El desafío en Ciudad Juárez: desmontar las estructuras que reproducen la precarización y la segregación, reconocer a la juventud como sujeto de derechos y no como problema, y habilitar condiciones para que la agencia juvenil no sea apenas un gesto de sobrevivencia, sino una apuesta por futuros posibles
Por Salvador Salazar Gutiérrez
Hace unos días fui invitado a comentar el Informe Juventud, elaborado por Plan Estratégico de Juárez. De forma contundente, coloca sobre la mesa una radiografía de la precariedad estructural que atraviesa a las juventudes en Ciudad Juárez. Los datos son claros, pero más allá de la estadística, lo que se impone es un paisaje vital marcado por horizontes fracturados, donde la promesa de movilidad social y dignidad queda reducida a un espejismo. En nuestra ciudad, casi la mitad de la población joven forma parte de la Población Económicamente Activa, pero lo hace bajo condiciones de empleo caracterizadas por salarios bajos, alta informalidad y nula seguridad laboral. El informe muestra que entre 2023 y 2025, ocho de cada diez jóvenes percibieron hasta dos salarios mínimos; una condena anticipada a la precariedad, pues la inserción laboral no garantiza autonomía ni la posibilidad de proyectar un futuro más allá de la sobrevivencia cotidiana.
Un aspecto de gran relevancia, la comparativa entre las oportunidades de las jóvenes en comparación a los varones. Aunque las mujeres alcanzan niveles educativos superiores a los hombres, su participación en el mercado laboral se redujo del 41.2 por ciento en 2023 al 37.3 por ciento en 2025. La paradoja es evidente: la educación, que debiera abrir caminos, se traduce en frustración cuando los logros académicos femeninos se topan con barreras estructurales y una sobrecarga de cuidados que limita su inserción. Más del 80 por ciento de las jóvenes que logran trabajar combinan empleo con labores domésticas, un doble esfuerzo que no solo precariza sus condiciones de vida, sino que erosiona sus horizontes de desarrollo. La desigualdad salarial también es una marca persistente: en 2025, más de la mitad de las mujeres jóvenes ocupadas recibía apenas un salario mínimo, mientras los hombres concentraban las posiciones mejor remuneradas.
La territorialización de estas desigualdades es también un elemento revelador. El informe documenta la concentración juvenil en el suroriente de la ciudad, un corredor de urbanización acelerada, viviendas abandonadas y servicios insuficientes. Allí, donde la ausencia institucional se materializa en lotes baldíos y transporte deficiente, la vida se convierte en un ejercicio de resistencia cotidiana. Este paisaje urbano, como ha señalado Elvyra Maycotte, refleja el fracaso de un modelo habitacional que expulsó a miles de familias a periferias sin infraestructura ni oportunidades, cristalizando un espacio de riesgo donde la precariedad se entrelaza con la violencia. No se trata solo de una cifra demográfica: habitar estos polígonos implica vivir bajo una doble exclusión, material y simbólica, donde los jóvenes son estigmatizados como “peligrosos” o “prescindibles” y su vida cotidiana transcurre entre la incertidumbre y el temor.
Ahora bien, debemos tener claro que la precarización de la vida no es únicamente un problema económico, es un régimen de temporalidad que clausura el futuro. La educación deja de ser garantía de movilidad, el empleo asalariado no asegura estabilidad y la ciudad misma se convierte en un escenario altamente segregador. Los horizontes vitales de las juventudes se fragmentan: el tiempo se reduce a un presente prolongado donde la planeación a largo plazo es un lujo inalcanzable. La experiencia de habitar la frontera, marcada por la violencia macrocriminal y la fragilidad de las oportunidades, convierte la vida juvenil en una sucesión de experiencias límite: perder a un familiar en hechos violentos, abandonar la escuela por falta de recursos, ingresar a circuitos ilegales por necesidad o ser permanentemente etiquetado como amenaza social.
La crudeza de estos hallazgos no debe llevarnos a un callejón sin salida. En medio de la precariedad, las juventudes construyen también formas de agencia. Siguiendo a Rossana Reguillo, es necesario reconocer que los jóvenes no son solo víctimas pasivas del entramado estructural, sino que encuentran grietas para resistir, crear y reapropiarse de la vida. A partir de diversas acciones colectivas son ejemplos de esa capacidad de agencia que, aunque limitada, constituye una afirmación vital frente al despojo. La paradoja de Ciudad Juárez es que, mientras produce horizontes fragmentados, también gesta formas de resistencia que buscan rehacerlos, aún incluso desde la marginalidad.
El reto, entonces, no es solo generar empleos ni a ampliar la cobertura educativa, que obviamente tienen una importancia fundamental. El desafío es mucho más profundo: desmontar las estructuras que reproducen la precarización y la segregación, reconocer a la juventud como sujeto de derechos y no como problema, y habilitar condiciones para que la agencia juvenil no sea apenas un gesto de sobrevivencia, sino una apuesta por futuros posibles. Ciudad Juárez no puede seguir funcionando como un laboratorio de precariedad y violencia, donde se normaliza la exclusión y se erosiona la esperanza. Lo que está en juego no es solo la vida de una generación, sino la posibilidad misma de pensar un horizonte colectivo que no se limite a sobrevivir, sino que aspire a vivir con dignidad.
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
