Hoy tenemos campañas anticipadísimas y no hay ni INE ni IEE que se interpongan. Han claudicado de sus responsabilidades. Por eso caen en blandito los ataques que les lanzan a esas instituciones desde los mismos gobiernos, por eso están amenazados y nadie los defiende
Por Jaime García Chávez
En un pensamiento despeinado dice S. J. Lec: “La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento; pero su conocimiento a menudo sí”. La primera porción de esta frase figura prácticamente en todos los sistemas jurídicos del mundo; la segunda suele ocultarse porque tiene mucha más vigencia, sobre todo en países que desprecian la divisa del Estado de derecho.
A la vez, es frecuente oír a nuestros políticos con poder, que practican la cultura de la legalidad y, claro está, se trata del cumplimiento perfecto de un postulado demagógico, hecho para el engaño. Si algo está distante de nuestra realidad es esa “cultura de la legalidad”; al contrario, es ley que, transgrediendo las normas, todo resulta a la vez más rápido y utilitario en poder, dinero y lujos. Muy pocos son los que se mantienen fuera de esto.
Van desde los que muerden al agente de Tránsito hasta quienes solicitan dispensa de una multa; y pasa por la modificación a una auditoría para no pagar los impuestos debidos. Con los programas sociales del gobierno sucede lo mismo. Hay ingenio ancestral para evitar que lleguen a su destino. Mordida, moche, embute, chayote, huachicol, son terminajos que lo dicen todo sobre una cultura que tiene en su corazón el desprecio por el cumplimiento de la ley.
Con este marco de referencia comentaré lo que viene a ser la escuela preferida de un segmento de los políticos electoreros locales: las “precampañas” de facto.
Para mí hay una verdad incontrastable: quien viola la ley hoy y lo hace mañana, la violará siempre. Aspirante a candidato que transgrede un tiempo prohibido por la ley, aprende que es el camino para gobernar mañana. No hay una política de autocontención que prefigure honradez y decencia, en mínima expresión si se quiere. Todo es abuso.
Hoy tenemos campañas anticipadísimas y no hay ni INE ni IEE que se interpongan. Han claudicado de sus responsabilidades. Por eso caen en blandito los ataques que les lanzan a esas instituciones desde los mismos gobiernos, por eso están amenazados y nadie los defiende.
No es lo peor del asunto que me ocupa. Las “precampañas” que están en curso son la expresión de que hasta el dinero negro de la delincuencia y empresarios rapaces llega a las manos de políticos que no tardarán en convertirse en delincuentes consumados, si no es que ya lo son. ¿De dónde y de quién provienen esos recursos? Ya lo sabremos cuando ocupen el cargo y paguen con los múltiples mecanismos que la corrupción tiene catalogados.
Aspecto muy delicado es el mensaje que promocionan “precandidatos” a la gubernatura del estado. Es basura, simplemente. No hay nada rescatable, puro spam. Los alcaldes Cruz Pérez Cuéllar y Marco Antonio Bonilla se publicitan en todo el territorio, desentendiéndose de sus encargos, que les importan poco o los instrumentalizan para sus fines.
Otra novedad son los “informes”, que se han convertido en una pandemia. Hoy cualquier pelagatos realiza el suyo a costos millonarios donde lo que importa es el glamour, el diseño, el performance, las lucecitas. Un caso burdo al respecto es el del jefe de la Junta de Aguas de Ciudad Juárez, Sergio Nevárez, que se montó un escenario que envidiaría un CEO corporativo de cualquier empresa maquiladora.
Cuando el fascismo empezó su ruta al poder en Italia y Alemania, se decía que había sacado a las calles las ideas de los filósofos de la reacción, y era cierto.
Ahora, en este México nuestro, a un Pérez Cuéllar le gusta pintar a diestra y siniestra la palabra “Cruz…ando”. Y la “lideresa” estatal del PAN, Daniela Álvarez, se solaza con sus pintas de “Daniela es cabrona”, o con esa otra que denota que no ha leído a Octavio Paz, “¡Daniela no se raja!”.
Y todo por violar la ley. ¡Carajo!
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
