Las buenas intenciones realmente no existen. Los penales seguirán iguales o peores. La gobernadora Maru Campos emplea el tema de la reforma al sistema penitenciario con un sentido altamente demagógico… para legitimarse por su precario ejercicio y por ir allanando el camino hacia la sucesión de 2027
Por Jaime García Chávez
Para Ripley, como se acostumbra decir, es la propuesta de la gobernadora María Eugenia Campos, a más de la mitad de su sexenio, que pretende reformar el sistema penitenciario. Lo que hoy prevalece en los centros de readaptación social es lo que teníamos al inicio de su gobierno, en el anterior y en el anterior… y es de sobra conocido que hay autogobierno al interior de las cárceles, tráfico de drogas, venta de privilegios, comisión de delitos y violencia que se ha expresado en diversos momentos con evasiones, como la ocurrida en Ciudad Juárez hace dos años, que tuvo costos en sangre.
Pero la gobernadora es de lento aprendizaje, o mejor dicho, está tratando de darle algún lustre a su administración a su segmento final, para legitimarse por su precario ejercicio y por ir allanando el camino hacia la sucesión de 2027.
Recordemos que al frente de los penales está Gilberto Loya, un funcionario que acostumbra mentirle a la sociedad, en virtud de una reforma, caprichosa y al vapor, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a la hora en la que se nombró fiscal general del estado a César Jáuregui Moreno, quien asumió el cargo sin la pesada carga de la responsabilidad por la administración de los centros penitenciarios.
Se trata de una burocracia que se autoayuda para garantizar proyectos personales y hacerse invulnerable frente a las circunstancias más sensibles, en este caso lo explosivo que es el sistema carcelario del estado. Hasta ahora, históricamente, no ha habido una política certera y esos centros de cautiverio son sinónimo de abuso y de corrupción de todo tipo.
Los que profesan las convicciones del derecho penal autoritario siempre le han apostado a las cárceles, y cuando un gobierno sólo escucha a los grandes empresarios, adictos a que haya buenas cárceles, si por tales se entiende saciar el miedo que tienen ante la realidad, sólo tenemos dislates que hacen imposible decir que hay un “sistema penitenciario”. Lo que hay es –o se parece mucho– a los campos de concentración donde se violentan los derechos humanos y se humilla la dignidad de las personas.
Esto, desde luego, no lleva la pretensión de ubicarme del lado de los reclusos, sino de censurar que el gobierno no hace la tarea como debiera ser. Tan es así que hasta ahora la gobernadora se entera de que hay que hacer cambios, lo que denota una incuria superlativa, o una desinformación de la que no la provee Gilberto Loya, ahora carcelero mayor y, léalo bien, ¡aspirante a candidato panista por la gubernatura del estado!
Todo esto sucede porque Campos Galván trae instalada las antiojeras empresariales en todo lo que tiene que ver con la seguridad pública. He puesto el anterior ejemplo, pero el problema es más grave. Abundaré en el señalamiento:
El miércoles pasado, Rodrigo Tena Cruz, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC), rindió su informe de actividades, con toda la parafernalia imaginable: auditorio con empresarios, gobernadora, alcaldes, poderes judicial y legislativo. Da cuenta de que ha gastado cerca de 500 millones de pesos para realizar actividades que sólo –quiero decir únicamente– corresponden al estado.
Se trata de una entidad que no transparenta realmente el uso de los recursos fiscales, que existe como una gracia a los grandes empresarios del estado, y sobre todo que representa un gasto doble, porque esas tareas debieran estar dentro del ámbito estatal y no tienen porqué ser expresión de un feudo oligárquico. Si los empresarios quieren velar por su seguridad, bastante dinero tienen.
FICOSEC ha trasladado sus nuevas oficinas al elitista edificio de Paseo Central en la ciudad de Chihuahua, un desarrollo inmobiliario que anda en aprietos y que huele a fracaso, para desde ahí realizar una tarea que corresponde al estado y debiera hacerse en los propios recintos gubernamentales.
Las buenas intenciones realmente no existen. Los penales seguirán iguales o peores, incluso hay uno de competencia federal, ubicado en Juárez, desocupado y al parecer construido ex profeso para mantener un tiempo a “El Chapo” Guzmán. La gobernadora emplea el tema con un sentido altamente demagógico, se codea con los de FICOSEC para quedar bien con el empresariado y continuar practicando un altruismo y filantropía que significan derroche, carente de resultados y que representa la abdicación de lo público ante la voracidad de los privados con los que ya tiene maridaje.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
