Para las comunidades de la frontera norte, el tema de los aranceles y los tratados de libre comercio reviste particular relevancia dado que su subsistencia, identidad y desarrollo siguen fuertemente ligados a un intercambio económico transfronterizo
Por José Mario Sánchez Soledad
A lo largo de la historia de la frontera entre México y Estados Unidos, el tema de los aranceles (impuestos a la importación y exportación) ha sido un factor determinante para la economía local y la vida cotidiana de las comunidades fronterizas. Desde que se estableció formalmente la línea divisoria a mediados del siglo XIX, ambas naciones quedaron sujetas a esquemas arancelarios soberanos y distintos. Esto generó retos específicos para el intercambio de mercancías y, sobre todo, para la subsistencia de los habitantes de las ciudades y pueblos cercanos a la frontera.
El surgimiento de las tensiones arancelarias
Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) y la pérdida de gran parte del territorio mexicano, se hizo evidente la necesidad de establecer controles aduanales y disposiciones arancelarias a lo largo de la nueva frontera. Para México, la recaudación de impuestos de importación representaba una fuente de ingresos importante, mientras que, para los nuevos asentamientos estadounidenses al sur de Texas, la construcción de una infraestructura aduanal era igualmente esencial. Sin embargo, estas dos lógicas fiscales no siempre coincidían, y las diferentes tasas arancelarias generaron un ambiente propicio para el contrabando y la inconformidad social.
La Rebelión de la Loba en Laredo, Tamaulipas
Uno de los episodios más significativos de esta conflictividad fue la llamada Rebelión de la Loba, ocurrida en Laredo, Tamaulipas, hacia 1851. Aunque sus causas fueron diversas —incluyendo tensiones políticas locales y disputas de poder— el trasfondo del cobro de impuestos aduanales tuvo un peso determinante. Las comunidades fronterizas dependían del intercambio comercial fluido a ambos lados del río Bravo (Río Grande), y la imposición de aranceles rígidos encarecía productos básicos y dificultaba la libre circulación de mercancías. Este malestar alimentó levantamientos y movimientos de resistencia que, como la Rebelión de la Loba, reflejaban la tensión entre el control centralista y la dinámica económica local de la frontera.
Conflictos comerciales durante la Guerra Civil de EUA y el Imperio de Maximiliano
La Guerra Civil de Estados Unidos (1861-1865) impactó directamente el comercio en la frontera norte de México. Las partes en conflicto (la Unión y la Confederación) buscaron abastecerse de materias primas y mercancías que cruzaban la frontera aprovechando las diferencias arancelarias y la escasa vigilancia en ciertas regiones.
Al mismo tiempo, el gobierno mexicano enfrentaba la intervención francesa, que instauró el Segundo Imperio bajo Maximiliano (1864-1867). Durante este periodo, la atención política y militar se concentró en la defensa de la soberanía nacional, relegando a un segundo plano la consolidación de un marco arancelario estable. Como consecuencia, se generó un ambiente propicio para el contrabando y la evasión fiscal, sobre todo en regiones alejadas de los centros de poder, como la frontera norte.
La Zona Libre y la Franja Fronteriza
Con el triunfo de la República en 1867, el presidente Benito Juárez retomó los esfuerzos por regular el comercio fronterizo. Uno de sus legados más importantes fue la promoción de las llamadas Zonas Libres, que eran espacios geográficos a lo largo de la frontera donde los aranceles se reducían o incluso se exentaban con el fin de incentivar la actividad económica local y combatir el contrabando.
Posteriormente, durante el régimen de Porfirio Díaz (1876-1911), esta política se mantuvo y se perfeccionó, permitiendo que ciudades como Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Juárez y Tijuana se convirtieran en polos comerciales binacionales. Con el paso del tiempo, iniciando en 1905, el gobierno mexicano moduló la idea de la Zona Libre para dar paso a la Franja Fronteriza, un esquema que buscaba combinar ventajas arancelarias para la importación de ciertos productos con una mayor regulación para proteger a la industria nacional.
Aun así, las enormes distancias entre las ciudades del norte y los centros de producción en el resto de México siguieron siendo un factor determinante. Dadas las extensiones territoriales, resultaba más rápido y barato abastecerse de productos estadounidenses que transportarlos desde el interior de la República. Por ello, las comunidades fronterizas se convirtieron en fervientes promotoras de reducir al mínimo los aranceles y promover el libre comercio, al menos en el ámbito local.
El reto del abasto y la lucha por el libre comercio en el siglo XX
Durante el siglo XX, la pugna por un comercio más libre continuó. El gobierno federal comprendía la necesidad de mantener un control fiscal y arancelario para proteger la producción nacional y recaudar fondos, pero, al mismo tiempo, reconocía el papel crucial de la frontera como motor económico y vínculo con el mercado estadounidense.
En la década de 1960, el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF) se propuso modernizar la infraestructura y mejorar el abasto en la frontera norte. Pese a que en algunos casos se cubría hasta el 50% del costo de flete para productores nacionales, existía resistencia para atender la demanda fronteriza dada la competencia de los productos de Estados Unidos y las grandes distancias de transporte.
Uno de los hitos en la apertura comercial selectiva fue la autorización de los llamados productos gancho en la década de 1970, permitiéndose la importación de ciertos bienes de consumo popular con aranceles reducidos o exentos. Este mecanismo buscaba satisfacer la demanda de productos de rápida rotación y, a la vez, apaciguar el descontento social por los altos precios. Sin embargo, esta liberalización parcial generó tensiones con la industria nacional, que veía en la Franja Fronteriza ventajas desproporcionadas a costa de la competitividad de las empresas en el resto del país.
Ante este panorama, el gobierno impulsó la creación de la Industria Maquiladora, de manera formal desde la segunda mitad de la década de 1960 con el Programa de Industrialización Fronteriza. Esta iniciativa ofrecía exenciones arancelarias y facilidades para la instalación de fábricas orientadas a la exportación, atrayendo inversión extranjera y fomentando el empleo en la frontera. La emergencia de esta industria también respondió, en gran medida, a la necesidad de crear empleos después de la cancelación de los Programas Bracero en Estados Unidos.
Reflexiones finales
La experiencia histórica de la frontera norte de México evidencia la complejidad de equilibrar el control arancelario con la intensa dinámica comercial propia de la región. Las grandes distancias con los centros de producción tanto de México como de Estados Unidos han fomentado un intercambio continuo y han justificado, en no pocas ocasiones, demandas de exención o reducción de impuestos aduanales. Por su parte, la protección de la industria nacional y la recaudación fiscal han permanecido como preocupaciones legítimas del gobierno federal.
A través de eventos como la Rebelión de la Loba, la Guerra Civil estadounidense, el Imperio de Maximiliano y la consolidación de la Zona Libre y la Franja Fronteriza, se observa un patrón de ajustes y tensiones constantes. El surgimiento de la Industria Maquiladora dio un giro a la dinámica comercial, pero no suprimió la relevancia de los aranceles; antes bien, los reconvirtió en una herramienta de política económica para impulsar la exportación y atraer inversión. No obstante, esta misma política ha tenido repercusiones profundas en la industria nacional y en el tejido social de la frontera.
En la actualidad, las discusiones en torno a los aranceles y a los tratados de libre comercio continúan ocupando un lugar central en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Para las comunidades de la frontera norte, el tema reviste particular relevancia dado que su subsistencia, identidad y desarrollo siguen fuertemente ligados a un intercambio económico transfronterizo. De ahí que los aranceles no deban ser tomados a la ligera; es indispensable hallar un balance que promueva el desarrollo regional sin desatender los intereses económicos del resto del país.
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José Mario Sánchez Soledad, empresario e historiador de Ciudad Juárez y consejero nacional de Coparmex.
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Fuentes y bibliografía recomendada
- Archivo General de la Nación (AGN). Sección: Hacienda. Diversos documentos sobre la administración de aduanas y la política arancelaria en el siglo XIX.
- Bazant, J. (1977). Historia de la deuda exterior de México (1823-1946). El Colegio de México. [Contexto sobre el manejo fiscal y la recaudación de impuestos].
- García Cantú, G. (1961). Rebelión de la Loba en Nuevo Laredo. Universidad Nacional Autónoma de México. [Estudio histórico específico sobre el levantamiento en la frontera].
- Hinojosa, G. M. (1983). A Borderlands Town in Transition: Laredo, 1755-1870. Texas A&M University Press. [Sobre la evolución socioeconómica de Laredo y la frontera].
- Levinson, I. (2006). Wars Within War: Mexican Guerrillas, Domestic Elites, and the United States, 1846-1848. TCU Press. [Aunque se enfoca en la guerra de 1846-1848, aporta datos sobre la economía de contrabando y aranceles].
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1872). Ley Orgánica de Aduanas Marítimas y Fronterizas. México: Tipografía de la Oficina Impresora de Estampillas. [Documento legal que norma la aplicación de impuestos de importación en puertos y fronteras].
- Velázquez, L. (2009). Historia de la industria maquiladora en la frontera norte de México. El Colegio de la Frontera Norte. [Investigación académica sobre la evolución de la industria maquiladora].
- Weber, D. J. (1982). The Mexican Frontier, 1821-1846: The American Southwest Under Mexico. University of New Mexico Press. [Referencia útil para entender el contexto histórico del comercio y la soberanía durante la etapa previa a la formalización de la frontera].
