Que el Cabildo de Juárez decida invertir en un espacio con los nombres de madres buscadoras sin un diálogo real preocupa, porque se institucionaliza un homenaje sin que medie la participación activa de quienes han cargado sobre sus hombros la búsqueda y la denuncia, y se relega a un segundo plano la memoria viva ya presente en la ciudad
Por Salvador Salazar Gutiérrez
Hace unos días en la prensa local en Ciudad Juárez, se publicó una serie de notas acerca de la aprobación por parte del Cabildo, de cinco millones de pesos para crear un espacio con los nombres de madres buscadoras en el centro de la ciudad y respaldar sus actividades de búsqueda. La acción en sí, podría parecer un acto de reconocimiento y solidaridad institucional. Sin embargo, para quienes conocen la historia reciente de esta frontera y las luchas de las familias de personas desaparecidas, este tipo de decisiones suelen conllevar un sabor amargo: el acceso a los recursos se vuelve una tortuosa burocracia, son selectivos, y en particular la propuesta de impulsar un proyecto desconectado de los procesos colectivos de memoria ya consolidados, ignorando espacios como el Memorial Campo Algodonero, el Memorial Permanente de Personas Desaparecidas en el Parque Borunda o el Memorial 30 de enero en Villas de Salvárcar.
El problema no radica en reconocer a las madres buscadoras —cuya lucha es incuestionable—, sino en la preocupación de la intención que se gesta detrás del anuncio. Si bien la administración del recurso se llevará a cabo, según las fuentes periodísticas, desde el Instituto Municipal de las Mujeres, genera cierta duda las intenciones detrás de la aprobación por parte de los regidores, así como las formas en que se gestará ese recurso. La memoria no es una placa con nombres ni un muro nuevo en una plaza céntrica. Es, como señala Elizabeth Jelin, “un campo de disputa por los sentidos del pasado en el presente”. En Juárez, esos sentidos ya han sido plasmados, visibilizados, defendidos y resignificados por colectivos que, durante años, han intervenido espacios públicos para inscribir en ellos la presencia ausente de sus seres queridos. El Parque Borunda, por ejemplo, no nació de un presupuesto millonario otorgado por la buena fe de algún funcionario, sino del esfuerzo de madres y familiares que transformaron un monumento olvidado en un lugar vivo de memoria, con murales que interpelan directamente al transeúnte y exigen justicia.
Que el Cabildo decida invertir en un nuevo espacio sin diálogo real con estas acciones colectivas en defensa de la memoria, incurre en lo que Mario Rufer denomina un “litigio por la enunciación”: un desplazamiento de las memorias subalternas por narrativas oficiales que moldean lo recordable y lo decible. No se trata solo de un desacuerdo estético o de ubicación; es una disputa política sobre quién tiene derecho a enunciar la memoria y bajo qué régimen de sensibilidad será reconocida. El riesgo es que, con el peso simbólico y económico de la institucionalidad, se invisibilicen o desplacen los memoriales que surgieron desde abajo, desde el dolor y la resistencia.
El Memorial Campo Algodonero, vinculado a la denuncia de feminicidios, y el de Villas de Salvárcar, que recuerda la masacre de jóvenes en 2010, son ejemplos de cómo la memoria encarnada y situada desafía el olvido impuesto. No son lugares neutros: son escenarios de duelo, denuncia, pero sobre todo encuentro. Como advierte Luciana Messina, “los lugares de memoria son cuerpos, son presencias, son reclamos”. Esto es importante sostener, no se pueden replicar por decreto ni sustituir con un proyecto diseñado desde el escritorio municipal. Cuántas veces hemos dado cuenta de cómo se publicita una acción de inversión más como una lógica de visibilidad política, que un compromiso sostenido con las luchas por la verdad y la justicia. La política de la memoria no surge de consensos entre quienes ostentan puestos en la función pública, sino desde la irrupción en el orden establecido por parte de voces históricamente silenciadas.
Preocupa que pueda ocurrir, como comúnmente suele suceder, que aquí ocurra lo contrario: se institucionaliza un homenaje sin que medie la participación activa de quienes han cargado sobre sus hombros la búsqueda y la denuncia, y se relega a un segundo plano la memoria viva ya presente en la ciudad. En particular, destinar millones a un nuevo espacio mientras los memoriales existentes enfrentan el abandono del respaldo por parte del gobierno, actos de vandalismo, falta de mantenimiento o indiferencia oficial es, cuando menos, una contradicción. El Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia ha denunciado cómo empleados municipales han borrado nombres y frases en el Parque Borunda. En lugar de fortalecer y proteger esos sitios, el Cabildo apuesta por crear otro, desconectado de la historia viva y de la experiencia acumulada por las familias.
Si no se toma en cuenta de manera real y activa a los colectivos de las familias, encabezados en gran medida por las madres buscadoras, este tipo de decisiones institucionales generan una doble herida: por un lado, la desatención a las necesidades concretas de quienes ya han construido lugares de memoria; por otro, la cooptación simbólica de la lucha, presentando un relato oficial que puede suavizar la denuncia y diluir la exigencia de justicia. En la práctica, se corre el riesgo de que la memoria se vacíe de su potencia política y se convierta en una postal conmemorativa que tranquilice conciencias sin incomodar al poder. En una ciudad atravesada por la violencia macro criminal y la desaparición forzada, la memoria no es un lujo estético, sino una necesidad ética y política. Ignorar las iniciativas ya existentes para imponer un proyecto nuevo es desconocer que esos lugares no son simples “monumentos”, sino territorios de duelo, resistencia y acción. La verdadera política de la memoria debería empezar por escuchar a quienes, sin presupuesto ni respaldo institucional, han sostenido la presencia de sus desaparecidos en el espacio público.
Cierro con lo esencial de mi planteamiento: la memoria no se decreta ni se compra, se construye colectivamente, en diálogo con el territorio y con quienes lo habitan y resignifican. En este sentido, el gobierno municipal y el Instituto Municipal de la Mujer, están a tiempo de replantear su decisión: no para cancelar un homenaje, sino para integrarlo a la trama viva de memoriales que, desde hace años, desafían el olvido y nos recuerdan que la justicia empieza por reconocer las voces que ya están hablando.
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
