La reparehensión de Dámaso López, y la extradición de Cárdenas Guillén ponen a relieve una vieja interrogante en la lucha contra el crimen organizado en México y Estados Unidos: el sistema de testigos protegidos, el cual, acapara grandes condenas mediáticas, mientras deja otros crímenes en la impunidad
Por Alejandro Ruiz / Pie de Página
Ciudad de México– La reciente detención de Dámaso López, alias el Mini Lic, exlíder del Cártel de Sinaloa, y la orden de extradición emitida contra Osiel Cárdenas Guillén, uno de los líderes más temidos del Cártel del Golfo, han marcado un nuevo capítulo en la guerra contra el narcotráfico que se libra entre México y Estados Unidos.
Los dos colaboraron activamente con las autoridades estadounidenses, mientras tenían cuentas pendientes con la justicia mexicana. Sus casos reflejan las contradicciones y complejidades del sistema de justicia y la cooperación internacional, particularmente las del controvertido sistema de testigos protegidos.
Piezas clave en Estados Unidos, prófugos en México
La detención de Dámaso López en enero de 2024 por las autoridades estadounidenses, tras una operación conjunta con las fuerzas mexicanas, ha puesto sobre la mesa varias cuestiones fundamentales. López, exmiembro clave del cártel de Sinaloa, se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, lo que abre una discusión sobre los beneficios que, como otros narcotraficantes, podría recibir a cambio de su testimonio en futuras investigaciones.
Como apuntó el periodista Ioan Grillo, especializado en cobertura sobre el crimen organizado, los testigos protegidos desempeñan un papel crucial en la desarticulación de redes criminales, y el caso de «el Mini Lic» no es la excepción. Sin embargo, aquí surge una cuestión moral y ética: ¿deberían los criminales recibir inmunidad o beneficios por colaborar, cuando su historial está lleno de actos violentos y delincuenciales?
Grillo, señala:
“Los testigos protegidos y los colaboradores del gobierno suelen ser criminales que, a cambio de su cooperación, reciben beneficios sustanciales, como reducción de penas o incluso una nueva identidad”.
Este fenómeno no es nuevo, pero sí controversial, dado que muchos de estos colaboradores, como el Mini Lic, siguen siendo responsables de crímenes atroces y, en ocasiones, continúan operando bajo el mismo sistema criminal, incluso después de su colaboración, como lo demuestra su reciente detención por tráfico de fentanilo.
Por ejemplo, en México, además de las acusaciones por narcotráfico, López Serrano es señalado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez el 15 de mayo de 2017, hecho por el que tiene una carpeta de investigación abierta en el país. Del mismo modo, desde 2020 cuenta con una orden de aprehensión en su contra y otra de extradición para ser juzgado en México por el asesinato del periodista.
¿Justicia, o impunidad?
En términos prácticos, el sistema de testigos protegidos está diseñado para obtener información valiosa que permita la desarticulación de organizaciones criminales. Los testigos, que generalmente son colaboradores de la misma red criminal que buscan desmantelar, proporcionan información clave sobre rutas de tráfico, operaciones clandestinas y líderes de los cárteles. No obstante, los beneficios que obtienen estos colaboradores, como la reducción de penas o la protección del Estado, no están exentos de críticas.
Un caso paradigmático que subraya esta problemática es el de «el Chapo» Guzmán, pues el caso en su contra en Estados Unidos se sustentó en el testimonio de una serie de testigos que en su mayoría tenían un pasado oscuro de crimen organizado. La pregunta es: hasta qué punto el sistema de testigos protegidos favorece la justicia, cuando las autoridades tienen que basarse en testimonios de delincuentes notorios?
Como explica Grillo:
“La cooperación de estos criminales puede ser crucial, pero genera un debate sobre la ética de este tipo de acuerdos. El Estado está utilizando a los peores criminales del país como fuente de información, y en muchos casos, los beneficios que obtienen no parecen proporcionalmente justificados por los crímenes cometidos”.
En el caso de el Mini Lic refleja esta contradicción, pues su testimonio podría ser decisivo para futuras investigaciones, lo que genera un dilema moral sobre la legitimidad del sistema.
Una Justicia “conveniente” para Estados Unidos
Además, el uso de testigos protegidos plantea interrogantes sobre la «justicia conveniente» para los Estados Unidos, que a menudo prefieren tratar con estos criminales a cambio de su cooperación, en lugar de enfrentarlos en los tribunales con pruebas directas. Grillo explica:
“Es más fácil que un narcotraficante de alto perfil colabore con las autoridades y dé información a cambio de un trato preferencial, que emprender un largo proceso judicial que podría no dar resultados inmediatos”.
Este enfoque es eficaz para las autoridades estadounidenses, quienes han logrado condenar a figuras prominentes del narcotráfico con el respaldo de testigos protegidos. Sin embargo, la crítica persiste: ¿realmente se está impartiendo justicia cuando los testigos cooperantes siguen siendo delincuentes activos que solo buscan reducir sus penas?
En el caso de Osiel Cárdenas Guillén, líder histórico del cártel del Golfo, la orden de extradición emitida por las autoridades de Estados Unidos refleja un enfoque similar. Aunque Cárdenas es un criminal de alto perfil, cuya captura y extradición se considera un avance en la lucha contra el narcotráfico, también se pone de manifiesto la creciente tensión entre los sistemas judiciales de ambos países.
El Impacto en México: Extradición y Retribución Judicial
México, por un lado, sigue siendo el país de origen de muchos de los delincuentes más poderosos del continente, y la extradición de estos individuos plantea dudas sobre el manejo interno de los casos.
La orden de extradición contra Cárdenas, un hombre conocido por su brutalidad y su influencia en el narcotráfico, pone a México en una encrucijada.
El gobierno mexicano, aunque ha mostrado su disposición a cooperar con las autoridades estadounidenses, aún enfrenta presiones internas sobre cómo manejar los casos de estos líderes criminales que han dejado una huella sangrienta en el país.
La detención de Dámaso López y la orden de extradición de Osiel Cárdenas ponen de relieve la complejidad de los procesos judiciales y las decisiones que los gobiernos deben tomar frente a la cooperación de testigos que son, en muchos casos, culpables de los mismos crímenes que están ayudando a perseguir.
Entre estas complejidades se encuentra: ¿México está dispuesto a enjuiciar a estos criminales con la misma severidad que Estados Unidos, o prefiere que sean juzgados en el sistema estadounidense, donde la justicia es, aparentemente, más eficaz y con mayor poder de condena?
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
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