Profanar la memoria: vandalizan mural de Luz del Carmen y Luz Angélica en el Parque Borunda, Ciudad Juárez
sábado, agosto 2, 2025
El ataque deliberado contra la memoria de una madre buscadora no es solamente una acción material, es un acto de violencia estructural que apunta a negar la humanidad de quienes resisten la desaparición. Es un mensaje dirigido a quienes luchan: que no serán escuchadas, que sus palabras serán borradas, y eso NO SE PUEDE PERMITIR
Por Salvador Salazar Gutiérrez
La tragedia de las desapariciones en México es una herida abierta que atraviesa a todo el país. No se trata de un fenómeno ajeno ni lejano: son cientos de miles de hombres y mujeres desaparecidos que nos confrontan día a día con el rostro más atroz de la violencia. Esta realidad deja ver no solo el profundo impacto que ha tenido la violencia sistemática en ciudades como Ciudad Juárez, sino también una crisis de institucionalidad marcada por la inoperancia, la impunidad y, quizá lo más doloroso, la indiferencia generalizada de una sociedad que parece haber normalizado el horror. La falta de empatía y solidaridad ante estos casos ha contribuido a que las víctimas sean revictimizadas no solo por el Estado, sino también por el silencio social que las rodea.
En Ciudad Juárez, existe un lugar que se resiste a ese silencio: el Memorial por las Personas Desaparecidas, impulsado por el colectivo Familias por la Verdad y la Justicia, conformado principalmente por madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos —muchos de ellos víctimas de desaparición forzada en el contexto de redes macrocriminales en clara colusión con agentes del Estado. En noviembre de 2024, y tras largos meses de lucha por el acceso al espacio público y la consecución de recursos, se inauguraron seis murales como parte de este memorial. Las obras, a cargo de la artista Ana Infante en colaboración con las madres buscadoras, representan no solo los rostros de las personas desaparecidas, sino también símbolos íntimos de su vida, sus historias y el vínculo afectivo que las mantiene presentes. Son murales que constituyen una Memoria Viva, una forma de resistencia ante el sufrimiento, el vacío y la ausencia forzada.
Hace apenas unos días, esta memoria fue agredida de forma deliberada y violenta. Una colega, al caminar por el parque, descubrió que uno de los murales había sido vandalizado. El mural en cuestión honra a Luz del Carmen Flores y a su hija Luz Angélica Mena Flores, dos figuras centrales en la exigencia de justicia y verdad. La agresión consistió en colocar cartulinas sobre sus rostros, con supuesta información de la escuela secundaria contigua al memorial. Sin embargo, el material utilizado para adherirlas, así como la forma burda y agresiva de su colocación, dañaron seriamente la pintura. Este acto no puede leerse como una simple omisión o descuido: fue un ataque directo y deliberado a la memoria de una madre que dedicó su vida a buscar a su hija desaparecida, y a través de ella, a todas las madres que enfrentan el mismo dolor. Atacar el mural es intentar borrar su lucha, silenciar su voz, negar su derecho a ser recordadas y reconocidas.
A continuación comparto el texto que la artista Ana infante, de forma clara y contundente, expresa en una de sus redes sociodigiales la indignación ante el caso:
“Con profundo dolor e indignación, hago público el daño ocasionado por personal de la Secundaria Federal No. 1 al mural dedicado a Luz del Carmen Flores, madre buscadora y pilar fundamental del proyecto Memoria Viva. Este mural fue creado en homenaje a su incansable lucha por encontrar a su hija Luz Angélica Mena Flores y como un acto de dignificación de su memoria tras su fallecimiento en agosto de 2024. El daño no fue accidental. A pesar de contar con otros espacios disponibles para colocar sus anuncios, la institución eligió violentar un espacio de memoria construido colectivamente por familiares, defensores de derechos humanos y una servidora. Esta acción representa una profunda falta de empatía ante el dolor ajeno y un acto de violencia simbólica contra quienes han transformado el dolor en resistencia y arte. El mural podrá ser reparado, pero la herida causada por esta acción es más profunda. Atentar contra una imagen que honra la vida, la lucha y el legado de una madre buscadora es atentar también contra todos los esfuerzos por construir memoria, justicia y verdad desde lo comunitario. Exijo una disculpa pública por parte de la institución educativa, así como una reflexión seria sobre el papel que juegan los espacios públicos y educativos en la construcción de una sociedad más sensible, justa y comprometida con los derechos humanos. La memoria no se borra.” (Ana Infante, artista visual)
El ataque a un mural que honra a una madre buscadora y a su hija desaparecida no puede entenderse como un acto aislado o simplemente vandálico. Se trata de una agresión deliberada, cuidadosamente dirigida contra una forma de memoria incómoda, contra un lenguaje visual que interpela a la ciudad, que recuerda a sus habitantes la persistencia de una herida abierta. Este tipo de ataques son una forma de violencia simbólica que busca silenciar, borrar, anular la dignidad de quienes buscan justicia. No destruyen solo una imagen; intentan hacer desaparecer, por segunda o tercera vez, a quienes ya han sido desaparecidos por la violencia estructural.
Debemos tener claro que cuando se atenta contra estos murales, se está negando el derecho a la memoria y se está reafirmando un orden social que quiere despojar a las víctimas y a sus familias de la capacidad de narrar su propia historia. El mensaje es claro: no deben existir marcas visibles de lo que la sociedad ha preferido ignorar. El mural, como espacio de denuncia y resistencia, se convierte en un blanco para quienes se sienten amenazados por la verdad que en él se inscribe. Borrar ese mural es pretender borrar también el testimonio, el dolor y la exigencia de justicia que representa. Es una forma de censura territorial, una tentativa por neutralizar el poder político de la memoria en el espacio público.
Desde una perspectiva ética, estos actos no solo representan una ofensa a quienes han perdido a sus seres queridos, sino que también constituyen una amenaza a la conciencia colectiva. En lugar de permitir que el recuerdo sea compartido, vivido y transmitido, se busca imponer el olvido como norma. Es el intento de convertir la memoria en territorio prohibido. No se trata solamente de pintura borrada o rostros tachados, sino de una operación de silenciamiento, de dominación, de negación del derecho a recordar. Frente a esto, la memoria debe reafirmarse no como una repetición literal del pasado, sino como una práctica ejemplar. Restaurar lo destruido, volver a pintar, resignificar el espacio, es un acto de resistencia ética. Es rehusarse a que el olvido se imponga como destino. Porque allí donde se borra un rostro, debe emerger una nueva imagen; allí donde se arranca un nombre, debe escribirse de nuevo. El compromiso con la memoria es un acto político que impide que la historia sea solo de quienes tienen el poder de silenciar.
Así, el ataque deliberado, porque no se puede entender de otra manera, contra la memoria de una madre buscadora no es solamente una acción material, es un acto de violencia estructural que apunta a negar la humanidad de quienes resisten la desaparición. Es un mensaje dirigido a quienes luchan: que no serán escuchadas, que sus palabras serán borradas, y eso NO SE PUEDE PERMITIR. Por eso, cada restauración, cada mural recuperado, cada voz que denuncia, devuelve sentido a la memoria y reconfigura la ciudad como un espacio en disputa donde también hay lugar para la verdad, la dignidad y la justicia. Si como sociedad no asumimos un real compromiso de empatía y solidaridad a estas causas, el horizonte está perdido, tristemente. No caigamos en la indolencia e indiferencia, ya es demasiado dolor y sufrimiento, YA BASTA!!!!
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
