A partir de septiembre, las personas juzgadoras actualmente en funciones dejarán sus cargos y serán sustituidas por quienes resultaron ganadoras en la elección judicial del 1 de junio.
Por Banca Carmona / Observatorio Judicial Ibero-La Verdad Juárez
Entre escuchar las declaraciones de testigos, firmar oficios y encabezar audiencias, jueces en funciones se preguntan qué sigue para ellos y ellas en el ámbito profesional, pues la Reforma Judicial los dejará sin empleo en unas semanas.
“Yo no puedo trabajar como abogado, ni como representante legal… Sí manejo los delitos federales, pero todavía tengo que ir a aprender cómo se maneja la litigada. Es diferente a juzgar, es estar del otro lado”, dice Dirceu Solís, juez desde 2019 y quien quedará desempleado en dos meses.
A partir del próximo 1 de septiembre, en Chihuahua, decenas de personas juzgadoras del fuero común serán relevadas de su función jurisdiccional por quienes resultaron ganadores en el proceso electoral realizado el 1 de junio. Sólo en el Distrito Judicial Bravos –con jurisdicción en las ciudades de Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe y Ahumada–, serán 73, al menos.
Uno de esos jueces que deberá entregar el puesto, tras perder en la elección judicial, es Jesús Manuel Medina Parra, de 50 años, 20 de los cuales ha sido juez.
Sin embargo, él no tendrá acceso a una jubilación, tampoco a una pensión, ni derecho a servicio médico. Solo una liquidación conforme a la ley, porque para la jubilación anticipada, que fue aprobada por el Congreso del Estado tras la Reforma Judicial, se requiere tener más de 59 años cumplidos o presentar una enfermedad grave, mientras que para la pensión el requisito es contar con 30 años de servicio y 58 años cumplidos.
Medina comenzó a trabajar en el Poder Judicial en agosto de 1997, primero como secretario de juzgado y, seis años después, tras presentar un examen de oposición, fue nombrado juez penal en la ciudad de Parral.
Luego, en 2007, Medina volvió a participar en un concurso de oposición y fue nombrado juez del Tribunal de Enjuiciamiento y enviado a Ciudad Juárez, donde despacha hasta ahora.
“Yo no renuncié, me subieron (a la elección judicial). Pero con esta cara que tengo, cómo va a competir uno. Tengo cara de sargento mal pagado”, dice en tono de broma, tras explicar que no renunció porque pensó en defender su cargo, la inmovilidad de la que gozaba, a través de un juicio de amparo que, tal commo otros presentados diferentes compañeros, fue desechando.
“Muchos amparos fueron desechados, yo estuve viendo, monitoreando los amparos de muchas personas, se los desecharon, muchas suspensiones no se brindaron, muchas suspensiones se violaron… entonces dije ‘los plazos ya no me dan, voy a participar’”, expresó.
Aunque dice que no se ha permitido pensar mucho a qué se va a dedicar a partir del mes de septiembre y su intención es cumplir hasta el último día con la función jurisdiccional, como lo hacía antes de la elección, cuando llevaba hasta cinco juicios orales al mismo tiempo. Sin embargo, actualmente Medina Parra solo lleva un juicio oral.
“Yo llevaba tres, cuatro, cinco juicios empalmados, unos en la mañana, unos en la tarde. Y ahorita, pues, obviamente ya nada más estoy llevando uno. Ya no me estoy quedando en las tardes, o en las noches a dormir ahí. Ya no me quedo en las madrugadas, como antes, ahora sí vuelvo a mi casa”, agregó.
Apresuran cierre de juicios y posponen otros
La jueza Emma Terán Murillo –una de las 22 personas juzgadoras que deberán dejar el cargo el próximo 1 de junio, con el beneficio de la jubilación– fue una de las iniciadoras del sistema penal acusatorio en Chihuahua y en su larga trayectoria emitió sentencias emblemáticas, como la condena contra los responsables de la desaparición y asesinato de 11 mujeres, cuyos restos fueron localizados entre 2008 y 2013 en el arroyo El Navajo, en Ciudad Juárez.
Pese a sus méritos y experiencia, la jueza Terán fue forzada a tramitar la jubilación, a raíz de la reforma judicial.
“Lo consideró injusto –lamenta– porque fue una plaza que sí nos costó, nosotros fuimos capacitados por expertos chilenos, costarricenses y argentinos, pasamos muchos filtros, es una plaza que nadie nos regaló. Éramos ratificados, éramos inamovibles. O sea, si a mí me hubieran dicho ‘hicimos un estudio y concluimos que fuiste corrupta, participaste en esto, en aquello’, lo entendería, pero no fue así. De buenas a primeras nos dicen ‘sabes qué, esta plaza es de nosotros y te la quitamos’”.
La juzgadora señaló que en varias ocasiones estuvo en riesgo su vida y una vez la amenazaron con secuestrar a sus hijos y considera que nada fue tomado en cuenta al momento de aprobarse los cambios.
“Yo llevé un asunto de madrugada, porque no había espacio en los CEFERESOS para llevarlo a otra hora, y al salir del juzgado en una ocasión, al pasar por el Cereso. se nos dejó ir un vehículo atrás”, recordó.
A partir de agosto próximo, la jueza Terán, junto con otros dos compañeros del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Bravos, iniciarán su mes prejubilatorio y, aunque seguirán en el cargo hasta el último día de ese mes, en esos 30 días deberán cerrar todos los juicios que tengan en proceso. Por esa razón, desde junio ya no ha iniciado nuevos enjuiciamientos.
De los nueve jueces adscritos al Tribunal de Enjuiciamiento del Distirto Bravos, ocho deberán dejar el cargo, por lo que todos los casos que les han sido turnados desde junio fueron progrados para septiembre o los siguientes meses, cuando ya estén en funciones los jueces electos por voto popular.
“La mayoría optamos por no iniciar más juicios, porque se nos pudieran quedar a la mitad”, indicó la jueza Terán.
Reforma judicial sin igualdad
En el Tribunal de Control del distrito judicial Bravos, uno de los juzgadores que dejará la plaza es Dirceu Solís Mendoza, quien es parte del último grupo de jueces que participó en un concurso de oposición y ganó su plaza demostrando sus conocimientos jurídicos.
El juez Solís asumió el cargo en enero del 2019 y el año pasado fue ratificado. Sin embargo, en la elección judicial del 1 de junio no logró obtener los votos necesarios para seguir en el puesto y, con ello, la carrera judicial y la inamovilidad que le otorgaba la ley, antes de la reforma,, se perdieron.
Solís es parte de la comunidad LGTB+, y considera que en la elección judicial no se garantizaron espacios para los integrantes de esta sector de la población, dentro del Poder Judicial.
“Aparte de paridad de género, igualdad en cuanto a hombres y mujeres que estén desarrollando el cargo, también debería de haber espacios para las personas de la comunidad LGBT, pero eso no se tomó en cuenta. Se supone que ya hay leyes que establecen, en materia electoral, que debe de haber espacios también para gente que pertenece a esta comunidad, pero en la reforma no se manejó, no se incluyó”, denunció.
Todos los jueces que dejarán el cargo tienen una prohibición expresa de ejercer como abogados en el fuero común, y de dos años para litigar en la materia en la que eran juzgadores. Así que para los jueces y juezas que deberán dejar el cargo, el mercado de trabajo será restringido.
“Yo no puedo trabjar como abogado, ni como representante legal… Sí manejo los delitos federales, pero todavía tengo que ir a aprender cómo se maneja la litigada. Es diferente a juzgar, es estar del otro lado”, señaló.
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* El Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia es coordinado por la doctora Ana Laura Magaloni y es una iniciativa del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En la parte periodística participan Animal Político, W Radio y diversos medios locales, entre ellos La Verdad Juárez.
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