Entre la toga y la seducción: elección judicial en tiempos de (macro)criminalidad
miércoles, mayo 7, 2025
El paisaje es preocupante. Reconozco que sí hay un número importante de aspirantes que cuentan con perfiles idóneos. Pero en un país en el que las lógicas de la macrocriminalidad se han fortificado con un grado de espesor tan denso, lo que se puede intuir en el horizonte es un proceso turbio, nebuloso, y en términos generales desesperanzador
Por Salvador Salazar Gutiérrez
El próximo 1 de junio se llevará a cabo por primera vez una elección judicial directa, derivada de la reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024. Esta reforma establece que ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como jueces y magistrados de circuito y distrito, sean elegidos mediante voto popular, con la participación del Instituto Nacional Electoral. Más allá del debate técnico-jurídico sobre su pertinencia o viabilidad, lo que urge discutir —y denunciar— es el modo en que esta reforma abre la puerta a la legitimación popular de actores ligados directa o indirectamente a redes de macrocriminalidad que han capturado territorialmente regiones del país. Una realidad que, aunque cínicamente presentada como “sorpresiva” por algunos funcionarios, era plenamente previsible.
La lista de aspirantes está poblada por perfiles alarmantes. Exabogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán o de líderes de los Zetas en el norte del país, personajes con antecedentes de corrupción o privación ilegal de la libertad, y figuras cercanas a organizaciones religiosas fundamentalistas cuyos líderes enfrentan procesos penales por violencia sexual contra menores. Este abanico de candidaturas, en lugar de reflejar una voluntad de renovación judicial, revela el grado de infiltración y normalización de la criminalidad en el aparato institucional. La pregunta ya no es si este proceso fortalecerá la justicia: la sospecha más inquietante es si no estaremos, en cambio, ante una escenificación electoral de una “pseudodemocracia” judicial, legitimando desde las urnas el poder de facto de estructuras criminales.
Hace unos días una periodista de un medio internacional me solicitó una entrevista en relación al tema. Su preocupación giraba en la relación entre narcotráfico y crimen organizado con ciertos actores ligados al proceso de la elección. En particular me hacia la pregunta de por qué las personas votarían por perfiles que, en medios periodísticos, se habían hecho público sus vínculos o ligas con la macrocriminalidad. “La gente desconocía, no le importaba, tenía miedo,” o cuál sería la respuesta para entender este panorama de penetración latente, que se puede avecinar con el proceso de la elección.
Sabemos que las posibles respuestas distan de generar una única “verdad” de lo que acontece. De entrada, es indispensable no perder de vista un horizonte de lectura más amplio en una doble trayectoria. Por un lado, el peso de penetración y presencia de la macrociminalidad en complicidad con agentes del Estado mexicano en varias regiones del país. Y, en segundo término, la grave problemática de corrupción e impunidad que históricamente ha caracterizado a la estructura judicial en nuestro país. Quisiera detenerme un poco más en la primera.
¿Por qué aparecen con cierta fuerza en la esfera pública, aspirantes al poder judicial de los que se ha dado cuenta de su relación o liga con el ámbito macrocriminal?, y en este sentido, ¿por qué es preocupante que efectivamente encuentren una especie de respaldo popular y con ello, los votos suficientes para adquirir uno de los puestos vacantes como jueces o magistrados? Aunque el estado mexicano, en sus diversos órdenes de gobierno y adscripciones partidistas, han negado o minimizado este entramado de vínculos que está gestándose, y más allá de la reacción cínica de “sorpresa” plasmada por actores como el presidente de la cámara del senado ante la evidencia tan contundente, considero que dos aspectos nos pueden ir perfilando el por qué es posible que efectivamente se salga con la suya esta red de complicidad en el proceso de la elección judicial.
Primero como sabemos, evidenciado y analizado por un sector de la prensa así como el ámbito académico, el crimen organizado en su lógica de macrcriminalidad se ha valido de la presencia violenta y a partir de la estrategia de implementar el miedo y el horror como mecanismos de control en los territorios. El necroterritorio, la gestión de un lugar a partir de la violencia y la muerte atroz. Esto ha quedado plasmado en una cantidad creciente de casos a lo largo de los últimos años, cómo el crimen organizado en complicidad con el estado mexicano, han implementado operativos altamente violentos sobre poblaciones con la finalidad de controlar los territorios. En este escenario, el miedo se convierte en un potente gestor para el manejo de la “participación” colectiva, frente a este proceso de elección.
Por otro lado, no podemos perder de vista que además del uso de la violencia atroz sobre la población, la macrocriminalidad se ha valido de una especie de presencia seductora en la que acciones como ofertar víveres, aspiraciones a un acceso de bienes o de vida de consumo les ha permitido afianzar su presencia y aceptación por poblaciones enteras. Esto no se ha gestado de la noche a la mañana. Por décadas, varias de estas regiones se han visto desprovistas y abandonadas de la presencia del Estado y su limitada política de atención social. En muchas comunidades rurales o serranas, lo más cercano a la presencia del Estado ha sido, si acaso, una pequeña escuela con graves carencias de infraestructura para la atención de la población. Ya ni se diga un centro de salud o dispensario médico. Ante este abandono, el crimen organizado ha encontrado una gran posibilidad de presencia y adscripción, seduciendo a la población otorgando aquello que el Estado simplemente abandonó o ha sido omiso. En otras palabras, los grupos delictivos no solo intimidan: seducen, cooptan y ofrecen membresía en territorios donde escasean otras formas de reconocimiento o adscripción.
En otras palabras, la seducción funciona como una forma de dominación tersa, suave, que no necesita imponerse por la fuerza, sino que se incorpora al tejido social a través del deseo, en particular aquel deseo de acceder a una “justicia” propiciada desde los intereses particulares y las relaciones de complicidad criminal. Incluso, todavía más grave podríamos considerar que la presencia de aspirantes al poder judicial promovidos por esta red paralegal, también adquiere una cierta valoración positiva, si ubicamos un imaginario socialmente producido a lo largo de los años en el sentido de la clásica expresión “cómo nos arreglamos”. El acto de “justicia” será aquel que, más allá de la corrupción como “anomia” o “disfuncionalidad”, formará parte del día a día al ser, como bien sostiene el doctor Genaro Zalpa, una cultura de corrupción profundamente arraigada en el funcionamiento cotidiano de las instituciones y la vida social en México.
El paisaje es preocupante. Reconozco que sí hay un número importante de aspirantes que cuentan con perfiles idóneos. Pero en un país en el que las lógicas de la macrocriminalidad se han fortificado con un grado de espesor tan denso, lo que se puede intuir en el horizonte es un proceso turbio, nebuloso, y en términos generales desesperanzador. Concluiría preguntando, ¿qué sucede con una intención de democratizar un proceso, cuando el deseo de justicia se encuentra cooptado por quienes han hecho del orden paralegal un modo de gobierno?
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*Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
