Tengo una convicción: la corrupción política es tan importante que ni los ciudadanos ni los plebeyos tienen porque meterse con ella o ser parte de su combate. Primero se rompió el dique, que abrirse la justicia
Por Jaime García chávez
Empiezo con una pregunta: ¿La lucha contra la corrupción está reservada, de facto, para la clase política con poder? Mi respuesta afirmativa la fundo en un hecho de todo mi conocimiento y se refiere al exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
Me explico. Hace unos días fue noticia nacional el acaparamiento de agua que hizo Duarte durante su Gobierno en cinco presas y pozos ilegales. Como su poder fue para poder, según su propio dicho, no tuvo la más mínima autocontención para abusar de un recurso natural, patrimonio de la Nación.
Esas obras hidráulicas estaban anexas a una especie de hacienda de su propiedad (los medios la catalogaron como casa de campo) en el municipio de Balleza, en la región hidrológica 24. El agua capturada corresponde al arroyo conocido como el Saucito, que alimenta al Río Balleza, que en un recorrido de 85 kilómetros llega al Conchos para nutrir al Río Bravo, sobre el cual México tiene un tratado con Estados Unidos.
Las presas eran conocidas de mucho tiempo atrás y por razones obvias la CONAGUA de Enrique Peña Nieto nunca dijo ni hizo nada. Durante el Gobierno de López Obrador se continuó en la misma línea, como si el exgobernador fuera un intocable. Ahora, la CONAGUA de Claudia Sheinbaum decreta la demolición de las represas y se procede a volver las aguas a su cauce natural, cancelando el privilegio que usufructuaba Duarte en tiempos de grave sequía en Chihuahua y de reclamo de los Estados Unidos de lo que le corresponde por el referido Tratado de 1944.
Esta corrupción, desde el ángulo que se le quiera ver, era una evidencia a los ojos de todos, de los ciudadanos y los gobernantes; y sin embargo hubo un retraso administrativo para ponerle remedio. Algunos dicen que esta acción es un distractor de circunstancia. La realidad es que los diques ilegales se destruyeron y las aguas corrieron.
Está en las facultades de CONAGUA realizarlas. Lo extraño es porqué no lo había hecho si se trataba de un evidente delito, de los muchos que debe el exgobernador, lo que para mí significa que cuando se involucran corruptos políticos de peso se provoca una parálisis en el Gobierno. Y cuando digo esto, estoy pensando en la ramificación del pacto de impunidad del que se ha beneficiado Peña Nieto, Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, por citar a los más visibles.
Pareciera que la presencia de estos influyentes actores provoca una especie de letargo o lentitud crónica en el Gobierno. Y aquí paso a otro dato que me parece esencial en el caso que me ocupa.
El 23 de septiembre de 2014 interpuse, en nombre de Unión Ciudadana, una denuncia penal sustentada en hechos irrebatibles y con pruebas contundentes. Los que se configuraron fueron el de enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. El primero de ellos maquinado mediante la constitución de un fideicomiso por 65 millones de pesos para adquirir acciones en un banco que el mismo Gobierno estaba impulsando y que habría quedado bajo el control del exgobernador que soñaba con ser un hombre poderoso en el mundo de las finanzas, desde el cual pretendía catapultarse a un poder político mayor, sin descartar la Presidencia de la República.
La denuncia le cayó a Duarte como balde agua fría, o como un rayo en cielo sereno, ya que todo lo tenía controlado en la entidad (poderes legislativo, judicial, partidos, ayuntamientos, medios de comunicación, universidades y el manejo discrecional de las finanzas públicas, al grado de que el arquitecto del banco en ciernes, Jaime Ramón Herrera Corral, era el Secretario de Hacienda que abría y cerraba el flujo de dinero para uso estrictamente privado y corrupto).
La denuncia se presentó en la antigua Procuraduría de Jesús Murillo Karam y prosiguió en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero. No obstante haberse formado un expediente de cien volúmenes con más de mil páginas cada uno, la realidad es que se trata de un asunto jurídicamente sencillo y que se redujo a probar, como se probó, que César Duarte en toda su historia económica legal estaba imposibilitado para contabilizar en sus haberes esos 65 millones de pesos. Jamás pudo desvanecer el claro sentido corrupto del Fideicomiso que suscribió al lado de su esposa, Olga Gómez Fong. Para la comprobación del delito, esto fue una presunción legal que hace prueba plena en contra del exgobernador. Es decir, o esos 65 millones eran de procedencia ilícita externa, lo que sería muy grave, o eran desviados a sus bolsillos desde el erario, lo cual también era igualmente muy grave.
Con maniobras legaloides Peña Nieto ordenó el archivo de la investigación y quiso sepultarla. Me amparé y en el trámite del juicio de garantías, ya en la época de López Obrador, la Fiscalía litigó en favor de Duarte. En esta instancia fueron derrotados, pero nada ha pasado. Se solicitó una audiencia con López Obrador ya en el poder y jamás la concedió. No ha llegado a una autoridad judicial la fundada denuncia, advirtiéndose la abstinencia de voluntad política para juzgar el asunto ante una autoridad jurisdiccional. Pareciera que los ciudadanos no tenemos voz en asuntos importantes de corrupción.
Políticamente Unión Ciudadana, brazo cívico que sustentó la denuncia, generó las condiciones para la derrota plena del PRI de César Duarte en Chihuahua. En este aspecto la lucha cívica produjo un gran despertar ciudadano que mandó al ostracismo al tiránico Gobierno y su partido, quedando impune por el delito que se impulsó, pero que fue el germen para esa derrota.
El Gobierno local, del propio Duarte y de Javier Corral, tenía en sus manos la misma denuncia, y es explicable que el primero no hiciera nada; pero el segundo traicionó la causa de Unión Ciudadana, buscó el protagonismo por otros medios una vez instalado en el poder y ni siquiera engrosó el expediente en la solicitud de extradición de César Duarte. Seguro estoy que al escarbar en el caso, encontró ramificaciones en parte de la oligarquía que le ayudó a gobernar. Por eso no movió un dedo, lo que le valió, tiempo después, ganar por tercera vez una senaduría, ahora por MORENA.
Tengo una convicción: la corrupción política es tan importante que ni los ciudadanos ni los plebeyos tienen porque meterse con ella o ser parte de su combate. Primero se rompió el dique, que abrirse la justicia.
Esa es, por hoy, la moraleja. Ojalá Claudia Sheinbaum reviva esa vieja pero contundente denuncia.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
