Yuriria Rodríguez Estrada en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se convirtió “en la comisión ejecutiva de contención a víctimas”.
Con la llegada de Reyes Sahagún a la CNB, concluye Trujillo —quien fundó, junto con su madre María Herrera, la Brigada Nacional de Búsqueda—, “se terminó secuestrando a la única institución que medianamente estaba salvable, que venía funcionando, dejándonos ahora completamente en la indefensión”.
A diferencia de Karla Quintana, quien renunció a la CNB en agosto de 2023 por su inconformidad con la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, impulsada por el gobierno de López Obrador para reducir las cifras de personas desaparecidas en su sexenio, Reyes Sahagún adoptó el censo como una de las principales labores del organismo.
El pasado 18 de marzo, la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que habían sido localizadas 20,193 personas, aunque no aclaró en cuántos casos se validó la información. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay más de 117,000 víctimas de desaparición.
“Expertise” en derechos humanos
Frente a los primeros señalamientos de organizaciones civiles y colectivos contra el nombramiento de Reyes Sahagún, López Obrador le dio su respaldo durante la conferencia mañanera del pasado 14 de diciembre: “Tere Lupe es una mujer de convicciones, de principios, honesta”, afirmó.
El expresidente ofreció a la funcionaria el micrófono para que respondiera a los cuestionamientos: “Dijeron varias cosas: una, que no era experta en desapariciones. No hay una categoría de expertise en desapariciones, hay categorías de expertise en el bloque generalizado de los derechos humanos, y en ese sí tengo experiencia, capacidad y vocación. Y la otra es que sí he estado muy cercana a la izquierda, al señor presidente, a las luchas de mi pueblo”.
Quienes impugnaron su designación, sostuvo la comisionada, son “algunos grupos, colectivos, personas que al parecer tenían más cercanía con otras posiciones”.
Durante su gestión, Reyes Sahagún operó el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, creados en el sexenio de AMLO como respuesta a la crisis forense, y volvió al modelo en que las fiscalías son las únicas encargadas de la identificación de personas.
Su apuesta como comisionada ha sido impulsar la identificación por huellas dactilares mediante la entrega de 300 escáneres portátiles a comisiones de búsqueda y fiscalías estatales, financiados por el gobierno alemán a través del programa Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Uno de los méritos de Reyes Sahagún, afirma Téllez, es haber entablado una buena coordinación con la FGR y las fiscalías de los estados. “Eso es imprescindible”, explica, “porque si hablamos de justicia debemos trabajar junto con quienes participan en el proceso, porque todos los resultados que podemos obtener no hay manera de darles seguimiento ni se pueden judicializar si no intervienen las fiscalías”.
Flores considera que una buena relación entre las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación y localización de las personas desaparecidas es lo mejor para las familias “porque quiere decir que pronto no tendremos que ser las madres buscadoras quienes arriesguemos la vida en los campos”.
En la tercera sesión ordinaria del SNB, realizada en septiembre, Reyes Sahagún destacó que hasta agosto de este año se habían entregado a los estados, a través de las comisiones locales, 420.3 millones de pesos para acciones de búsqueda, como parte del programa federal de subsidios, lo que es menos de la mitad de los 854.6 millones de pesos aprobados para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
De febrero a agosto, la CNB participó en 3,852 acciones de búsqueda, aseguró la comisionada, mientras que en el periodo de 2019 a 2023 se realizaron 1,027. “Hemos casi cuadruplicado en siete meses lo que se hizo en cinco años”, subrayó. De estas acciones, dijo, se lograron 247 localizaciones con vida y 292 hallazgos forenses.
Este medio solicitó varias veces a la CNB una entrevista con la comisionada, pero no hubo respuesta.
Falta de respaldo
Para Fernández Morán, hermana de Dan Jeremeel, desaparecido en Coahuila en 2008, el balance de la gestión de Reyes Sahagún arroja números rojos. “No hemos visto una estrategia de búsqueda más allá del censo o la búsqueda en vida, que no es tal, y el trabajo de huellas dactilares que se lleva a cabo de la mano del Fondo de Población de la ONU”, pero “no es algo que hayan planificado, sino que está en ejecución y ha sido sin diálogo con las familias. Nos han informado, pero no hay un espacio de escucha ni de conversación con la comisionada”.
El diferendo de los colectivos con la funcionaria, aclara, no es un capricho de las víctimas. “Es porque nos costó muchísimo construir una ley que considera el registro nacional [RNPDNO] como para que venga alguien sin experiencia, sin conocimientos ni apertura y haga cambios a diestra y siniestra; que venga a deconstruir es básicamente un salto cuántico al pasado”.
Desde el Estado de México, la fundadora de Flores en el Corazón, Elizabeth Machuca Campos, asegura que, tras la renuncia de Quintana, su colectivo dejó de recibir apoyo. “Solo contamos con la Comisión de Búsqueda [de Personas (CBP)] del estado y con la fiscalía, con ellas tenemos apoyo de gestiones, transporte y viáticos para las búsquedas; con la CNB no tenemos nada”.
En Michoacán también hay quejas por el insuficiente respaldo de la CNB en los operativos de búsqueda en campo. Entre marzo y junio de este año, el colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) encontró los restos de 31 personas en fosas clandestinas localizadas en el Cerro de la Cruz, municipio de Jacona.
La fundadora de Decofem, Evangelina Contreras Ceja, quien busca a su hija Tania, desaparecida en Lázaro Cárdenas en 2012, cuenta que las familias buscadoras tuvieron que conseguir una camioneta de redilas para trasladarse y obtener cooperación para alimentos de organizaciones sociales de la región.
A pesar de que habían acordado los puntos de búsqueda con la CNB y la CBP de Michoacán, recuerda, se realizaron modificaciones sin consultar a los familiares, quienes tuvieron que hacer sus propias exploraciones en sitios descartados por las autoridades, donde lograron los principales hallazgos.
“Los muchachos que [anteriormente] nos mandaba la CNB le entraban bonito a excavar junto con nosotros”, asegura, “pero a estos que mandan ahorita les tiene uno que andar diciendo y se pierden; se van lejos para que no los veamos y no los pongamos a trabajar”.
Josefina de León, fundadora de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, coincide en que, para el nuevo personal de la CNB, ir a una búsqueda en campo es a veces como salir de paseo. “La mayoría de las personas que tienen tiempo en esto saben a lo que van y son dedicados en su trabajo, pero ora sí los que van entrando se ponen como de shopping. A los nuevos les falta esa mística, pero eso se va formando, con que no se estanque”.
En Colima, una de las inconformidades con la CNB se debe al ocultamiento de información sobre un hallazgo de fosas clandestinas en la comunidad Agua de la Virgen, municipio de Ixtlahuacán, donde podrían haber sido localizados hasta 170 cuerpos.
Sepúlveda señala que, en una reunión sostenida el 19 de abril con colectivos en Colima, Reyes Sahagún negó tener información, aunque admitió que en los trabajos participó personal de la CNB.
Ese mismo día, cuando le solicitaron gestionar una búsqueda de fosas en la colindancia de Colima con Jalisco, debido a los indicios de que muchas víctimas habían sido llevadas a este estado, la comisionada argumentó que esos trámites requieren mucho tiempo.
“Le dije que, con la anterior comisionada, en un mes se gestionó una búsqueda de campo en Jalisco, y ella respondió que no está facultada para pedir la colaboración”, afirma Sepúlveda. “Le pregunté entonces que, si le quitaron facultades a la CNB, a dónde acudiremos los familiares de las personas desaparecidas”.
Desde que asumió la presidencia, Sheinbaum no se ha reunido con familiares de víctimas de desaparición ni ha definido la continuidad o el relevo de Reyes Sahagún. Lo único que ha dejado en claro es que continuará la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y se reforzará la CNB, sin especificar acciones.
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