¿Cómo transformar la narrativa sobre el discurso del aborto? ¿Es suficiente legislar en la materia? Gabriela Millán y Brenda Gutiérrez, de Fondo MARIA, reflexionan sobre esto, y adelantan que, más allá de la ley, urge crear nuevas narrativas que tomen en cuenta a las personas que abortan y eliminen el estigma
Por Andrea Amaya / Pie de Página
Ciudad de México – Esta semana, el Estado de México y Chiapas se han sumado a los estados del país que han despenalizado el aborto y permitirán la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Con esto, el mapa del derecho a decidir de las mujeres queda así: en 18 estados, incluida la Ciudad de México, el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, y en Sinaloa es legal hasta la semana 13. En otros 17 estados, el aborto está prohibido con excepciones, pese a que desde septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho fundamental de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo, y en septiembre de 2023 declaro que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal.
Pese a esto, y aunque la legislación en la materia es un avance, parece que no es suficiente, pues después de este tiempo se sigue criminalizando y castigando este proceso. Casos como el de Querétaro, o legislaciones como Guanajuato y Yucatán dan cuenta de esto, y también, reflejan los límites de la legislación.
¿Cuáles son los retos pendientes para que las mujeres podamos acceder plenamente al derecho de decidir sobre nuestros cuerpos? En entrevista, Gabriela Millán y Brenda Gutiérrez, de Fondo MARIA, reflexionan.
¿Qué implica la criminalización del aborto?
Gabriela Millán, Oficial de Comunicación e Incidencia de Fondo MARIA, explica que el aborto es el único procedimiento médico regulado por el código penal, que antepone primero una sanción, en lugar de considerarlo un derecho de salud pública y reproductiva.
“Hablar de la criminalización del aborto va en contra de las recomendaciones internacionales de salud, como las de la OMS y otras organizaciones en pro de los derechos humanos. Algo que también recalcamos es que el aborto es parte de un proceso reproductivo. Es posible que mujeres y personas con capacidad de gestar también se enfrenten a este proceso y a esta decisión en algún momento de su vida reproductiva, por lo que debe ser tratado específicamente como un tema de salud sexual y reproductiva. En ese sentido, el Estado debe garantizarlo como un derecho a la salud”.
También, señala que la distinción entre delito y tema de salud pública genera que socialmente se hable de la criminalización del aborto como una conducta delictiva, lo que impide que el personal de salud se capacite para llevar a cabo estos procedimientos. A pesar de la despenalización parcial en la Ciudad de México y en algunos estados, el personal médico y los acompañantes siguen estando desinformados y sin certeza sobre cuándo pueden realizar y acompañar un aborto sin ser criminalizados.
“La criminalización del aborto impide que se garantice como un derecho sin sanción, y también afecta la capacitación del personal médico y la infraestructura pública necesaria para atender estos procesos”.
¿Es posible que el aborto se despenalice completamente?
Brenda Gutiérrez, coordinadora de Fondo MARIA, considera que no solo es posible, sino que es necesario. En entrevista para Pie de Página, comenta:
“Se puede abortar en todas las semanas del embarazo de manera segura, pero para que esto sea una realidad, tiene que haber personal capacitado. Esto no sucede debido al estigma social que rodea al procedimiento del aborto”.
Además, explica que las despenalizaciones hasta las 12 semanas han sido el resultado de sentencias de la Suprema Corte, como la de 2021, o de un amparo resuelto en 2023 que declaró que no se puede criminalizar el aborto. Sin embargo, Brenda critica la forma en que se está interpretando la sentencia:
“Lo están leyendo de manera muy restringida, solo despenalizando hasta las 12 semanas, cuando en realidad, con esta sentencia, se podría despenalizar completamente. No debería ser de estado por estado, sino a nivel federal”.
La coordinadora de Fondo MARIA señala que, desde septiembre de 2023, la Suprema Corte determinó que el aborto no debe seguir estando en el código penal federal, ya que esta penalización está impidiendo que varios servicios de salud pública ofrezcan el servicio en estados donde ya se ha despenalizado hasta las 12 semanas.
Además, añade que las 12 semanas siempre son insuficientes para que las personas gestantes accedan al aborto, ya que las barreras que enfrentan son variadas. Mientras más barreras haya, más aumenta el tiempo que tardan en acceder al procedimiento y también las semanas de gestación.
¿Cuáles son otras formas de lograr la despenalización del aborto?
Gabriela Millán menciona que las barreras legales no son lo único a lo que se enfrentan las personas gestantes para acceder al aborto, sino también los estigmas sociales. Explica que la despenalización social es una alternativa para avanzar en la despenalización del aborto de forma no constitucional:
“Cuando hablamos de despenalización social, no nos referimos necesariamente al código penal, sino a cómo en nuestra sociedad hay un temor a usar la palabra ‘aborto’ o una carga cultural que implica que el aborto debe ser castigado”, explica Gabriela.
Y concluye:
“Existe una narrativa que presenta el aborto como un delito, y aunque no siempre implica una pena de cárcel, sí es castigado socialmente. La despenalización social busca crear nuevas narrativas, apoyadas por colectivas, organizaciones, activistas y personas, que tomen en cuenta a las personas que abortan y eliminen el estigma”.
Para esto, la labor de organizaciones como Fondo MARIA son fundamentales, pero deben ser acompañadas por la sociedad y el gobierno. Ellas brindan apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres y personas gestantes que no cuentan con recursos suficientes para acceder a los servicios de aborto legal disponibles en la Ciudad de México.
Además, visibilizan las necesidades de las mujeres en torno a la sexualidad y las intersecciones de injusticia que se hacen más evidentes cuando estas personas toman la decisión de abortar. En particular, abogan por el derecho a la salud, el derecho a la información, la libertad de expresión y el derecho a la educación.
