El acceso a la información pública, a la transparencia del accionar de los gobernantes es un derecho básico, imprescindible para aminorar o terminar la discrecionalidad, siempre proclive a la corrupción política. No puede ni debe estar en manos de quienes poseen la obligación de rendir cuentas y que están acostumbrados a trabajar en la oscuridad
Por Jaime García Chávez
El decreto mediante el cual se desapareció al INAI, según escucho en muchas partes, no reflejó un duelo social, y no hubo músculo para impedir su muerte, si por tal se entiende que no existió reclamo social militante, con gente en la calle protestando, es cierto. El vértigo legislativo propició que así fuese.
Desde el gobierno de la presidenta Sheinbaum se obedece, para sacar adelante, los mandatos de López Obrador, cumpliéndole sus caprichos, que se asumen como compromisos por el gobierno. Ganan con mayorías congresionales abyectas y, simultáneamente, dejan a la presidenta en una posición de dependencia del pasado inmediato, con su jefe máximo al frente. Esto es algo que se irá poniendo en claro a los ojos de los ciudadanos en los próximos meses.
El acceso a la información pública, a la transparencia del accionar de los gobernantes es un derecho básico, imprescindible para aminorar o terminar la discrecionalidad, siempre proclive a la corrupción política. No puede ni debe estar en manos de quienes poseen la obligación de rendir cuentas y que están acostumbrados a trabajar en la oscuridad.
En un país como el nuestro, en donde la secrecía, la opacidad y la toma de decisiones fundamentales suele darse en agencias informales que luego se visten de “legalidad”, la desaparición del INAI, y después en cascada de los organismos autónomos, similares en las entidades, es todo un despojo en contra de la ciudadanía y una muestra más del despotismo presidencial actual.
Ante la aparente nula resistencia, vendrán luchas en el futuro que se vincularán con las que se dieron en el pasado y que llevaron a crear estos organismos autónomos. El acceso a la información pública y la transparencia no es, ni ha sido, concesión gratuita de los poderosos; subrayo que llegó de la sociedad, de la base a la cúpula del poder, y muestra de ello es la experiencia chihuahuense, que aquí rescato como motivo principal de este texto. Encuentro aquí una explicación de motivos de una iniciativa que presenté ante la legislatura local en 2004 y que al igual que en el resto del país, fue producto de la sentida demanda de tener información pública para evaluar y fincar responsabilidades a los titulares de los poderes.
La iniciativa se justificó en algunos de estos motivos, contenidos en la iniciativa mencionada. Veamos:
El valor universal que se le reconoce a la transparencia destina a todas las
instituciones representativas a someterse al escrutinio de los gobernados, de tal manera que conviene expresar los conceptos clave que permitirán entender con hondura esta iniciativa que pretende, al convertirse en ley, ser garante del derecho de acceso a la información pública.
Los politólogos y juristas de las transiciones contemporáneas exponen que los gobernantes, en las nacientes democracias, están sometidos a tres tipos de rendición de cuentas. La primera tiene que ver con los procedimientos electivos, es decir, satisfacer la exigencia de elecciones limpias, institucionalizadas y equitativas a través de las cuales los ciudadanos se puedan expresar con la posibilidad real de cambiar de partido gobernante y encontrar alternativas distintas de solución a los grandes problemas; la segunda la denominan societal y tiene que ver con la acción de los individuos o grupos que movilizan el sistema legal para plantear demandas al Estado y al gobierno a fin de prevenir, compensar o condenar acciones o abstenciones ilegales ejecutadas por los funcionarios públicos; y la tercera es la rendición de cuentas de carácter horizontal. En esta última las instituciones debidamente autorizadas por la Constitución y las leyes actúan para producir bienes públicos reclamables al propio aparato estatal.
Decretar en Chihuahua una espléndida ley que proteja el derecho de acceso a la información pública, que haga asequible la obtención de la transparencia, si bien supone elecciones libres, la realidad es que va mucho más allá de la democracia puramente electoral. Si el poder público no comprende y asume con toda precisión y voluntad política este aspecto, la herramienta de la transparencia no llegará a la entidad y la rendición de cuentas seguirá en espera de mejores oportunidades para abatir las conductas recurrentes y petrificadas de los autoritarios que hacen de la opacidad, la secrecía, la filtración interesada, el hermetismo y el sigilo los disvalores fundamentales de su código de conducta, que no de ética.
Estos puntos de vista podrían estimarse como una visión solo interesada en el cuestionamiento sistemático a los logros mínimos en materia de transparencia y rendición de cuentas alcanzadas. Lo cierto es que las voces vienen de todas partes; veamos una: en el reciente Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, emitido por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México se reconoce a la rendición de cuentas como un importante componente de la transparencia pública. En ese texto se advierte: “La inadecuada o inexistente rendición de cuentas produce la entronización de una vida democrática de muy baja calidad, en la medida que la democracia requiere de la rendición de cuentas; las elecciones libres son un requisito necesario pero insuficiente para una democracia” (subrayado nuestro).
Lo que se conoce internacionalmente como ecuación básica de la corrupción política cobró realidad plena. Queremos decirlo con toda precisión: en el gobierno anterior hubo monopolio de la decisión pública que produjo la desaparición de la división de poderes, misma que trascendió a un altísimo intervencionismo en la vida municipal, a lo que se sumó la más alta discrecionalidad en las decisiones del gobernante, restándose a todo esto, obviamente, la responsabilidad como una obligación de rendir cuentas por las decisiones públicas tomadas.
Recordemos que Transparencia Mexicana informó, a través de su Encuesta Nacional de Transparencia y Buen Gobierno, que Chihuahua cayó de un quinto lugar en 2001 al decimocuarto en 2003; es decir, obtuvo una vergonzosa calificación que acreditó mayor corrupción. De ese pasado venimos, no lo queremos repetir y queremos evitarlo plenamente en el futuro.
Cierro este artículo, reseñando parte de las ideas de la iniciativa, que me parece una obviedad que están vigentes y que hay que luchar por ellas, a pesar del inmovilismo que se observa.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
