Para muchos estudiantes universitarios, el desafío no es participar en la era digital o acceder a los beneficios de la inteligencia artificial, sino simplemente poder llegar a clases, sostener su permanencia en la institución y desarrollar un proyecto de vida frente a un entorno hostil
Por Salvador Salazar Gutiérrez
En Ciudad Juárez, hablar de innovación educativa suele convertirse en un discurso vacío cuando se contrasta con las condiciones materiales que enfrentan miles de estudiantes universitarios. La retórica institucional celebra la modernización tecnológica y una búsqueda de “competitividad global, como fue el pasado “Foro de IA en el ámbito educativo” pero para gran parte de la comunidad estudiantil el primer obstáculo no está en el aula ni en el acceso a dispositivos, sino en el transporte público precario, inseguro y costoso que condiciona su derecho a la educación.
La exclusión social, un concepto que se utiliza en ciencias sociales y políticas para describir los procesos mediante los cuales ciertos individuos o grupos quedan marginados de la participación plena en la vida social, económica, cultural y política de una sociedad, se manifiesta en condiciones precarias de acceso a diversos bienes, como es el educativo, resultado entre otros aspectos, la problemática en la ausencia de rutas eficientes genera segregación territorial y limita la participación plena en la vida académica.
El tiempo perdido en traslados, la exposición a riesgos de violencia en la ciudad y la carga económica del transporte, precarizan no solo las posibilidades de desarrollo de los estudiantes y sus entornos familiares, sino el propio proceso formativo y su experiencia universitaria. Así, la universidad no es ajena a un escenario atravesado por la desigualdad estructural: quienes logran llegar lo hacen con esfuerzo desproporcionado frente a una ciudad fragmentada y en varias zonas un Estado ausente. En este contexto, la innovación funciona como un espejismo discursivo que encubre la deuda histórica con la justicia social, la movilidad digna y la garantía efectiva del derecho a estudiar.
Rossana Reguillo considerada pionera y figura clave en los estudios sobre juventudes en México y América Latina, sostiene que muchas sociedades no han proporcionado las condiciones necesarias para que los jóvenes alcancen sus proyectos de vida, lo que conduce a escenarios de desigualdad e invisibilización. Reguillo ha señalado que las universidades, lejos de ser espacios de inclusión plena, han reproducido múltiples formas de desigualdad que afectan directamente a las juventudes. Si bien se presentan como instituciones orientadas al conocimiento, la innovación y el progreso social, en la práctica operan muchas veces como espacios de exclusión simbólica y material, incapaces de responder a las demandas de los miles de jóvenes que intentan acceder a ellas. Para Reguillo, los jóvenes han puesto en crisis las viejas certezas y han evidenciado que el modelo social promovido por la modernidad en América Latina no ha logrado, hasta ahora, cumplir con la promesa de construir un futuro realmente incluyente, justo y viable
Este cuestionamiento se vuelve especialmente urgente cuando se observa cómo factores económicos, espaciales y culturales obstaculizan el ingreso y permanencia en la educación superior. Las universidades, en lugar de compensar estas desigualdades, tienden a reproducirlas mediante sistemas de selección rígidos, altos costos asociados y currículos poco sensibles a la diversidad social. Así, los jóvenes provenientes de sectores populares y periféricos quedan atrapados en un doble proceso de exclusión: primero, por las condiciones estructurales que limitan su acceso, y segundo, por la falta de políticas efectivas de inclusión una vez que ingresan.
Reguillo cuestiona a las universidades por no reconocer a las juventudes como sujetos plenos de derecho, con trayectorias atravesadas por la precariedad y la incertidumbre. En este sentido, su crítica apunta a la necesidad de repensar la universidad no solo como un espacio de transmisión de conocimiento, sino como un lugar que posibilite el desarrollo de futuros dignos. De lo contrario, las universidades corren el riesgo de convertirse en instituciones que legitiman la exclusión, reforzando la distancia entre el discurso de la innovación y la realidad de miles de jóvenes marginados.
Comparto que un espacio como el Foro de la IA en la vida académica es importante por el impacto que esta tecnología tiene y tendrá en nuestra vida cotidiana. Es innegable que para muchos gobiernos y sectores productivos la inteligencia artificial se ha convertido en el gran proyecto del futuro, un motor de competitividad global y un discurso cargado de promesas de transformación. Sin embargo, aquí es donde emerge la contradicción: resulta paradójico que bajo el lema de “preservar, transformar e innovar” se impulse con entusiasmo una tendencia tecnológica de enorme relevancia, cuando en la práctica miles de jóvenes en Ciudad Juárez y en la región enfrentan condiciones estructurales de precariedad y exclusión que ponen en entredicho el acceso mismo a la universidad.
Como universidad debemos privilegiar horizontes de justicia y movilidad social. Y no quedar en una expresión que reduce a un cliché cuando no se acompaña de políticas efectivas que garanticen transporte digno, seguridad, apoyo económico y programas de inclusión para quienes cargan con las desigualdades históricas de la ciudad. Para muchos estudiantes, el desafío no es participar en la era digital o acceder a los beneficios de la inteligencia artificial, sino simplemente poder llegar a clases, sostener su permanencia en la institución y desarrollar un proyecto de vida frente a un entorno hostil. En este sentido, la universidad corre el riesgo de legitimar una brecha aún más profunda: mientras en su discurso reivindica la innovación como valor central, en la realidad reproduce exclusiones que niegan a los jóvenes el derecho básico a la educación en condiciones de equidad. Si el lema no se traduce en acciones concretas contra la precariedad, queda como un eslogan vacío frente al desencanto cotidiano de quienes siguen luchando por un lugar en la educación superior.
Quisiera cerrar con una invitación a sumarnos al pliego petitorio de las y los estudiantes que, con gran firmeza y compromiso, han alzado la voz frente a las condiciones indignas de movilidad en nuestra ciudad. Esta exigencia no es un asunto aislado ni secundario: toca de lleno el derecho a la educación y la posibilidad misma de vivir la experiencia universitaria. Como comunidad académica, profesoras y profesores, no podemos permanecer indiferentes; necesitamos ser receptivos y solidarios ante esta y otras realidades que día a día atraviesan las trayectorias de nuestros estudiantes. Rechacemos la frase lapidaria de “si quiere, puede”, porque sabemos que en un contexto marcado por precariedad estructural, inseguridad y exclusión, aun queriendo no siempre es posible sostener un proyecto de vida universitaria.
Hoy por la mañana, un grupo de estudiantes valientes acudió a expresar ante las autoridades sus preocupaciones y demandas. Quien piense que “solo fueron unos pocos” se equivoca: en esas voces se condensa el sentir de cientos que enfrentan las mismas barreras y que han hecho de la resistencia cotidiana una forma de sobrevivir en medio de la adversidad. Escucharlos y acompañarlos es también nuestra responsabilidad, porque una universidad que no atiende las condiciones materiales de sus estudiantes corre el riesgo de convertirse en un espacio de simulación.
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
