Hasta el día de hoy hay una democracia perfectible, sin embargo hay aspectos que se deberían corregir; la pregunta al respecto sería ¿es necesario llevar una nueva reforma para cumplir dichos cometidos?
Por Hernán Ochoa Tovar
La doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, anunció la semana pasada que se hará una enésima reforma electoral. Utilizo este adjetivo porque, de finales de la década de 1970 –cuando las izquierdas volvieron a tener representatividad legal a partir de la denominada ley LOPPE– se han ido realizando un cúmulo de enmiendas, para garantizar que las contiendas electorales se realicen en condiciones de igualdad y no con los dados cargados, como sucedía antaño. Hasta el día de hoy hay una democracia perfectible, sin embargo hay aspectos que se deberían corregir; la pregunta al respecto sería ¿es necesario llevar una nueva reforma para cumplir dichos cometidos?
En este tenor, de acuerdo al analista Leo Zuckerman, los estudiosos del devenir político en México se dividen en dos bandos: entre aquellos quienes creen que la democracia se fue consolidando; y entre quienes consideran que la democracia llegó a México a partir de 2018, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador y la consabida transición a la izquierda, pues, de acuerdo al politólogo, esto habría roto cartabones respecto al pasado reciente y al remoto.
Personalmente, me inclino más por el segundo enunciado. Suscribiendo lo dicho por Zuckermann, tiendo a considerar que la democracia a México fue un proceso paulatino, más que un alumbramiento consolidado con el triunfo izquierdista de 2018. Esto porque, de la Ley LOPPE, a fines de la década de 1970, a las reformas de 2015, se suscitaron una serie de acontecimientos que permitieron el triunfo de la coalición de izquierdas en el año en mención. Algo muy importante fue la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, mismo que, al adquirir su autonomía -por decreto presidencial, así como el consenso del oficialismo y la oposición de entonces- se convirtió en un árbitro cabal para organizar los comicios, así como para dirimir las diferencias surgidas al calor de los mismos y alcanzar soluciones satisfactorias en la mayoría de los casos.
Quizás las izquierdas puedan refutar que no hubo democracia en este período, debido a que las primeras dos transiciones (las de 2000 y 2012) no se produjeron por este costado, como contemplaban algunos ideólogos, sino por la derecha y el centro. Sin embargo, las teorías de la transición contemplan que la misma se produce cuando hay un cambio en los partidos en el poder, y no implica, necesariamente, un viraje a la izquierda en el ejercicio gubernamental. Caso semejante al de la Revolución Mexicana en su momento, pues, a contrapelo de otras del subcontinente y el orbe (destacadamente la rusa, la cubana, la china y la nicaragüense) fue de las pocas que no llevó el izquierdismo como leit motiv del levantamiento. Empero, eso no le quita que haya sido una gesta popular que terminó dinamitando las anquilosadas estructuras políticas que prevalecían hasta el momento.
En el mismo tenor, otros autores, como Fabrizio Mejía Madrid, dudan del concepto transición a la democracia, acuñado por el liberalismo intelectual, pues aseguran que nunca terminó de cuajar, y la pretendida democracia mexicana jamás logró consagrarse del todo. Debo decir, que a pesar de su larga duración (en términos braudelianos) creo que la democracia mexicana iba viento en popa, y, en defensa de la categorización, debo decir que no todos los fenómenos se realizan de manera exprés (Roma no se hizo en un día), sino que algunos tardan en consolidarse y madurar. Fue lo que pasó con la democracia mexicana, misma que, a pesar de sus claroscuros, logró consolidar un nuevo régimen de manera paulatina; aunque algunas inercias del pasado nunca dejaron de existir, y las resistencias hacia el autoritarismo fueron muy fuertes.
Planteado lo anterior, considero que sí hay cuestiones que se deben corregir, aunque hay otras que se deben mantener. Interpretando el quehacer de la era contemporánea, considero que no vivimos en un régimen autoritario (creo que es más autocrático el actuar de Trump en los Estados Unidos, o el del viejo PRI en determinadas temporalidades), pero hay alertas que se deben atender. Efectivamente, parece que estamos retornando a la era del partido hegemónico. Si, durante 71 años, el PRI fue el partidazo y tenía una superestructura -en términos territoriales, que no marxistas- para cosechar el voto, desde 2018 Morena y aliados son los grandes campeones electorales. Y aunque este 2025 comenzaron a exhibir un desgaste –se visualizó un estancamiento en Veracruz, y en Durango no han podido horadar la vieja hegemonía tricolor–, aún son el partido que gobierna casi todo el territorio nacional: literalmente de Tijuana a Yucatán.
Considero que ese aspecto no es negativo si dimana de la voluntad popular, pero debe de seguirse cuidando que los comicios sean justos y equitativos, y las elecciones no sean un mero trámite para cumplimentar una decisión cupular ya tomada. Por ende, tomando como base algunas ideas que se han brindado -pues la pretendida reforma aún se encuentra en confección- creo que sí sería positivo que se redujera el financiamiento a partidos, incluyendo a la coalición oficialista. Habiendo tantas necesidades en el ámbito educativo, sanitario y de desarrollo social ¿cómo es posible que los institutos se lleven carretadas de dinero aun en años no electorales que justifiquen dichas erogaciones? Debería de poder buscarse una fórmula más equitativa.
En el mismo tenor, creo que, si bien los plurinominales son necesarios, creo que hay que reformular la manera de nombrarlos. Si alguna vez permitieron la llegada de notables e intelectuales al Congreso, hoy, con excepciones, se vuelven la patente de corso para que sujetos impopulares arriben a las cámaras sin hacer campaña. Bajo esta tesitura, considero que admitir el arribo de los segundos o terceros lugares implicaría un pluralismo más genuino, pues llegarían por mérito y no por la inclusión de una lista electoral cupular, que es lo que ha venido aconteciendo en los últimos comicios (por lo menos, de 2006 para acá).
Respecto al voto electrónico, me parece una excelente idea. La democracia es muy cara y la tecnología debe ser usada como una herramienta para eficientar y abaratar los comicios, siempre y cuando la legalidad intrínseca quede garantizada. Digo esto porque, en Venezuela se comenzó a utilizar dicho sufragio a partir del chavismo, y su legitimidad ha dejado mucho que desear, sobre todo a partir del gobierno de Nicolás Maduro, donde los alquimistas virtuales parecen no haber estado exentos del todo. Por ello, si vamos a evocar a la votación informática, que sea de manera organizada y jurídicamente viable. Invocar la tristemente célebre caída del sistema en pleno siglo XXI, sería un gancho al hígado en el corazón del oficialismo. Algo que, simple y sencillamente no debe tener lugar.
Como cereza en el pastel, debo decir que la segunda vuelta presidencial debería ser considerada en este proyecto de reforma. Si bien, los últimos presidentes han vencido con una gran arrastre (53 y 59 por ciento) no estamos exentos de que vuelva a ocurrir lo que le pasó a Enrique Peña Nieto, quien llegó a Los Pinos con sólo el 38 por ciento de los votos. Por ello, quienes arriben a la Presidencia en el futuro, deben de tener la suficiente legitimidad poblacional para ello y no sólo una exigua mayoría relativa. Esta figura permitiría destrabar inercias, y, lo que es más importante, construir consensos de cara al futuro (y no sólo pensando de manera coyuntural).
A este respecto, el finado primer ministro británico, Winston Churchill esgrimía que los políticos pensaban en la siguiente elección, pero los estadistas en las siguientes generaciones. Ojalá los notables que se encargan de redactar la próxima reforma electoral se guíen por este precepto. Sería lamentable tener solamente unas cómodas reglas del juego que sean sólo la aduana a esquivar en 2027. Lo dejo a la reflexión. Agradezco su lectura.
