Es crucial distinguir entre la institución militar y la estrategia de militarización de la seguridad pública. La narrativa promovida por Contraataque refuerza la idea de que la participación castrense en seguridad es incuestionable y necesaria… la ficción proyecta una versión heroica de la intervención militar, la realidad ofrece un paisaje contrastante.
Por Salvador Salazar Gutiérrez
En días recientes, la plataforma de entretenimiento Netflix posicionó entre sus títulos más recomendados la película Contraataque (2025), un film que exalta la labor de un grupo de fuerzas especiales denominado “Los Murciélagos” en el combate al crimen organizado en México. Su impacto no se limitó a la ficción: en redes sociodigitales proliferaron comentarios elogiosos hacia la narrativa de la película, promoviendo un discurso en el que las fuerzas armadas son presentadas como héroes incuestionables. Expresiones como “ojalá hubiera menos películas de narcos y más de estos héroes del país” o “así actúan en realidad las fuerzas armadas con honor en el combate al crimen organizado” reflejan la consolidación de esta narrativa. Incluso la presidenta de México, en su conferencia matutina, aludió a la cinta para reconocer la labor del ejército en estas operaciones.
Mientras la ficción proyecta una versión heroica de la intervención militar, la realidad ofrece un paisaje contrastante. Hace unos días en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un grupo de militares y elementos de la Guardia Nacional detuvieron arbitrariamente a una joven, la interrogaron violentamente y la despojaron de sus pertenencias y ropa. En su declaración ante el Ministerio Público, acompañada por su familia e integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la víctima denunció que alrededor de veinte efectivos la violentaron sexualmente bajo amenaza de muerte.
Este episodio no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático que ha acompañado la estrategia de militarización de la seguridad pública en México, política implementada por diversas administraciones bajo el argumento de combatir la violencia generada por el crimen organizado. Sin embargo, informes de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) han documentado que esta estrategia ha resultado en un incremento de violaciones a los derechos humanos, debilitamiento del control civil sobre las fuerzas castrenses y una impunidad generalizada.
El informe “Poder militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense” (Centro Prodh, 2022) expone que la militarización no solo ha fracasado en reducir la violencia, sino que ha facilitado la consolidación del poder militar en detrimento de las instituciones democráticas. La creación de la Guardia Nacional en 2019, con un mandato supuestamente civil, derivó en una estructura bajo el control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional su adscripción formal a SEDENA en 2023, la extensión del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta 2028 refleja la profundización de esta política.
El marco jurídico que ha permitido la expansión del poder militar en México ha sido construido progresivamente. Desde la Acción de Inconstitucionalidad 1/96 (1996), que permitió la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, hasta la Ley de Seguridad Interior (2017), la frontera entre la seguridad civil y militar se ha desdibujado. Este proceso ha sido acompañado por un historial de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura por parte de elementos castrenses, documentados en episodios como Tlatlaya (2014), Tanhuato (2015) y Nuevo Laredo (2024).
Según datos de la SEDENA, en los últimos siete años han fallecido 318 militares en operativos contra el crimen organizado. Aunque esta cifra es significativamente menor en comparación con las víctimas civiles, subraya la exposición de los soldados a contextos de violencia extrema, altos niveles de estrés y una retórica institucional que glorifica el sacrificio como parte del deber.
Es crucial distinguir entre la institución militar y la estrategia de militarización de la seguridad pública. La narrativa promovida por Contraataque refuerza la idea de que la participación castrense en seguridad es incuestionable y necesaria. El personaje de “El Pollo”, un joven francotirador que entrega su vida por su patria, encarna el discurso del sacrificio como virtud suprema. Sin embargo, deberíamos preguntarnos ante la realidad que enfrentamos, si la muerte de un soldado debería ser presentada como un destino inevitable o glorioso, o más bien como una consecuencia de decisiones políticas que han priorizado una solución armada sobre el fortalecimiento de las instituciones civiles y democráticas.
Hannah Arendt, en “Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal” (1963), reflexionó sobre la obediencia ciega y la falta de pensamiento crítico en contextos de violencia institucionalizada. Argumentó que Adolf Eichmann -Teniente coronel del ejército alemán que desempeñó un papel central en la aniquilación del judaísmo europeo-, lejos de ser un monstruo sádico, era un burócrata ordinario que ejecutaba órdenes sin cuestionarlas. La normalización del actuar militar en la seguridad pública mexicana corre el riesgo de replicar esta lógica, en la que la obediencia es justificada como un imperativo del deber, sin atender las implicaciones éticas de los actos cometidos en su nombre.
En este contexto, la ficción cinematográfica no es inocua, no es casual o inocente. Películas como Contraataque contribuyen a la construcción de un imaginario colectivo que legitima la participación castrense en tareas de seguridad, desplazando el debate sobre las violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento del control civil. Frente a esta realidad, es necesario cuestionar estas narrativas y promover una discusión crítica sobre las consecuencias de la militarización en la vida democrática del país.
