Las universidades públicas deben ser faros éticos, no refugios de impunidad. Porque la autonomía sin rendición de cuentas no es libertad, sino un disfraz que protege al poder. Y la educación pública, por su vocación y por su historia, no puede esconderse o blindarse para encubrir privilegios
Por Salvador Salazar Gutiérrez
Hace unos días platiqué con un colega profesor universitario, con relación a una institución educativa pública de nivel superior del centro del país. Me comentaba la preocupación que se tenía por ciertos reportes periodísticos, que relacionaban a autoridades con el desfalco de los recursos de la institución para intereses personales. Una práctica que nos remonta si recuerdan ustedes, a la “Estafa Maestra” de hace algunos años en el periodo de Peña Nieto.
Esta semana se llevó a cabo en la Ciudad de México, la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior convocada por el gobierno federal. Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “el conocimiento debe ser un bien público que se acerque al pueblo” y convocó a las instituciones a sumarse a la plataforma Saberes MX, una iniciativa orientada a democratizar el acceso al conocimiento y fortalecer el vínculo social de la educación superior.
El gesto político y simbólico de esta reunión resulta relevante: el Estado reconoce la necesidad de que las universidades públicas participen activamente en la transformación social del país. Sin embargo, este llamado ocurre en un contexto que obliga a mirar hacia dentro de las propias instituciones. Si se busca fortalecer a la universidad pública, también es necesario revisar cómo se gobierna, qué privilegios persisten y de qué manera la “autonomía universitaria” ha sido utilizada, en no pocos casos, para encubrir prácticas de poder y control. La presidenta señaló que “la autonomía no puede ser sinónimo de aislamiento, sino de compromiso social”. Y es precisamente ahí donde radica una de las tensiones más profundas del sistema universitario mexicano. La autonomía nació como garantía de libertad académica frente a la injerencia política, pero con el tiempo se ha convertido, en ciertos contextos, en un escudo que permite la opacidad, el corporativismo y la perpetuación de grupos de poder.
Durante décadas, varias de nuestras universidades públicas han reproducido estructuras cerradas donde los procesos de designación de autoridades son poco transparentes, los consejos universitarios actúan como espacios de validación más que de deliberación, y las decisiones clave recaen en círculos reducidos. Mientras tanto, la mayoría de los profesores de asignatura, los estudiantes y el personal administrativo permanecen al margen de las decisiones que afectan la vida institucional. En varios casos, la meritocracia se utiliza como coartada para sostener privilegios, y los incentivos económicos o académicos se concentran en pocas manos.
En ese contexto, resulta indispensable recordar experiencias que exhibieron la vulnerabilidad de las universidades ante la corrupción y el mal gobierno. El caso conocido como La Estafa Maestra reveló cómo la autonomía universitaria fue instrumentalizada para el desvío de recursos públicos. Convenios firmados bajo el amparo de la autonomía se convirtieron en un mecanismo de triangulación de fondos, evidenciando que la falta de rendición de cuentas no protege la libertad, sino que facilita la impunidad.
La presidenta subrayó en la reunión que “la educación superior debe ser sinónimo de transparencia, de ética y de compromiso con la justicia social”. Este señalamiento no es menor. La verdadera autonomía universitaria no puede existir sin responsabilidad pública. Requiere que las universidades sean capaces de rendir cuentas, democratizar sus estructuras y garantizar que los recursos y los saberes se orienten al bien común. Por ello, la discusión sobre el futuro de la educación superior no puede limitarse a la expansión de la matrícula o al desarrollo tecnológico. Debe incluir una reforma profunda en la gobernanza universitaria: procesos de elección abiertos y participativos, auditorías transparentes, rotación de cargos, límites claros a los privilegios administrativos y una redistribución justa de los recursos académicos.
El fortalecimiento de las universidades públicas exige, además, reconocer la diversidad y pluralidad de voces que las conforman. La autonomía no puede ser una muralla que separe a las instituciones de la sociedad, sino un puente que garantice su libertad crítica y su compromiso con el entorno. De lo contrario, se corre el riesgo de reproducir internamente las mismas lógicas de poder que se denuncian hacia afuera. En esa línea, cuando la presidenta afirmó que “las universidades son la conciencia crítica de la nación”, dejó abierta una pregunta para mí esencial: ¿cómo puede esa conciencia ejercer su papel, si dentro de las propias instituciones prevalece la desigualdad, el silencio o la falta de democratización en sus procesos de decisión? La universidad pública no solo debe formar conocimiento; debe ser ejemplo de ética, participación y justicia.
Ojalá dicha reunión favorezca un punto de inflexión. Si el diálogo entre Estado y universidades se acompaña de un compromiso real por revisar las estructuras internas, podríamos estar ante un proceso de renovación y transformación genuino. Pero si el encuentro se queda en un gesto de buena voluntad, sin tocar las raíces de los privilegios y las redes de poder, la oportunidad se perderá una vez más. Repensar la autonomía universitaria no implica someter a las instituciones al control político, sino rescatar su sentido fundamental: proteger la libertad académica desde la transparencia, la justicia y la responsabilidad social. Las universidades públicas deben ser faros éticos, no refugios de impunidad. Porque la autonomía sin rendición de cuentas no es libertad, sino un disfraz que protege al poder. Y la educación pública, por su vocación y por su historia, no puede esconderse o blindarse para encubrir privilegios.
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
