Nadie merece terminar sus días olvidado en una bodega, en una bolsa de plástico rota, sin nombre, sin fecha, sin ceremonia, sin destino. Nadie merece morir por segunda vez en el abandono del sistema. Aquí, una propuesta urgente para dignificar el tratamiento de los muertos en el estado de Chihuahua
Por José Mario Sánchez Soledad
La bodega del horror
En una bodega cualquiera, sin refrigeración, sin ventilación adecuada, sin permisos sanitarios ni vigilancia oficial, fueron encontrados trescientos ochenta y tres cuerpos humanos en la ciudad de Ciudad Juárez. El hallazgo, ocurrido durante el primer semestre del año dos mil veinticinco, dejó sin palabras a la opinión pública. Algunos de los cuerpos llevaban meses; otros, años. Estaban apilados, en bolsas deterioradas, muchos sin identificación visible. Nadie los reclamaba. Nadie los había dispuesto. Nadie se hacía responsable.
La escena no fue descubierta por las autoridades. Fue una denuncia anónima, seguida por la presión social y mediática, lo que permitió visibilizar esta tragedia. No fue un accidente. No fue un error aislado. Fue el resultado directo de un sistema roto, que durante años ha operado sin reglas claras, sin vigilancia especializada y sin coordinación entre las instituciones encargadas de manejar la muerte.
Este hecho marca un antes y un después. No solo por la magnitud de lo descubierto, sino por la crudeza de lo revelado: en el estado de Chihuahua, no existe un sistema integral para asegurar la disposición digna, higiénica y legal de los cuerpos humanos tras la muerte. Tampoco existe una regulación efectiva sobre el tratamiento de los materiales contaminados que acompañan el proceso: sangre, órganos, fluidos, vendas, ropa y herramientas utilizadas. Todo se pierde en la indiferencia. Todo se acumula. Todo se pudre en silencio.
Cuando la muerte deja de ser sagrada
Durante siglos, la muerte ha sido tratada con respeto en casi todas las culturas. En México, donde la memoria de los muertos forma parte de la vida cotidiana, esta dimensión simbólica ha sido especialmente valorada. Sin embargo, el respeto simbólico no ha sido acompañado de una política pública moderna, transparente y segura que garantice la disposición final de los cuerpos con dignidad y responsabilidad.
Cuando una persona fallece, su cuerpo se transforma rápidamente. Empieza un proceso natural de descomposición que genera fluidos, gases, microorganismos y materiales que pueden representar un riesgo para quienes lo manipulan o para el medio ambiente si no se manejan adecuadamente. Además, el proceso de manejo post mortem genera residuos físicos que también deben ser tratados: órganos extraídos, sábanas manchadas, guantes utilizados, agujas, vendas, prótesis, y otros objetos contaminados.
Nada de esto es menor. Todo ello requiere procedimientos técnicos: separación, identificación, transporte seguro, almacenamiento temporal y destrucción bajo condiciones controladas. Pero en la práctica, la mayoría de estos elementos son ignorados, mezclados con basura común o incinerados sin control alguno.
Las funerarias, los hospitales, los crematorios, los servicios forenses y los cementerios operan sin una normativa estatal específica. Las responsabilidades están divididas entre instancias municipales, estatales y federales (de salud, judiciales y medioambientales), pero sin que ninguna asuma la vigilancia efectiva del proceso. Lo ocurrido en la bodega de Ciudad Juárez es la muestra más contundente de esta fragmentación y abandono.
¿Qué está fallando?
Los errores del sistema son muchos, y se refuerzan entre sí:
Primero, no existe en el estado de Chihuahua un equipo de inspectores capacitados para supervisar el manejo de cadáveres. Las pocas inspecciones sanitarias que se realizan se enfocan en otros temas, y no incluyen la vigilancia del proceso de disposición post mortem. Nadie supervisa cómo se transportan, almacenan o incineran los cuerpos. Nadie verifica si los certificados corresponden a cuerpos realmente cremados o si simplemente se generaron en el papel.
Segundo, no existe un registro estatal que permita rastrear el recorrido de un cuerpo desde el fallecimiento hasta su disposición final. No hay sistema digital unificado. No hay seguimiento cruzado entre el acta de defunción, el traslado, el sitio de conservación temporal, el método de disposición (cremación o inhumación) y el responsable final. Esta falta de trazabilidad abre la puerta a errores, omisiones y manipulaciones.
Tercero, el manejo de la sangre, los órganos y los objetos contaminados es completamente informal. Se almacenan en condiciones inadecuadas, sin refrigeración ni clasificación. Se tiran como si fueran basura ordinaria. Se queman sin control técnico. Se entierran. Se abandonan. Esto no solo representa un riesgo sanitario evidente, sino una violación ética grave al trato que se le debe a quienes han fallecido.
Cuarto, los trabajadores que manipulan estos materiales carecen de capacitación y protección. Muchos de ellos lo hacen sin guantes, sin cubrebocas, sin saber los riesgos que enfrentan. Otros son empleados temporales o contratados por empresas que no cumplen con ninguna norma. En este caos, los más vulnerables cargan con la responsabilidad de sostener un sistema que no cuida a nadie.
Una propuesta clara y posible
Ante esta realidad, no basta con el escándalo. No basta con indignarse. Se necesita una respuesta estructural, normativa y operativa, que ponga fin al abandono institucional y restablezca la dignidad en el tratamiento de los muertos. Por ello, propongo públicamente la elaboración y aprobación de una Norma Técnica Estatal para la Disposición Integral de Restos Humanos y de los materiales contaminados asociados al proceso post mortem.
Esta norma debería incluir los siguientes componentes fundamentales:
1. Un registro digital obligatorio para cada cuerpo humano fallecido, desde el momento de su defunción hasta su disposición final. Este registro debe ser compartido entre el registro civil, los hospitales, los servicios forenses, las funerarias, los crematorios y los cementerios. Cada cuerpo debe tener un número único de trazabilidad.
2. La creación de una unidad especializada de inspección y vigilancia, dentro de la Secretaría de Salud del estado, encargada exclusivamente de verificar las condiciones de transporte, almacenamiento y disposición de los cuerpos, así como el manejo de los residuos contaminados.
3. La clasificación obligatoria de los residuos post mortem, como sangre, órganos, ropa, vendas, gasas, agujas, y demás elementos utilizados, para su almacenamiento temporal en condiciones sanitarias, y su recolección por empresas certificadas.
4. Protocolos especiales para situaciones de emergencia, como epidemias, desastres naturales, eventos violentos de gran magnitud, o saturaciones institucionales, que aseguren la disposición temporal, segura y transparente de cuerpos múltiples.
5. La capacitación permanente del personal involucrado en el manejo post mortem, desde médicos y enfermeros, hasta personal forense, choferes de funerarias, sepultureros y operadores de crematorios.
La dignidad no termina con la vida
Lo ocurrido en la bodega de Ciudad Juárez no es solo una tragedia administrativa. Es una herida moral profunda. Es la confirmación de que la muerte, en México, ha sido dejada fuera del marco institucional y sanitario, y que el trato digno a los fallecidos se ha convertido en una excepción más que en una regla.
Nadie merece terminar sus días olvidado en una bodega, en una bolsa de plástico rota, sin nombre, sin fecha, sin ceremonia, sin destino. Nadie merece morir por segunda vez en el abandono del sistema.
Esta propuesta no pretende resolver todos los problemas, pero es un primer paso urgente, viable y necesario. Porque si no somos capaces de cuidar a nuestros muertos, ¿cómo podremos decir que realmente valoramos la vida?
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José Mario Sánchez Soledad, empresario e historiador de Ciudad Juárez, exdelegado de Profepa en Chihuahua, y consejero nacional de Coparmex.
