Nos encontramos frente a un problema que, igual que en el pasado, se trató con una política de adversarios. No esperemos resultados diferentes, a no ser que las madres buscadoras encuentren miles de oídos receptivos para poner las cosas en su lugar
Por Jaime García Chávez
Acatando instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Fiscal Alejandro Gertz Manero salió a encarar el reclamo nacional ante los diversos medios del país, pero lejos estuvo de que se produjera información sobre los sucesos del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. La comparecencia fue un verdadero fiasco, tanto por las formas, por cuanto el trato que le dio Gertz Manero a los representantes de la prensa. Trató a los reporteros como menores de edad, a quienes quiso “orientar” y además con una sonrisa irónica, como si el asunto fuera cosa de humorismo.
El Fiscal dio un informe sin información. Ocupó el tiempo de su encomienda presidencial en confrontar de manera privilegiada el funcionamiento de la Fiscalía de Jalisco, facilitándole su empresa que en esa entidad gobierna Movimiento Ciudadano por segunda ocasión sucesiva. Para Gertz Manero todo se desplaza hacia el estado tapatío; al margen están los dividendos políticos por no tratarse de un gobierno de MORENA y se le lanzan todos los denuestos y acusaciones sobre la incuria, intencional o rutinaria.
Piensa el Fiscal que ya olvidamos que la Guardia Nacional tuvo conocimiento previo del sitio, pero sobre todo que es evidente que el fuero federal debió haber actuado con prontitud por encontrarse armas reservadas al uso exclusivo del Ejército o una materia inequívocamente de la competencia del Gobierno de la República, por tratarse de delincuencia organizada y tráfico de drogas, amén de otros delitos que ensombrecen al país.
Sabe el Gobierno Federal, Gertz incluido, que hay mucho qué señalarle a Jalisco, ciertamente; pero sabe más que el foco de atención está en otra parte, y que se trata de establecer, a ciencia cierta, lo que ocurrió en ese espacio de muerte, incluyendo todas las negligencias institucionales que atañen lo mismo a un inerme municipio que a un estado muy importante de la federación, y sobre todo del Gobierno de la República.
Pero deliberamente le da la vuelta al problema y se obstina en abordar explicaciones sobre las competencias judiciales y los recovecos procedimentales de una legislación que no permite esclarecer hechos como este, de manera pronta y expedita. La sombra de Ayotzinapa y del constructor de la “verdad histórica”, Jesús Murillo Karam, rondó la conferencia de prensa del fiscal de la Cuatroté.
Ha iniciado la edificación de un expediente de papel, de cientos de tomos, inconsultable, para que la verdad se pierda en un mar de folios y carpetas.
En este caso hay una miseria observable, la tendencia hasta ahora es que el Gobierno denegó la atención a los padres y madres buscadoras, y fueron tratados como adversarios, acusados de “carroñeros” desde Palacio Nacional. Pasó por alto del discurso oficial que fue una organización de padres y madres buscadoras quienes pusieron al descubierto el lugar y los horrores que ahí se esconden, ahora minimizados por el fiscal. El Gobierno se autocalifica de “izquierda”, pero pone en práctica tácticas de la derecha largamente documentadas y que se circunscriben a explicar los graves problemas de injusticia de este tipo en el país, recurriendo a la sobada idea de que “alguien” les da cuerda, o subvenciona, para que cuestionen al Gobierno a quienes con dolor buscan el paradero de sus seres queridos desaparecidos y que además se cuentan por miles.
Para ser realistas, poco se espera de Gertz Manero; es uno de los reciclados del viejo PRI, del foxismo y del que podemos decir que tiene una historia de acomodaticio y además de negligente, salvo en sus asuntos familiares, para sacar ventajas personales.
Una arista muy importante en este doloroso tema lo ha tocado la doctora y académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Alicia De los Ríos, a la que cito textualmente:
“La conferencia de Gertz Manero me hizo evocar aquella protagonizada por el Procurador Óscar Flores Sánchez en enero de 1979, como respuesta a las denuncias sobre más de 300 desapariciones en Guerrero. El político chihuahuense concluyó que los guerrilleros se mataron entre sí o permanecían en la clandestinidad, pero no estaban desaparecidos. Hoy (19 de marzo) el fiscal Gertz aseguró que las pertenencias del rancho eran de personas que habían sido detenidas por todo el país, pero respondió con ambigüedades ante las preguntas de si eran de personas desaparecidas”.
Alicia De los Ríos, homónima de su madre desaparecida en la década de los setenta, cuestiona fuerte, puntual y contundente:
“A propósito de Flores Sánchez me parece interesante ver que muchas víctimas sobrevivientes de la violencia política del pasado sostienen que el rancho Izaguirre es un montaje para golpear a la 4T. ¿Será que eso mismo sucedió con los revolucionarios de 1910 ante la Guerra Sucia? Sería bueno inspeccionar las lealtades de los veteranos revolucionarios frente a la contrainsurgencia para comprender el cierre de filas de exmilitantes comunistas ante la crisis actual de desapariciones”.
Nos encontramos frente a un problema que, igual que en el pasado, se trató con una política de adversarios. No esperemos resultados diferentes, a no ser que las madres buscadoras encuentren miles de oídos receptivos para poner las cosas en su lugar.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
