Si el Estado mexicano se convierte en un ente que vigila, predice y previene, pero sin posibilidad de ser vigilado a su vez, entonces no estamos ante una democracia digital, sino ante una tecnocracia opaca
Por Miguel A. Ramírez-López
México ha legislado su paso definitivo hacia una modernidad vigilante. Con la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, nombrada por sus detractores como Ley Espía, el Estado no sólo se dota de herramientas para combatir la criminalidad, sino que redibuja, sin decirlo, los límites entre el ciudadano y la sospecha. La norma, validada por ambas cámaras a finales de junio de 2025, otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya la Guardia Nacional un acceso inédito —y potencialmente incontrolable— a bases de datos públicos y privados: registros fiscales, biométricos, telefónicos, bancarios, patrimoniales, históricos y en tiempo real. Se crea una Plataforma Central de Inteligencia. Se establece una CURP biométrica obligatoria. Se legaliza la intervención de comunicaciones con orden judicial. Pero el gesto fundamental es otro: el Estado se reconoce a sí mismo como un operador algorítmico.
La crítica no puede limitarse a la denuncia moralista sobre la “intromisión en la privacidad”, ni reducirse a una disputa partidista entre oficialismo y oposición. Lo que está en juego es más profundo: la transformación del Estado en una máquina de percepción, predicción y control, donde el ciudadano deja de ser sujeto de derechos para venir objeto de trazabilidad. Es decir, una mutación estructural de la política, de la representación a la administración de datos.
Desde esta perspectiva, la filósofa Antoinette Rouvroy y el jurista Thomas Berns han propuesto el concepto de gobernanza algorítmica, para referirse a un régimen político que no actúa sobre las voluntades, ni sobre las leyes, sino sobre los entornos probabilísticos de conducta. El objetivo no es castigar un crimen cometido, sino prevenir desviaciones estadísticamente inusuales. La política se vuelve gestión de riesgos. La ley deja de ser una mediación racional entre conflicto y justicia, para convertirse en una interfaz de captura de información.
La Ley Espía responde con precisión a esta lógica. Lo que se legaliza no es una vigilancia puntual, sino una interconexión estructural de plataformas. No se trata de espiar conversaciones —como en los viejos regímenes autoritarios—, sino de centralizar todos los datos posibles para construir modelos de comportamiento ciudadano. Como afirma David Lyon, pionero en los estudios sobre vigilancia, lo importante no es quién te observa, sino qué conclusiones saca sobre ti una máquina antes de que tú mismo actúes.
En México, donde la opacidad institucional ha sido una constante histórica, esta ley parece operar bajo el supuesto contrario: que la solución a todos los machos es la transparencia total. Pero como advertía Jacques Rancière, la transparencia no es garantía de democracia, sino una herramienta para eliminar el disenso. El disenso exige zonas de ambigüedad, espacios sin vigilancia, capacidad de enunciar lo inesperado. Cuando todo está sometido a trazabilidad, lo político se vuelve meramente técnico. Y allí donde lo político es suprimido, lo autoritario se disfraza de racionalidad.
La narrativa oficial asegura que esta ley simplemente formaliza los mecanismos que ya existían desde 2014. Pero lo que diferencia a esta legislación es su carácter de totalidad. No es una base de datos más, ni una autorización específica: es una arquitectura legal de vigilancia interinstitucional y automatizada. Es, en palabras de la antropóloga Sandra Rozental, un archivo en tiempo real que, en lugar de preservar la memoria, construye versiones del presente funcional a una lógica de control. Rozental ha mostrado cómo los archivos pueden ser instrumentos de desaparición: lo que no entra en el archivo oficial, no existe. Lo que se traduce al lenguaje de las plataformas, pierde su densidad humana y se vuelve cifra.
Y aquí emerge una paradoja central: el ciudadano transparente es también un ciudadano vulnerable. En un país donde la información se filtra, se manipula y se usa como herramienta de persecución política —como lo demostraron Pegasus y Guacamaya Leaks—, ¿quién garantiza que esta plataforma central no se convertirá en arma? El gobierno asegura que todo estará bajo control judicial. Pero el problema, como advertía Derrida, es que no hay archivo sin violencia, porque archivar es decidir qué se recuerda, quién accede, cómo se clasifica, y qué se puede eliminar. Sí ese poder no es neutral.
La Ley Espía institucionaliza, además, una forma de gubernamentalidad que opera en la sombra. En lugar de leyes claras, lo que hay son protocolos invisibles, algoritmos que nadie audita, criterios que no se discuten públicamente. Esto recuerda a lo que Nizan Shaked ha descrito como “formas delegadas de soberanía técnica”, donde los Estados ceden la toma de decisiones a sistemas de información automatizados y luego se deslindan de sus efectos, como si se trata de accidentes estadísticos y no de elecciones políticas.
Desde esta perspectiva, la CURP biométrica no es sólo un instrumento de identificación. Es la expresión máxima de una ciudadanía condicionada: para existir en lo público, para recibir salud, educación, subsidios, incluso justicia, el individuo debe integrarse al sistema de trazabilidad. El ciudadano no es quien participa, sino quien aparece en el registro. La exclusión, entonces, ya no se realiza por violencia directa, sino por omisión de datos. No estás fuera del sistema por rebelarte, sino porque no fuiste debidamente escaneado.
Frente a esto, la reacción política ha sido tibia y fragmentada. La oposición denuncia sin proyecto alternativo. El oficialismo justifica sin debate real. Y el ciudadano promedio, acostumbrado ya a las cámaras en cada esquina, a las solicitudes de datos en cada trámite, a la exigencia de geolocalización para acceder a un servicio, acepta este nuevo pacto sin darse cuenta de que ha renunciado a la presunción de inocencia. Como bien resumió el filósofo francés Éric Sadin, “la era digital no ha democratizado el conocimiento, ha automatizado la sospecha”.
Pero aún no todo está dicho. La crítica no debe ser nostálgica. No se trata de idealizar un pasado sin vigilancia, sino de formular exigencias democráticas concretas: ¿Quién audita los algoritmos? ¿Con qué criterios se almacenan y cruzan los datos? ¿Existe una instancia ciudadana que pueda frenar los abusos? ¿Cuál es el mecanismo para exigir la eliminación de nuestra información? ¿Puede un ciudadano decidir no ser parte de esta plataforma?
Hoy más que nunca, lo digital no es neutro. Es el nuevo campo de batalla de la soberanía. Y quien controla los flujos de datos controla también las narrativas, las rutas, las decisiones, los castigos. Si el Estado mexicano se convierte en un ente que vigila, predice y previene, pero sin posibilidad de ser vigilado a su vez, entonces no estamos ante una democracia digital, sino ante una tecnocracia opaca.
La Ley Espía no es un error técnico ni una exageración política. Es una transformación estructural del poder. Y como todo dispositivo de poder, exige una vigilancia sobre sí mismo. Porque lo contrario a la vigilancia no es el caos, sino el derecho a no ser monitoreado como condición de ciudadanía.
Hay que repetirlo con claridad: los ciudadanos no nacen para ser transparentes. Nacen para ser libres. Y una sociedad libre no se construye con plataformas de inteligencia, sino con instituciones que rinden cuentas, leyes que limitan al poder y ciudadanos que pueden disentir sin temor a ser reducidos a expediente.
F∴F∴ Finem Facimus
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Miguel A. Ramírez-López es escritor, ensayista, docente y reportero. Estudió Arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, donde se especializó en temas de mitología, pensamiento mágico y religiones comparadas. Asimismo, trata temas de poder, cultura y sociedad en tiempos del capitalismo de vigilancia/aceleracionismo/antropoceno. Una de sus pasiones estriba en el aprendizaje de idiomas y la traducción literaria. Ha publicado los libros Cuando los adolescentes… Voces chihuahuenses sobre violencia, valores y esperanza por Umbral AC (2012) y HÜZÜN. Cuentos, relatos y garabatos por el Programa Editorial Chihuahua (2024).
