Representantes legales de 17 familias de víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y abogados de Francisco Garduño fueron escuchados por un Tribunal Colegiado de Apelaciones, que en tres días emitirá su resolución a la impugnación del fallo que congeló proceso penal al comisionado
Por redacción de La Verdad Juárez
Un Tribunal Colegiado de Apelación escuchó este miércoles 2 de abril a los representantes legales de 17 familias de víctimas – fallecidos y sobrevivientes– del incendio registrado en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes ratificaron la petición de que se revoque la suspensión del proceso penal que se le otorgó al titular de esa dependencia, Francisco Garduño Yáñez.
En un plazo de tres días el Tribunal deberá emitir una resolución.
Al salir de la diligencia, Garduño Yáñez declaró que no le preocupa que se pueda revocar la suspensión.
“No me preocupa (la revocación), me preocupa la justicia para las víctimas directas e indirectas, eso ha sido mi objetivo principal desde el penoso incidente”, afirmó.
El comisionado está acusado de haber cometido el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por presuntamente incurrir en una serie de omisiones que provocaron un incendio el 27 de marzo del 2023 en la estancia, ubicada junto al puente internacional Reforma, y que estaba bajo su mando.
El incendio causó la muerte a 40 migrantes extranjeros y lesiones graves a otros 27. Así como una afectación a 15 mujeres que también estaban encerradas bajo llave en ese inmueble.
El pasado 24 de enero el juez federal, Víctor Hernández Calderón, aprobó la suspensión de la causa penal iniciada en contra Garduño a cambio de que en un plazo de 18 meses cumpla con seis acciones, entre ellas: ofrecer una disculpa pública a las víctimas, concluir con las indemnizaciones del gobierno a las víctimas, supervisar las estancias migratorias y capacitarse en materia de derechos humanos.
En la diligencia realizada este miércoles, ante los integrantes del Tribunal, Octavio Pineda Toribio, Emiliano López Pedraza y Gabriel Alejandro Castillo Sabanero, los abogados de la Fundación para la Justicia ratificaron la apelación que presentaron semanas atrás.
El abogado de la Fundación para la Justicia, Marcos Zavala Cruz, dijo que en las siete causas penales que se han iniciado en contra de 11 personas por su presunta responsabilidad en el incendio sucedido en la estancia migratoria hubo una desigualdad procesal en perjuicio de las víctimas porque si bien estaban en términos jurídicos representadas por abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), materialmente no hubo una defensa de sus derechos: no hicieron argumentos a favor de ellas, no se les tomó en cuenta al momento de imponer las medidas cautelares a los acusados, entre otras irregularidades.
Zavala también expuso que desde el inicio se favoreció a Francisco Garduño, al acusarlo de un delito menor como ejercicio ilícito del servicio público. El favoritismo consistió en que este tipo penal admite salidas alternas, como la suspensión ya otorgada. Ese beneficio evita que el caso llegue a un juicio oral y en caso de que cumpla con todas las condiciones que le ordenó el juez esta figura legal tiene efectos de una sentencia absolutoria, ni siquiera le quedara un antecedente penal al funcionario.
El abogado de la Fundación también les dijo a los magistrados que al aprobarse la suspensión del proceso penal a favor de Garduño Yáñez tampoco se tomó en cuenta a los sobrevivientes y a las familias de los migrantes fallecidos. Al ser la suspensión una herramienta puede permitir la finalización de la causa penal, se les a los afectados niega una justicia plena, pues en las condiciones impuestas a Garduño como parte de la suspensión no incluyen acciones que correspondan a medidas de restitución, de reparación integral, tampoco acciones que garanticen la no repetición de una tragedia similar, ni la inhabilitación de Garduño, entre otras.
Los inconformes denunciaron que el juez de primera instancia que aprobó la suspensión, Víctor Hernández Calderón, convalidó que la indemnización a las víctimas con dinero del erario público le favoreciera a Garduño, pues en lugar de ordenar que él pagara una parte proporcional con recursos propios por las omisiones en las que incurrió como responsable de las estancias migratorias, se aceptó el uso de recursos públicos.
“La misma Ley General de Víctimas hace una distinción en lo que debe ser una indemnización por graves violaciones a Derechos Humanos y otra cuando una persona, independientemente cuando es servidor público o particular, también debe reparar cuando es acusada de un delito, como en este caso acontece en la causa penal 237/2023”, dijo en entrevista Zavala Cruz.
Propiciar que un acusado no pague la reparación de daño, manda un mensaje de impunidad.
“Se tienen que pagar las consecuencias para que los hechos atroces ocurridos el 27 de marzo en la estancia provisional de Ciudad Juárez, que era una estancia pública del Instituto Nacional de Migración jamás se vuelva a repetir”, agregó.
Miguel Ángel Centeno Cruz, abogado de la Fundación para la Justicia, señaló que el Estado Mexicano le ha fallado dos veces a las víctimas y reclamó que, a pesar de existir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del Campo Algodonero vs México, en el que establece la obligación de las autoridades de velar por una justicia transformadora, no ha habido acceso a la justicia, verdad y ni reparación para los migrantes víctimas del incendio.
En su turno uno de los abogados del comisionado Garduño, Rodolfo Pérez Velázquez, respondió que Fundación para la Justicia no defiende a todas las víctimas del siniestro y –aseguró– hubo una negociación con las otras víctimas; agregó que ya se cumplió con el pago de la reparación a las familias de los 40 fallecidos y a los 27 sobrevivientes gracias a las gestiones realizadas por Francisco Garduño.
El representante legal del acusado afirmó que ni Francisco Garduño ni el resto de los imputados tienen la posibilidad de pagar la reparación del daño de su pecunio.
“Hay mucha insistencia en que Francisco pague porque era el titular, ni él ni a los otros imputados les es posible pagar… la finalidad del proceso penal es que se pague. En temas ambientales si contamos con un seguro y paga ¿no procede? ¿si no paga el responsable no procede? El pago por terceros es válido. Lo importante es que las familias recibieron el pago”, afirmó Pérez Velázquez.
El litigante privado también refirió que para determinar los montos de la reparación del daño se atendió a opiniones técnicas de la CEAVE y dijo que ninguno de los siete amparos presentados por Fundación para la Justicia, tienen el alcance de obstaculizar la suspensión.
Otro de los abogados de Garduño, Manuel Ochoa García, le indicó a los magistrados que para definir los montos de la reparación a las víctimas no se usó un informe de actividades de la CEAVE sino un dictamen técnico y no existe una pericial que contravenga ese dictamen.
Un abogado del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales (INDAABIN) y quien es subordinado de Garduño, también estuvo en la diligencia vía remota y expresó a los magistrados estar de acuerdo con la suspensión otorgada al comisionado.
Al salir de la audiencia Garduño refirió que ha sido acusado de ser omiso en dar la disculpa pública, pero -afirmó- “no es cierto nosotros le informamos al juez antes de 30 días que estábamos nosotros ya en condiciones de pedir la disculpa que nos indicará cómo, cuándo y dónde, y no lo hizo, nos señaló que daban un año y medio para organizarlo, pero nosotros queremos hacerlo lo más rápidamente posible, o sea no fue una decisión unilateral”.
Por lo que ya se organiza el acto público con la CEAVE y será el 16 de abril.
Garduño agregó que ya se pagó a todas las víctimas incluidos los dos venezolanos que están detenidos en calidad de presuntos responsables de iniciar el fuego en la estación migratoria.
De los presuntos responsables del incendio que causó la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estancia en Ciudad Juárez, actualmente solo permanecen en prisión cuatro funcionarios del INM, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G. acusados por los delitos de homicidio y lesiones, así como Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua al momento de la tragedia, por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
Además, están en prisión el guardia de seguridad privada Alan Omar P.V., y dos migrantes de Venezuela, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R.
Otros tres funcionarios del INM siguen el proceso penal en su contra en libertad, se trata de Daniel G.Y., quien al momento de ese hecho era el representante local Noroeste del INM, Eduardo A.M., él se desempeñaba como jefe de Recursos Materiales del Instituto, y Juan Carlos M.C. coordinador del Grupo Beta.
Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz, también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023.
Para las personas que están en la cárcel está por vencerse la medida cautelar de prisión preventiva, debido a que este mes se cumplen dos años de que se les impuso esa cautelar y no se ha llegado a una sentencia.
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