A lo largo de la última década en distintas regiones del país, miles de niñas, niños y adolescentes han sido absorbidos por los engranajes del crimen organizado, obligados a integrarse a tareas de halconeo, distribución de drogas o violencia armada. En Juárez, este proceso se entrelaza con la violencia de género, la precariedad laboral del modelo maquilador y la consolidación de un orden social regido por el miedo
Por Salvador Salazar Gutiérrez
Hace unos días fui invitado a participar en un foro sobre Reclutamiento Forzado, organizado por FICOSEC zona norte de Chihuahua, y UNICEF México. Participaron colegas con reconocida trayectoria en la atención jurídica, así como en el trabajo comunitario en contextos de precariedad y exclusión social, que han abordado casos en los que la incorporación no voluntaria o cooptada por agentes vinculados a la macrocriminalidad se ha vuelto algo cotidiano. No obstante, percibí que algunas intervenciones no lograban dimensionar del todo las implicaciones de esta problemática, ni las condiciones estructurales que han configurado regiones enteras sumidas en crisis de violencia, como ocurre en distintas zonas del país. Creo que es de gran relevancia que ante ojos que no ven, se sacuda la mirada para poder producir políticas contundentes de atención a largo plazo y situadas en contextos diferenciados.
El marco internacional ofrece un referente indispensable para comprender la magnitud del problema. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, junto con su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, firmado por México el 7 de septiembre del año 2000 y ratificado en 2002, estableció la prohibición expresa del reclutamiento forzado de menores de 18 años en cualquier circunstancia. Este instrumento buscaba cerrar los vacíos legales que permitían la participación de niñas, niños y adolescentes en hostilidades, elevando la edad mínima y subrayando la obligación de los Estados de protegerlos frente a la coacción militar. Sin embargo, a pesar de su relevancia, el Protocolo fue concebido principalmente para contextos de conflictos armados convencionales y no contempló la complejidad de la macrocriminalidad que ha emergido en varios países latinoamericanos, en particular en México en las últimas dos décadas. La expansión del narcotráfico y del crimen organizado en escenarios de fractura social, precarización laboral y erosión comunitaria ha configurado un tipo de violencia distinta, donde el reclutamiento no siempre adopta la forma de conscripción armada directa, sino que se manifiesta en cooptación, seducción o presión estructural sobre juventudes vulnerabilizadas
El documento “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo”, elaborado por REDIM y el Observatorio Nacional Ciudadano el 2021, ofrece un diagnóstico integral de la problemática. Subraya que en México se estima que alrededor de 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados por grupos criminales, y que este fenómeno se ha intensificado en las últimas dos décadas como consecuencia directa de la crisis de seguridad, la desigualdad social y la ausencia del Estado en múltiples territorios. El informe muestra cómo los grupos delictivos aprovechan condiciones estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, la violencia intrafamiliar, la migración y la presencia territorial del crimen organizado para atraer o cooptar a menores de edad. También enfatiza que la respuesta institucional ha sido insuficiente y carece de un diagnóstico sistematizado, lo que contribuye a la invisibilización del problema y a la reproducción de la impunidad. En conjunto, el texto denuncia la inacción estatal y la normalización de la violencia contra la niñez, y plantea la urgencia de diseñar políticas públicas diferenciadas y sostenidas en el tiempo para frenar esta práctica que compromete no solo los derechos de la infancia, sino también el futuro del país
En particular en Chihuahua, y concretamente en Ciudad Juárez, el reclutamiento forzado constituye una de las expresiones más crudas de la violencia contemporánea en México. No se trata de un fenómeno aislado ni de un hecho coyuntural, sino de un entramado estructural en el que confluyen dinámicas macrocriminales, abandono estatal y fracturas comunitarias que erosionan el tejido social. A lo largo de la última década en distintas regiones del país, miles de niñas, niños y adolescentes han sido absorbidos por los engranajes del crimen organizado, obligados a integrarse a tareas de halconeo, distribución de drogas o incluso violencia armada. En Juárez, este proceso se entrelaza con la violencia de género, la precariedad laboral del modelo maquilador y la consolidación de un orden social regido por el miedo, que han favorecido fenómenos como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y, con particular crudeza, el reclutamiento forzado. Todos ellos no son un efecto marginal, sino una serie de dispositivos de control y despojo que transgreden los horizontes de vida de quienes lo padecen.
La investigadora Elena Azaola ha advertido que para comprender estos procesos es necesario partir de la idea de “violencias de hoy, violencias de siempre”. Con ello señala que las formas actuales de violencia no pueden entenderse sin reconocer la persistencia histórica de otras modalidades de exclusión y precariedad. En Chihuahua, la violencia ligada al narcotráfico y al crimen organizado se asienta sobre un terreno ya marcado por la marginación rural, la represión política y las desigualdades estructurales que se han prolongado durante décadas. Los jóvenes reclutados de hoy son herederos de un ciclo de violencia que ha tenido distintas expresiones, pero que siempre ha descansado en la precarización de las comunidades y en el desinterés del Estado por garantizar condiciones dignas de vida..
El portal La Verdad Juárez, en una serie de artículos, ha dado cuenta que una de las caras más dolorosas del reclutamiento es la que afecta a niñas, niños y adolescentes. El artículo “Infancia en México, abandono, violencia y reclutamiento forzado” señala cómo la niñez queda atrapada entre dos fuegos: por un lado, la violencia que desestructura a las familias y, por otro, el riesgo de ser absorbidos por los grupos criminales como mano de obra prescindible. Los testimonios revelan que muchos menores, al perder el sostén familiar o comunitario, quedan en una situación de extrema vulnerabilidad en las ciudades fronterizas, donde no encuentran redes de apoyo ni acceso garantizado a la educación. La violencia los persigue bajo la forma de discriminación, explotación laboral y reclutamiento coaccionado. En este sentido, el desplazamiento forzado aparece como una consecuencia que profundiza el ciclo: al abandonar sus comunidades, los jóvenes quedan aún más expuestos a los reclutadores que acechan en los nuevos entornos.
Es importante no perder de vista que el reclutamiento forzado debe entenderse, ante todo, como un problema de Estado. No se trata solamente de la acción violenta de grupos criminales, sino de la incapacidad y, en muchos casos, de la ausencia deliberada del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de seguridad, justicia y bienestar. Como advierte Azaola, la situación actual es heredera de una larga historia de abandono institucional. Durante las dos últimas décadas, el Estado mexicano se ha visto erosionado por la corrupción, la colusión con el crimen organizado y la priorización de políticas de seguridad militarizadas que no han reconstruido el tejido social. Este colapso institucional ha dejado a comunidades enteras sin protección, abriendo el terreno para que los grupos criminales asuman funciones de control, castigo y, paradójicamente, de pertenencia.
El desmantelamiento del Estado en su capacidad de garantizar derechos se expresa en la precarización de la educación, la salud y la justicia. En Juárez, por ejemplo, la deserción escolar no es un accidente, sino consecuencia de la falta de inversión pública en escuelas seguras, con infraestructura adecuada y programas atractivos para los jóvenes. El sistema de justicia criminaliza a adolescentes reclutados en lugar de reconocerlos como víctimas. Así perpetúa lo que Rita Segato llama pedagogía de la crueldad: una lógica donde el horror se normaliza y el Estado termina legitimando la violencia. Desde inicios de la “guerra contra el narcotráfico” en 2006, el Estado mexicano adoptó un modelo de seguridad basado en la militarización y en la confrontación frontal con los cárteles, dejando en segundo término o sin considerar o entender las raíces estructurales de la violencia. El resultado fue la dispersión de grupos armados, la diversificación de sus economías criminales y la consolidación de un poder paralelo que disputa al Estado el monopolio de la violencia. En Chihuahua, esta disputa se tradujo en enfrentamientos que expulsaron a miles de familias de sus comunidades, generando desplazamiento masivo y, al mismo tiempo, consolidando el reclutamiento como estrategia funcional de la macrocriminalidad.
No perdamos de vista que en Ciudad Juárez, este fenómeno se agrava por su condición fronteriza y por la centralidad de la economía maquiladora. Las largas jornadas laborales y los salarios insuficientes empujan a los padres a ausentarse durante gran parte del día, dejando a los menores expuestos a dinámicas comunitarias cada vez más frágiles. La ausencia de entornos protectores convierte a la infancia en un blanco fácil para los grupos criminales, que aprovechan la vulnerabilidad para reclutar. Este reclutamiento, aunque a veces se presenta como “voluntario”, está atravesado por una coerción estructural que convierte la aparente elección en una forma de violencia. Aquí es donde la categoría de Segato sobre las pedagogías de la crueldad resulta crucial: el crimen organizado no solo recluta a los jóvenes, sino que los forma en un ethos de violencia que naturaliza la crueldad y la convierte en herramienta cotidiana de socialización.
Las pedagogías de la crueldad de Segato permite entender cómo el reclutamiento opera como un dispositivo de aprendizaje social. Los adolescentes reclutados, incluso si intentan escapar desplazándose a otros espacios, se encuentran con que la presencia del crimen organizado se reproduce, impidiéndoles romper el círculo de violencia. Los jóvenes internalizan la violencia no solo porque la padecen, sino porque se les enseña a reproducirla como forma de supervivencia. El desarraigo de proyectos de vida y la pérdida de horizontes hacen que la crueldad aparezca como un modo legítimo de relacionarse con los otros, reforzando la lógica de la guerra en la vida cotidiana.
La experiencia del reclutamiento en Juárez debe leerse también a la luz de lo que Rossana Reguillo denomina horizontes fragmentados. Los adolescentes reclutados ven interrumpidas sus expectativas de futuro. El horizonte vital se fragmenta porque ya no existe continuidad entre pasado, presente y porvenir: la vida queda suspendida en un tiempo incierto, marcado por el miedo y la precariedad. En este escenario, la fragmentación no es solo espacial —pues se rompe el vínculo con el territorio—, sino también temporal y simbólica. Los jóvenes reclutados viven en una especie de presente perpetuo, sin posibilidad de proyectarse hacia adelante. Esta ruptura del horizonte es devastadora, pues el crimen organizado aparece como una falsa promesa: ofrece dinero rápido, poder y reconocimiento, aunque en realidad conduce a la muerte o la cárcel.
Frente a este panorama, pensar en alternativas requiere una mirada integral que reconozca la complejidad del fenómeno. No basta con políticas de seguridad punitivas ni con programas asistenciales fragmentados. Es necesario reconstruir las comunidades, fortalecer la educación, generar oportunidades laborales y, sobre todo, reconocer a los reclutados como víctimas y como sujetos de derechos. Solo de esta manera se podrá revertir el ciclo de violencia que ha convertido a Chihuahua y a Juárez en territorios donde la infancia y la juventud son prescindibles. Recuperar la categoría de “violencias de hoy, violencias de siempre” implica reconocer la continuidad histórica de la exclusión; atender las pedagogías de la crueldad supone desmontar los aprendizajes sociales de la violencia; y trabajar sobre los horizontes fragmentados exige ofrecer a las víctimas la posibilidad real de reconstruir sus proyectos de vida. Sin estas dimensiones, cualquier estrategia quedará incompleta.
Quise apoyarme en Azaola, Segato y Reguillo para ofrecer claves conceptuales que permiten comprender el fenómeno más allá de su dimensión descriptiva. El reclutamiento forzado se inscribe en procesos de continuidad histórica, de socialización de la crueldad y de fragmentación de horizontes vitales. Ante ello, un reto es reconstruir horizontes de vida que restituyan dignidad, pertenencia y futuro, así como apostar por una pedagogía de la empatía que poco a poco vaya erosionando el tejido que ha naturalizado la crueldad. Habrá que pensar en una política que no se limite a la estadística o al diseño tecnocrático de programas, sino que integra la escucha profunda de las comunidades afectadas y la comprensión cultural de las subjetividades de niñas, niños y adolescentes, sobre un compromiso real por parte del Estado mexicano. El camino es de enorme reto, pero la solidaridad, el compromiso y el sentido de esperanza es lo último que debe perderse.
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
