En medio de crisis de violencia y desplazamiento forzado, Sheinbaum entregará tierras a rarámuris
viernes, mayo 16, 2025
La segunda visita presidencial en los últimos seis meses ocurre en medio de una crisis de violencia y desplazamiento forzado interno masivo de comunidades originarias de la Sierra Tarahumara, principalmente del municipio de Guadalupe y Calvo, una realidad que las autoridades de Chihuahua se niegan a aceptar frente a una escalada de violencia a la que no han logrado ponerle freno.
Por Patricia Mayorga y Óscar Rosales / Raíchali
Chihuahua.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará este sábado la localidad de Baborigame, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, una región conocida por su alto índice de desplazamiento forzado interno, que afecta principalmente a los pueblos indígenas rarámuri y ódami.
El propósito central de su visita será la entrega de títulos de propiedad de parte del territorio que ancestralmente pertenecen a las comunidades indígenas. Estas acciones se realizarán en el marco de la implementación del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara.
Las comunidades que recibirán títulos de propiedad son Mesa Coloradas de Guadalupe y Calvo y Mogótavo, del municipio de Urique.
Ubicación del poblado de Baborigame, en Guadalupe y Calvo (Animación: Óscar Rosales)
Víctor Martinez, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Chihuahua, dio a conocer que la entrega se hará en materia agraria, mediante la firma del Decreto correspondiente, para reconocer a la comunidad de Mesa Colorada, perteneciente al Pueblo Tepehuano del Norte (Ódami), el predio denominado Rancho Las Agujas, con una superficie de más de 502 hectáreas como propiedad comunal tradicional.
También firmará el Decreto por el que se hará el reconocimiento del territorio de la comunidad de Mogótavo, que pertenece al pueblo rarámuri, una vez que el gobierno federal adquirió a una particular 317-88-89.82 hectáreas por el Programa de Atención de Conflictos Agrarios (PADCA).
En el caso de Mogótavo, se trata de una pequeña parte de su territorio, que fue comprado y fraccionado por particulares, aún cuando ahí habitaban y habitan decenas de familias rarámuri. En diciembre del año pasado, la presidenta ya había realizado una entrega parcial de sus tierras a la comunidad, aunque solo representaron el 6.3 porciento de las 11 mil hectáreas que se les han arrebatado desde la década de los 80’s.
La parte principal del territorio de Mogótavo la compraron cinco políticos-empresarios del Partido Revolucionarios Institucional (PRI), quienes en 2021 demandaron a la comunidad rarámuri por despojo.
Quienes demandan son: Omar Bazán Flores, expresidente del PRI estatal y director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); Ricardo Orviz Blake, empresario de Delicias y exdiputado priista; Jesús Alberto Cano Vélez, exdiputado del PRI en Sonora y exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal; Agustín López Dumas, empresario en Delicias y la familia de Ricardo Valles Alvelais, quien falleció en 2015.
En diciembre del año pasado, Mogótavo les ganó un juicio penal. Sin embargo, se mantienen litigios por la vía agraria y civil.
Visita presidencial, en medio de la negación del desplazamiento forzado en Chihuahua
La llegada de Sheinbaum tendrá lugar en medio de un contexto de violencia recrudecida en en toda la Sierra Tarahumara. Ante esto, el Congreso de Chihuahua aprobó en febrero pasado, un exhorto dirigido a la presidenta para que se declarará estado de emergencia a Guadalupe y Calvo.
Tan solo anoche, en el municipio vecino de Guachochi, se registró un enfrentamiento entre grupos delictivos que se disputan la plaza. La balacera ocurrió en la cabecera municipal, donde dispararon contra casas e incendiaron un vehículo cerca de la glorieta El Caballito. Los delincuentes utilizaron drones para lanzar proyectiles de armas de fuego.
De acuerdo con pobladores del lugar, hubo personas muertas. Aunque hasta el momento, la Fiscalía reportó saldo blanco por la jornada de violencia.
El enfrentamiento de este jueves 15 de mayo entre grupos criminales en Guachochi comenzó a plena luz del día
A unas cuantas horas de la llegada de Sheinbaum a Baborigame, se incrementó la vigilancia en Guachochi y se reporta falta de señal telefónica en la zona.
Sin embargo, lo que ocurrió la noche de este jueves en Guachochi forma parte de una escalada de violencia a la que las autoridades no han logrado poner freno. Desde el 2021, se han documentado enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en alianza con La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.
Esta guerra entre grupos armados, que disputan el control del territorio, ha establecido fronteras violentas y ha llevado a comunidades muy cercanas a Baborigame a vivir en estado de emergencia constante, como es el caso de Santa Tulita, Cinco Llagas y Dolores.
La ola de violencia ha provocado un constante desplazamiento masivo casi entero de las comunidades, tanto de población mestiza como indígena Ódami. Los familias que se quedan, temen salir de sus hogares incluso para trabajar sus tierras o atender su ganado por miedo a ser identificados con un grupo rival o ser reclutados a la fuerza.
Mayra Chávez, delegada de del Bienestar en Chihuahua, reconoció ante medios que ni la presencia de la presidenta ni las acciones que encabeza, terminarán con el desplazamiento y la inseguridad en los puntos rojos en la entidad.
Chávez destacó la importancia que tienen las instituciones de seguridad para el apoyo de la población, mientras que dijo, el trasfondo de la entrega de tierras es el reconocimiento del despojo a los pueblos originarios.
A pesar de la evidencia de la violencia y el desplazamiento forzado interno, las posturas oficiales por las autoridades de Chihuahua son contradictorias. Mientras que organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) han documentado los desplazamientos y brindado apoyo, la Fiscalía de Chihuahua ha negado la existencia de desplazamiento forzado, bajo el argumento de que las personas se van por falta de servicios o que los enfrentamientos solo son entre grupos criminales que quieren “imponer su mando”.
El pasado martes 6 de mayo, el titular de la fiscalía, César Jauregui Moreno, afirmó ante la prensa que el desplazamiento “es esporádico” y que “no es un éxodo masivo”. Dicha declaración la dio tras el Encuentro de Personas Desplazadas, que se dio en forma de campamento frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, el 2 y 3 de mayo.
Marcha de personas desplazadas en la ciudad de Chihuahua. Fotografía: Raúl F. Pérez Lira / Raíchali
Algunas de las familias originarias de comunidades afectadas que asistieron al encuentro, expusieron que llevan gasta 15 años desplazados fuera de su territorio y marcharon por las calles del Centro Histórico de la capital, para exigir retornos seguros y la reparación integral de los daños por abandonar sus hogares.
Diez días después de esa movilización, la organización Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) entregó una solicitud a la gobernadora de Chihuahua, Maru Eugenia Campos, para establecer una mesa de trabajo con diversas instituciones para atender a las familias desplazadas de la Sierra Tarahumara.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.
