Fallas del sistema de justicia ponen en riesgo a sobrevivientes de tentativa de feminicidio, así lo exhiben los casos de Andrea, Frida y Rosaura que tienen tienen un denominador común: decisiones de integrantes del sistema de justicia de Hidalgo las pusieron en condiciones desfavorables y en riesgo de que los ataques en su contra se repitan
Por Axel Chávez / Lado B
Andrea es golpeada y pierde varias veces el conocimiento; tiene flashbacks y pasajes borrosos del agresor encima de ella, que en un momento del ataque jala el gatillo de su arma. Frida tiene las manos del papá de su hijo apretándole el cuello; él pasa puntas de vidrio sobre su piel y ella logra liberarse cuando un familiar llega y se lo quita de encima. Rosaura denuncia por privación ilegal de la libertad y agresiones a su expareja, un policía en activo; él es liberado y sigue intimidándola hasta que cumple la amenaza de matarla.
Los tres casos tienen un denominador común: decisiones de integrantes del sistema de justicia de Hidalgo que pusieron en condiciones desfavorables a las víctimas; también, probables omisiones, inacción o negligencia institucional que han incrementado el riesgo de que los ataques se repitan, así como una mayor exposición al peligro para quienes denunciaron las agresiones.
Estas posibles fallas recaen en los nombres de integrantes de la Procuraduría, del Poder Judicial, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, entre otras instancias que, denuncian las víctimas, han actuado, por convicción o por errores en sus procedimientos, en favor de los presuntos responsables.
Desde 2019, año de la agresión que sufrió Andrea, hasta el asesinato de Rosaura, el pasado 5 de febrero de 2025, en Hidalgo se han iniciado 121 carpetas por feminicidio, pero de acuerdo con los Informes sobre la violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2019 y 2024 hubo 32 mil 264 denuncias por violencia familiar, el delito en el que se categorizaron los casos de Frida, Andrea y Rosaura, aunque al menos dos de ellas acusaron que sus agresores intentaron matarlas, y las tres advirtieron que tenían los medios para hacerles daño de nuevo.
Andrea
Si le preguntan la fecha en la que fue agredida, Andrea no la recuerda con precisión, pero tiene claro que fue un día antes del asesinato del hijo del político Gerardo Sosa Castelán. La noticia impactó en la escena local, por eso la tiene presente. Fue, entonces, el 22 de febrero de 2019.
Lo que no puede borrar de su memoria es cuando, tras ser golpeada con la cacha de un arma, escuchó una orden a gritos: “¡híncate!”, mientras una pistola le apuntaba en la frente. Pensó en un desenlace letal: su nombre escrito entre las víctimas de feminicidio.
Andrea es abogada. En ese momento era agente del Ministerio Público en el municipio de Actopan. Por el ataque que sufrió, denunció al policía de investigación Asael B. G., quien cumplía funciones en el mismo distrito. Acusa que, desde el primer momento, el probable agresor contó con la protección de su tío, un comandante conocido como “el Petros”, que después fue trasladado a Mixquiahuala.
Por eso, y por la posible protección política que, asegura, también tiene en la fiscalía el agresor, Andrea pidió que sus datos aparecieran como reservados en su carpeta. Aun cuando ya había orden para aprehender a Asael, afirma que él siguió amenazándola. Las autoridades no lo han localizado. La joven denuncia que, igualmente, lo protegen mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH). Ella, en tanto, teme un nuevo ataque.
“¡Mírame, soy yo!”
Cuando repasa lo que vivió aquel día, lo primero que Andrea tiene en mente es que el policía terminó su guardia en Actopan y no entregó su arma. “Lo recuerdo bien; siempre cuando salen lo hacen, pero ese día él no lo hizo”.
“Me dijo que fuéramos a Tulancingo, creo que él vivía allá. Antes fuimos a dejar su carro a Pachuca y de ahí nos fuimos a Tulancingo en mi coche. Fuimos a un bar, El Nido del Cuervo. Ahí empezó a discutir con los de la entrada porque lo revisaron y no lo dejaron pasar con el arma, entonces la dejó en el carro”.
A partir de ese momento el recuerdo empieza a ponerse turbio. No pasaron mucho tiempo ahí, tampoco bebieron tanto, pero cuando estaban en el auto para irse, el agente de la policía le reclamó: “Habíamos quedado en quedarnos juntos”. Ella le respondió que no era así, que prefería irse a su casa. Él insistió en llevarla. No iba a dejar que se fuera si no la acompañaba.
Asael manejaba por la carretera hacia el Arco Norte; de pronto, sin soltar el volante que sujetaba con la mano izquierda, empezó a golpear a Andrea con el puño derecho, en la cara. Ella estaba en shock. Por un instante pensó: “me va a matar”, mientras trataba, sin conseguirlo, cubrirse de los puñetazos.
“Mucha gente me pregunta: ¡¿qué le hiciste?! No le hice nada, no le dije nada. Aun así, no hay justificación para golpearme de esa manera. Yo empecé a ver mucha sangre. Le dije: ‘¡ya bájame!’, y como no lo hacía, le jalé el volante; él volanteó y nos fuimos a la cuneta que dividía la carretera. Él se puso más violento. ‘¡Me querías matar!’, me dijo, y se enfureció mucho más”.
Las llantas estaban dobladas, pero Asael arrancó el auto. Andrea cuenta que en ese momento ella ya estaba muy golpeada, y que el policía condujo hasta un hotel.
“Yo le dije que no quería entrar, pero él me dijo: ‘ya duérmete’. En un momento me quise ir y él se dio cuenta, se enojó más y me empezó a golpear con la cacha de la pistola. Hubo un momento en que perdí el conocimiento, pero yo le decía ‘¡soy yo!’, porque él me gritaba otro nombre.
“Me apuntó con la pistola. No sé cómo lo hice, pero en un momento yo le quité el cartucho y fue así que no me pudo disparar. Me dispara y no jaló, y se enojó más. Esa parte le molestó mucho, porque me dijo que me hincara y no me hinqué. Fue cuando le tiró y no le jaló nada. Él ahí mismo la revisó, como que volvió a acomodar un cartucho, y se intentó suicidar”, colocándose el arma en la cabeza.
Andrea reconoce que en la historia tiene varios flashazos; por momentos, es como un sueño en cámara lenta, otras son escenas que aparecen cortadas, “porque muchas veces yo perdí el conocimiento; de repente lo veía allá, en el mismo cuarto, luego encima de mí, ahorcándome”.
“Al otro día, lo único que vi fue mi cuerpo lleno de sangre; él igual, pero con menos sangre, y también la pistola, porque con la pistola me abrió la cabeza. Yo tenía todo el cuerpo morado, casi tuve desprendimiento de retina”.
Por un instante pensó: “a lo mejor se drogó o algo. Yo nunca vi que lo hiciera, pero ¿para actuar de esa manera? No tomamos mucho, tres cada quien, porque yo me quería regresar”, insiste Andrea, que al despertar se metió a bañar y no pudo evitar llorar, no sólo por la imagen que veía en el espejo, sino “porque recién había muerto mi abuelita y yo pensé: ‘¿cómo ella me está viendo así?’”.
Lo que vino después fue más desconcertante: “Él salió, sin acordarse de nada, se vio lleno de sangre, mi sangre, y me dijo: ‘¿a quién maté?, ¿maté a un perro?, ¡recuérdame!”.
Ella llorando le recriminó: “¡¿qué no me están viendo?!, ¡¿no recuerdas lo que me hiciste?!”.
El cofre del auto también estaba lleno de sangre, porque en un momento, cuando intentó escapar, ella quiso refugiarse entre la carrocería, pero él la alcanzó y la aventó sobre la lámina. “Al fin policía”, ironiza Andrea, “él lo primero que hizo fue empezar a limpiar, a borrar toda la evidencia”.
“Me dijo que fuéramos a arreglar el auto. Yo con lentes, yo me tapaba, yo ya no quería saber nada”. Fueron a dos talleres, mas ninguno quiso recibir el vehículo.
Andrea tenía mucho dolor en la cabeza y, para que la atendieran, Asael sugirió que llamaran al seguro y dijeran que habían chocado. Ella quería que todo terminara. Entonces lo hizo. A los pocos minutos llegó el ajustador y fue cuando le dieron un pase de ingreso para el Hospital de la Beneficencia Española, en Pachuca.
“¿Qué te pasó?”, fue lo primero que le preguntó el médico que la revisaba. Ella respondió, sin querer decir mucho: “choqué”. Pero él le replicó: “no, no chocaste; no tienes marcas de un choque. Necesito que me digas qué te pasó”. “¿Traías cinturón de seguridad?”. “Sí”, contestó Andrea, mientras el médico la revisaba con más detenimiento: “pues no tienes ninguna marca de cinturón. No chocaste. Debes decirme lo que te pasó”.
Andrea tuvo un edema cerebral, estuvo internada por contusiones múltiples, con fracturas en la nariz y las costillas, del lado derecho. Le dijeron que la tenían que operar, pero ya no siguió el procedimiento. Quería olvidar todo y estaba dispuesta a hacerlo, incluso sin iniciar una carpeta de investigación. Ahora que lo ve a la distancia, sabe que estaba bloqueando el recuerdo, y así hubiera sido, pero Asael la agredió de nuevo.
Un mes después, el policía tocó la puerta de su departamento. Ella abrió y, cuando lo vio, intentó cerrarle, pero por la fuerza la superó. De nuevo la golpeó.
Fue entonces cuando inició una carpeta en Actopan. Como abogada, quiso hacerlo por feminicidio en grado de tentativa, pero la responsable del Ministerio Público llamó para consultar a las oficinas de procuraduría y le dijeron que no, que sólo podía dar trámite por violencia familiar, aunque él no era su pareja; tiempo después el delito se reclasificó como lesiones dolosas agravadas.
Por esos días se enteró que el policía de Investigación habría violentado a dos compañeras más, también Ministerios Públicos, pero ninguna inició carpeta. A una, le contaron, la encerró, y a otra la golpeó con una lata de cerveza en la cara.
La carpeta fue enviada a Tulancingo porque en ese municipio ocurrió la agresión, aunque Andrea denuncia que nunca la trabajaron, y que después regresó a la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social, en Pachuca, donde, asegura, tampoco han integrado nada.
Asael siguió trabajando normal, mientras que Andrea se ausentó por las incapacidades. Una vez, su directora, Mirella Lagunes, “una señora muy pesada, me mandó llamar para cuestionarme por qué había faltado”.
“Me empezó a hablar muy fuerte, reclamándome: ‘Me vale madre lo que te pase, aquí las cosas se tienen que hacer’.
“¡Lo que pasó fue que uno de sus agentes de Investigación me golpeó!”, le contestó Andrea muy airada, y la jefa sólo le dijo que le proporcionara el número de carpeta de investigación.
En su trabajo, Andrea fue acusada por una pérdida que, asegura, ocurrió cuando ella tenía incapacidad y estaba en el hospital. “Eran como cinco mil pesos, por una reparación de daño. No existía bodega de resguardo, el dinero se quedaba en cajones, sin llave”, relata; aun así, hicieron que lo pagara.
Hubo más sucesos que Andrea cree tenían como fin hostigarla por la denuncia que había iniciado. Dijeron que se había ido de viaje a Acapulco cuando ella registró su incapacidad. “Bajaron fotos de mi Instagram, de un viaje que sí hice, pero que fue más o menos un mes antes”.
Así, hasta que una persona del entorno político estatal que la conocía le inquirió qué estaba haciendo, porque “el procurador está muy molesto contigo”. Era la época de Raúl Arroyo González, de Sissi Anette Rodríguez Fernández como subprocuradora de Procedimientos Penales región Poniente.
“La carpeta no aparecía, nadie la encontraba”, hasta que su mamá le pidió intervención al propio procurador en una reunión de seguridad, en la que logró pasar las vallas y acercarse al funcionario. Él instruyó que se atendiera el caso.
Asael, el policía de investigación, fue acusado de golpear a otra agente del Ministerio Público. Ella inició otra carpeta y fue hasta ese momento que él obtuvo una suspensión condicional en su cargo. Por aquel caso giraron un oficio al director de la Policía de Investigación para indagar si tenía otro proceso o antecedentes relacionados con agresiones. La respuesta institucional fue que no, cuando el de Andrea era el primer antecedente formal.
Aun invisibilizando su caso, la llamaron para una audiencia privada en la que, le dijeron, se presentaría una orden de aprehensión contra el agresor; sin embargo, el policía no se presentó y, desde ese entonces, las autoridades aseguran que no lo han localizado.
A Andrea, el político que le había reclamado le comentó: “Ya no le busques, porque están muy enojados contigo”, y le recomendó que mejor ya no se presentara a trabajar. Dice que nunca hubo una notificación oficial de baja, pero ya no llegó ningún pago.
De acuerdo con los datos disponibles tras una solicitud de información, desde enero de 2020 hasta el 20 de febrero de 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) ha recibido 825 quejas contra la Procuraduría de la entidad por posibles violaciones, negligencias u omisiones que han afectado a personas en su búsqueda de justicia. Acusando hostigamiento laboral, falta de cuidados como víctima y encubrimiento para el agente al que denunció, Andrea salió de una institución que, dice, por algún momento pensó que la protegería.
Rosaura
El feminicidio de Rosaura, una joven de 26 años que había denunciado por privación ilegal de la libertad y violencia intrafamiliar a su expareja, Marco Antonio M.G., un policía que fue liberado y siguió acosándola hasta que la mató, evidenció fallas en el sistema de seguridad y justicia en Hidalgo; acciones, decisiones y omisiones que han perjudicado a víctimas.
Tras el asesinato de Rosaura y el de su madre, Rosa, así como el de su hermano Ramiro, los tres acribillados con un arma blanca, en un ataque que dejó a su padre, Roberto, y a otro hermano del mismo nombre heridos de gravedad, las autoridades se deslindaron de responsabilidades y cada una defendió su actuar.
El gobernador morenista Julio Menchaca Salazar aseguró que a Rosaura no le falló el Estado –pese a que solicitó protección y presentó dos denuncias contra su agresor–, sino la persona que la atacó, y de eso “no se puede responsabilizar al Estado”.
Por el ataque que ocurrió el pasado 5 de febrero en la localidad de Azoyatla, un enclave urbano de apenas cinco mil habitantes, cercano a la ciudad de Pachuca, los dos hijos de Rosaura quedaron en orfandad. De acuerdo con la versión del secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, Marco Antonio intentó degollarse cuando se sintió “acorralado” en un filtro carretero, donde fue detenido el mismo día tras un operativo. Después de salir del hospital, fue vinculado a proceso por feminicidio, homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa, y actualmente permanece en prisión preventiva.
El 13 de octubre de 2024, Marco Antonio había sido puesto a disposición del Ministerio Público por violencia familiar y privación ilegal de la libertad contra Rosaura. En ese entonces era elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, de Mineral de la Reforma, un municipio conurbado a la capital hidalguense. Dos días después ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca y el 21 de octubre fue vinculado a proceso.
No obstante, el 15 de noviembre la jueza Janeth Montiel Mendoza suspendió condicionalmente ese proceso. En defensa de Montiel, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Rebeca Stella Aladro Echeverría, declaró que ni la víctima ni representantes de la procuraduría se opusieran a que el policía fuera liberado; no obstante, el fiscal interino Francisco Fernández Hasbun contradijo esa versión.
Ese primer proceso derivó en causa penal 1508/2024. Entre las medidas cautelares que se dictaron estuvo la condición de que se girara un oficio al municipio en el que Marco Antonio trabajaba, para que «no prestara sus servicios como policía cerca del domicilio de la víctima», también se acordó una reparación de daños.
Cuatro días después de abandonar la cárcel, Marco Antonio renunció al ayuntamiento a través de un escrito que ratificó de manera personal, pero lo hizo tras ser notificado por el área de Asuntos Intentos que sería sujeto de un proceso administrativo.
Aunque la magistrada presidenta afirmó lo contrario, Rosaura sí se opuso; además, dijo que su expareja era agresivo y peligroso, por lo que temía que la atacara de nuevo. Lo que sucedió: Rosaura presentó una segunda denuncia que se clasificó como violencia familiar equiparada. Ésta derivó en la causa penal 1689/2024, por la que desde el 14 de noviembre de 2024 se solicitó al Poder Judicial fecha y hora para la audiencia inicial. Fue programada hasta el pasado 27 de enero; sin embargo, a petición de la defensa del expolicía se aplazó para el 10 de marzo de 2025, fecha a la que Rosaura no llegará.
Un día después del ataque múltiple que cobró tres vidas en Azoyatla, una compañera de trabajo de Rosaura acudió al evento denominado “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo” que se llevó a cabo en Mineral de la Reforma. Ahí, ante una mesa presidida por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, reveló que el 26 de enero Marco Antonio se llevó por la fuerza a Rosaura al municipio de Apan, y que en múltiples ocasiones la había acosado e intimidado, con lo cual violaba la orden de restricción que tenía. Dijo que el hostigamiento ocurrió en compañía de policías municipales y a bordo de patrullas oficiales, en fechas en las que el ayuntamiento aseguró que ya no pertenecía a su cuerpo de seguridad.
“Decidieron que tenía que quedar en libertad el señor. ¿Para qué? ¿Para exponer a toda una familia? ¿Para dejar huérfanos a un par de niños?”, cuestionó la joven, quien también denunció: “A mí me tocó ver el miedo, a mí me tocó estar con ella cuatro, cinco ocasiones que salía de trabajar y estaba la persona vestida de policía municipal en su camioneta particular e incluso en las patrullas de Mineral de la Reforma. Yo lo vi. Yo lo presencié”.
Ante las autoridades, también recriminó la falta de protección que tuvo una víctima que temía un nuevo ataque: “Hoy ella, su mamá y su hermano están muertos. ¿Qué hicieron? ¿Dejar libre a una persona como él? Cuando ella argumentó en la última audiencia en la que estuvo presente que su vida estaba en peligro”.
Rafael Castelán, fundador de la asociación civil Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), cree que las órdenes de protección y las medidas cautelares sin perspectiva de género que ha ordenado el Poder Judicial en casos como el de Rosaura no son suficientes, sino superficiales, y pueden detonar en nuevas agresiones.
Expuso que Seiinac ha desarrollado una herramienta de 26 ítems que en Hidalgo se encuentra en fase de pilotaje para evaluar el contexto en cada agresión; por ejemplo, si la víctima pertenece a algún grupo con mayor vulnerabilidad, o si el agresor usa alguna droga, la facilidad que tiene para el acceso a armas o si pertenece a algún grupo delictivo. También cuenta con un indicador de riesgo si la persona pertenece a alguna corporación policiaca, del ejército, Guardia Nacional o seguridad privada, elementos que no fueron ponderados en el caso de Rosaura.
La declaración patrimonial que la Contraloría de Mineral de la Reforma recibió de Marco Antonio el 15 de mayo de 2024 dice que durante cuatro años fue parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como “soldado de caballería”. Marco Antonio tenía conocimiento del uso de las armas, acceso a información privilegiada, relaciones con miembros de la policía a la que perteneció y era parte de una empresa de seguridad privada.
Los dos procesos que inició Rosaura por privación ilegal de la libertad y violencia familiar, así como violencia familiar equiparada, antes de ser víctima de feminicidio, los llevó la jueza Janett Montiel Mendoza. Es la misma que determinó no vincular a proceso al político morenista Arturo Williams Trejo –también conocido como Willy Trejo–, así como su esposa Berta Eva Medina Hernández, acusados de ser los probables responsables de agresiones sexuales hacia sus sobrinas, dos menores que en ese momento tenían cinco y ocho años. Su argumento fue que había elementos de duda respecto a quienes generaron las lesiones a las niñas.
En la CDHEH hay tres quejas contra el Poder Judicial de Hidalgo, dos que corresponden al Tribunal Superior de Justicia y una al Consejo de Judicatura. Asimismo, dos expedientes en los que se denuncia el actuar de la jueza Janett Montiel Mendoza por posibles violaciones a derechos humanos. La magistrada presidenta Rebeca Aladro ha defendido sus actuaciones y argumentó que le han tocado casos “difíciles”; no obstante, después del reclamo social por la liberación del feminicida de Rosaura dijo a través de un comunicado que se investigarán sus resoluciones, aunque horas antes la había respaldado públicamente. Fue en el mismo momento en el que declaró que ni el Ministerio Público ni la víctima se opusieron a que el policía que terminó por matar a tres miembros de una familia saliera de prisión.
Frida
Frida recuerda que Diego empezó a asfixiarla después de que la aventó al sillón; al lado había una botella de cristal que reventó cuando cayó su cuerpo. Él intentó clavarle uno de los vidrios en el cuello. Pronto aparecieron pigmentos rojos por las rasgaduras, un punteo de sangre sobre la piel. Escuchó que le dijo: te quiero muerta. Por la fuerza que imponía para someterla, lo creyó. Era 29 de agosto de 2023.
Diego había sido su pareja por dos años. Tuvieron un hijo, que actualmente tiene un año con nueve meses. Como le daba la pensión alimenticia, se reunieron en el domicilio de los padres de su exnovio, en la colonia Campestre, Villas del Álamo, en Mineral de la Reforma. Ella accedió a tomar algo. Tiene en la memoria que él se puso agresivo cuando intentó revisarle su celular y ella no se lo permitió. Dice que cuando estaba asfixiándola, también la amenazó con que iba a matar a su hijo; luego, que lo iba a desaparecer. Eso la desconcertó más.
Logró zafarse y romper una puerta. Gritó, pero no recibió apoyo. Alcanzó a lanzar llamadas de auxilio, a marcarle por celular a un tío de Diego, que llegó 15 minutos después, cuando de nuevo la tenía sometida. Él tío trató de quitárselo de encima, y cuenta que, también desconcertado, le cuestionó qué es lo que estaba haciendo, que si estaba loco. La policía llegó al lugar y fue el propio tío quien entregó a Diego, que fue detenido inmediatamente.
Es a partir de ese momento que Frida reclama la revictimización, posible negligencia de las autoridades y acciones que, asegura, han favorecido a su agresor. Denuncia que recibió presiones, que a Diego le retiraron el brazalete que portaba como medida cautelar, y que ha violado la restricción que le impusieron para no estar cerca de ella. Después de lo que vivió, lo que teme es que se cumpla alguna de las amenazas que le han hecho desde números desconocidos.
Frida acusa que cuando llegó con su mamá al Centro de Justicia para Mujeres, la agente del ministerio público Miroslava Hidalgo Chavarría, adscrita a la Fiscalía de Delitos Sexuales y contra la Familia, le recriminó que como ella había consumido bebidas alcohólicas, al igual que el presunto agresor, tenía parte de culpa. Dice que cuando narraba la escena del sillón, la funcionaria le espetó que Diego no la había matado y que podría estar sobredimensionando la situación, porque quería iniciar una carpeta por feminicidio en grado de tentativa y amenazas de muerte contra su hijo, pero la Ministerio Público le respondió que el probable delito sólo se podía categorizar como violencia familiar.
“Los policías, cuando llegan, escuchan que él seguía gritando que me quería matar”, reclama Frida, que en ese momento tenía 23 años; Diego, 24. Su bebé, siete meses. Cuando ocurrieron los hechos, el menor estaba bajo el cuidado de su abuela.
“La MP me reclamó que si Diego ya no era mi pareja, no tenía por qué estar viéndome con él; que él me podía transferir (la pensión); que yo sola me estaba poniendo en riesgo”.
Frida dice que llevaba las manos de Diego marcadas en el cuello, así como las rasgaduras que le hizo con el vidrio de la botella. También tenía abierto un dedo, por el cristal que ella rompió de la cocina, cuando gritó en repetidas veces para pedir ayuda.
Por la gravedad de los hechos, a los dos días se llevó a cabo la audiencia inicial. Aunque el delito no se reclasificó, en ese momento Frida sintió que la jueza Janett Montiel Mendoza la apoyaba.
“Él intentó atacarme con muchas cosas, dijo que yo había iniciado otra carpeta por violación hace seis años, en la Ciudad de México, y que desde aquellos años yo mostraba daño y que había falseado mi declaración; que todo lo había alucinado. La jueza le contestó que no porque una mujer haya tenido más de una agresión, no puede tener una denuncia nueva, y lo dejó en prisión preventiva”, cuenta Frida. Esa fue la razón por la que se sintió respaldada.
Sin embargo, más o menos dos semanas después, la volvieron a citar a otra audiencia en la que tenía que demostrar lo que había pasado. Proporcionó más fotografías, porque se dio cuenta de que en la galería de su celular había evidencias de otras posibles agresiones. Fotos que había guardado en el transcurso de la relación.
“Durante el embarazo me pegaba. Cuando llegaba cansado del trabajo (él era cajero en un Walmart) y yo no tenía listo lo que íbamos a comer, pateaba la cama, me empujaba; las cachetadas eran muy frecuentes; me sujetaba también las muñecas y me aventaba hacia la cama”, relata. Las imágenes mostraban golpes visibles, una secuencia de tomas durante el embarazo y hasta la agresión final.
A esa audiencia llevó como testigos a dos familiares y a una amiga cercana; los tres atestiguan haber visto reacciones agresivas hacia la víctima. Ahí, la contraparte acusó que Frida había viralizado el caso en redes sociales y, con ello, puesto en riesgo a Diego, porque estaba recibiendo amenazas de muerte. Que, por esa situación, la víctima inicial era responsable de lo que le sucediera, además de agresiones por los mensajes que él recibía de terceros. Para probarlo, llevaron impresos comentarios a raíz del posteo en Facebook que Frida lanzó el día que detuvieron a Diego, y el propio posteo de la joven.
La jueza les respondió que tenían que iniciar una carpeta en contra de Frida, y así con cada usuario que lo amenazara de muerte, aunque ella no lo amenazó en su publicación.
Fue también en esa audiencia cuando sus abogados, que sin conocerla la habían contactado por redes sociales al ver su publicación, empezaron a decirle que llevara un proceso abreviado o la suspensión condicional.
Aquel encuentro siguiente, Frida ya lo recuerda de manera distinta: “Cuando llego, la MP ya estaba reunida con los abogados de él; estaban risa y risa, y es cuando mi abogado y ella me dicen que ya no había más que hacer, que o suspendíamos y él salía con un brazalete, o seguíamos el juicio, pero que él ni siquiera iba a tocar prisión, por el tipo de delito”.
Sin consensuarlo, ellos propusieron que a Frida se le diera una reparación del daño y que Diego llevara dos años el brazalete, con una prohibición de acercarse a su domicilio, a los testigos y al de hijo ambos. Pidieron que el probable agresor fuera a terapia y que depositara de manera mensual la reparación de daños, por medio de transferencia a una cuenta de la mamá de la víctima.
Hasta ese día, Diego llevaba el proceso en la cárcel, pero Frida denunció ante la jueza que seguía llamándola para amenazar con matarla y también al bebé. Fueron tres advertencias de números diferentes. Ella llevó las sábanas de llamadas a la jueza, pero asegura que Montiel respondió que no podía probar que fueran de Diego ni que él le hubiera hecho algún daño, porque hasta ese momento seguía en prisión preventiva.
Sus abogados le dijeron que por su seguridad aceptara la reparación del daño, porque, si iban a juicio, él iba a estar en la cárcel máximo cuatro meses, mientras se llevaba la investigación complementaria; que mejor aceptara la protección por dos años, tiempo en el que iba a estar segura. Frida afirma que se sintió presionada, pero aceptó.
Su mayor desconcierto llegó dos meses después, cuando la citaron a una nueva audiencia para informarle que a Diego se le retiraría el brazalete. El argumento central que recuerda le dio Montiel Mendoza fue que en ese lapso Diego no le había hecho nada, y que entonces no representaba una amenaza de alto riesgo a su integridad.
Frida se alteró en la audiencia, activó el micrófono y le gritó a la jueza que si algo le pasaba a ella o a su hijo, Montiel iba a ser la responsable. Le mencionó también que aceptó la reparación de daños por las presiones que había recibido, y porque la propia jueza le aseguró que durante dos años Diego iba a portar el brazalete.
“Pues eso lo tienes que ver tú con tus abogados”, recuerda que le respondió; después se paró y terminó la audiencia, sin permitirle a Frida decir nada más.
“A Diego lo conozco perfectamente, uno de sus tíos tiene un expediente igual con su hijo, y también tienen amenazada a la señora. A ella la mandaron al Hospital Psiquiátrico de Villa Ocaranza, acusándola de que estaba mal de sus facultades. Tiene un amigo militar y cada que puede le dice a una amiga, que también lo conoce, que yo tenga cuidado.
“A Diego le prohibieron consumir bebidas alcohólicas, pero de jueves a sábado se la pasa en antros, aunque siempre me dicen que salen negativas las pruebas de alcohol que le hacen los miércoles. Lo sé porque sube historias a redes sociales, que ve nuestro círculo social, porque nosotros nos conocemos desde la prepa”, reclama Frida, que cuando denunció la agresión fue contactada por tres chicas que tenían historias similares con Diego: dos le dijeron que habían sido víctimas de golpes graves y una más de violación.
Frida tiene la custodia total de su hijo. Diego no lo puede ver hasta el siguiente año, pero teme la llegada de ese momento, “porque se me hace una persona muy agresiva y me preocupa lo que le pueda hacer”.
Si él cometía un error, como faltar a sus sesiones de terapia, se suspendería el retiro del brazalete. Frida afirma que lo ha hecho y que no pasa nada. En los lugares en los que ella habita, él se acerca, ríe, y Frida siente que lo hace como amenaza, sin que nada suceda.
De Janett Montiel Mendoza no volvió a saber hasta que leyó su nombre en una publicación en Facebook: era la misma jueza que había liberado al expolicía Marco Antonio M.G., el feminicida de Rosaura.
Ese mismo día supo de nuevo de una de sus abogadas, porque le contestó un posteo que Frida hizo en sus redes sociales. La defensora le recriminaba a la joven su opinión sobre una posible falla de la jueza para proteger la vida de Rosaura. Dice que le indignó mucho, porque ya no le respondía los mensajes después del retiro del brazalete y porque quienes encabezaron su “defensa” se llevaron 140 mil de los 200 mil pesos que implicaba la reparación de daños.
Temen que los agresores vuelvan
Cuestionado por las acciones de representantes del sistema de justicia en Hidalgo que han afectado a víctimas, el gobernador Julio Menchaca Salazar respondió: “Que hay eventos desafortunados, existen en cualquier parte; de que la obligación de nosotros es generar toda la fuerza del Estado para procurar la seguridad de las personas, lo estamos haciendo. Hay miles, cientos de mujeres y hombres en las áreas de seguridad, de procuración de justicia, haciendo su trabajo. Hay malos elementos, sí, desafortunadamente; los estamos combatiendo”.
La falta de protección a víctimas no surgió con el caso de Rosaura. En Hidalgo hay más precedentes: En la nochebuena de 2018 fue asesinada Jennyfer. Su familia denunció a Isaac, su expareja, como presunto feminicida. Tres años y siete meses antes, Jennyfer había denunciado a Issac por violencia.
Jessica fue asesinada a tiros el 14 de agosto de 2014, frente a sus hijos, por su expareja, Clotilde Manuel, capitán de la Décimo Octava Zona Militar. Desde finales de 2013 ella lo había denunciado por agresiones que pusieron en riesgo su vida y el delito se categorizó como violencia familiar.
El militar fue detenido en mayo de 2014, pero dos días después quedó libre tras pagar una fianza. El 15 de junio, pese a la orden de restricción que tenía, Clotilde entró a la casa de Jessica en Tulancingo y la atacó de nuevo. Hubo otra denuncia, pero siguió libre. Dos veces más la agredió –la golpeó, la violó y le pegó con una pistola–, sin que nada sucediera, hasta que la mató.
Las omisiones en las que incurrieron la procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia y la entonces Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual al no proteger a una víctima que, como Rosaura, había advertido el riesgo al que estaba expuesta con su agresor en libertad, quedaron consignadas en la recomendación R-GV-0001-17 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Y las historias siguen…
Frida y Andrea insisten en que las decisiones de las instancias a las que acudieron para que las protejan, las han puesto en una situación vulnerable. De hecho aunque intentaron iniciar sus carpetas por feminicidio en grado de tentativa, les dijeron que sólo correspondía a violencia familiar, un delito menos grave, pese a ello, ellas se consideran sobrevivientes de un intento de feminicidio. Las dos temen que los agresores vuelvan.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Lado B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
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