Cientos de familias han huido de sus comunidades por la violencia y la omisión del Estado. Negar la realidad de las personas desplazadas por la violencia no beneficia a nadie, por el contrario: revictimiza a las familias que sufren sus consecuencias, señalan organizaciones.
Por Jaime Armendáriz / Raíchali
Chihuahua – La Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria, ambas acompañantes de personas en situación de desplazamiento forzado por violencia, condenaron que las autoridades nieguen ese tipo de delitos con el argumento de que “no hay denuncias penales”. Por lo cual urgieron a reconocer la situación, que se ha agravado en semanas recientes en zonas como Guadalupe y Calvo.
“Las organizaciones civiles hemos estado presentes cuando representantes de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, niegan la existencia de este delito, puesto que “no hay denuncias penales” y “no hay amenazas directas” hacia las familias desplazadas, como si se tratara de movilidad voluntaria de la población”.
Asi lo señalaron en un comunicado de prensa luego de una serie de enfrentamientos armados ocurridos en varias regiones del estado que han provocado que cientos de familias se muevan de su lugar de origen.
El problema si bien no es nuevo, si se elevó en años recientes por la confrontación entre grupos del crimen organizado en la lucha del territorio. Uno de los puntos más críticos es Guadalupe y Calvo, como lo ha registrado Raíchali.
En este sentido, las organizaciones acusaron que las autoridades violan los derechos humanos de personas desplazadas y las revictimizan al negar la existencia de este delito en Chihuahua. Esas agrupaciones han participado en caravanas realizadas desde la sociedad civil organizada para atender a personas que se encuentran en zonas de conflicto.
Al abandonar sus hogares, las víctimas de este delito sufren la violación a sus derechos, la falta de atención y de justicia por las fallas estructurales del aparato gubernamental y además, son revictimizadas al ser ignoradas deliberadamente por las y los gobernantes, explican las agrupaciones.
Una situación que les genera indignación es que las propias representaciones de gobierno han estado en zonas golpeadas por la violencia, pero aún así se niega el desplazamiento de manera oficial y ante la opinión pública.
En cambio, esas mismas autoridades dicen que muchas familias huyen de sus tierras por la falta de empleo o de alimentos. “Estas carencias son originadas precisamente por el clima de violencia generalizada en la región de la Sierra Tarahumara y que en muchas ocasiones ha cobrado víctimas inocentes. A esto se suma una sensación de terror que la impunidad ha generado”, apunta Contec y el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria.
“Una vez más, el tema de la seguridad pública es fundamental, pues pareciera que las insuficientes acciones de los gobiernos encaminadas a garantizar la paz, favorecen un ambiente de enfrentamiento entre criminales y no así a la integridad y seguridad de las y los ciudadanos”, puntualizaron.
Por otro lado revelaron que del Gobierno del Estado aseguran trabajar en un Protocolo de atención a personas víctimas de desplazamiento forzado interno y que sería motivo de consulta con las organizaciones civiles. Sin embargo, las organizaciones no han tenido noticias de ese documento.
Hemos insistido en que las víctimas de desplazamiento forzado son sujetos de derecho y que deben ser atendidas de manera focalizada y diferenciada. Incluso, algunas personas afectadas han tenido sentencias a su favor, de tribunales que ordenan a los tres niveles de gobierno que las protejan e indemnicen, sin que esto se haya cumplido al momento, plantean en el comunicado de prensa.
El desplazamiento forzado interno, es una de las consecuencias de los conflictos armados entre grupos criminales en el país.
Los Principios Rectores se los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas, indica que son víctimas de desplazamiento forzado “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
En México, la Ley General de Víctimas, reconoce la existencia de este delito, aunque no lo define, y ordena la atención a las personas desplazadas por parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, así como la Comisión Ejecutiva y la Comisión Estatal de Víctimas, así como todas las instituciones involucradas en los tres niveles de gobierno. Este delito también está sancionado en el Código Penal del Estado de Chihuahua.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
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